En su primera presentación ante la Comisión de Juicio Político, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda desmintieron al funcionario desplazado de la Administración General
La Corte Suprema de Justicia rechazó ante la Comisión de Juicio Político las denuncias de su exadministrador Héctor Marchi, quien esta tarde responsabilizó al juez Juan Carlos Maqueda de una deficiente actuación en la gestión de la obra social del Poder Judicial. El máximo tribunal se desligó de la administración de la entidad y responsabilizó al propio funcionario desplazado, al que señaló como quien debía velar por la correcta administración.
La nota enviada a la Comisión de Juicio Político lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. No la rubricó Ricardo Lorenzetti, quien había denunciado que el desplazamiento de Marchi de la administración era una venganza por sus denuncias. Marchi es hombre de Lorenzetti. La disidencia de Lorenzetti rompió todos los puentes y ventiló públicamente sus diferencias con sus colegas.
Mediante una nota enviada a los legisladores, a pedido de ellos, la Corte por primera vez se defendió explícitamente de las acusaciones que se están ventilando en el Congreso desde hace meses. El oficialismo por más que apruebe un dictamen acusatorio en la Comisión, donde tiene mayoría, no cuenta con los votos como para aprobar la acusación en el recinto y que prospere el juicio político.
En su respuesta a los legisladores, la Corte expresó que la Obra Social del Poder Judicial tiene autonomía e independencia y está “bajo la responsabilidad primaria y personal de los miembros de su Directorio”, con lo que tomaron distancia. Señalaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene responsabilidades de gestión y sus funciones se acotan a supervisar, a través de la Secretaría General de Administración, aspectos puntuales definidos por el Estatuto”.
Es decir que, por elevación le apuntaron al propio Marchi, que hasta la semana pasada era el administrador general del máximo tribunal, cargo que desempeñaba desde 2008. “La Secretaría General de Administración debía reportar al Presidente de la Corte, en el ámbito de la superintendencia”, dijeron los ministros.
Dijo la Corte que “nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la Obra Social”. Fue luego de que Marchi declarara frente a los diputados que Maqueda actuaba como supervisor y que el director médico “le consutaba todo antes de firmar”.
La Corte salió a rechazar esa interpertación. “A diferencia de otras dependencias que fueron puestas a cargo de alguno de los jueces de la Corte, en este caso no hubo acto alguno que designase a uno de los ministros del Tribunal a cargo de la supervisión de la Obra Social”, escribieron. Y en una alusión a Lorenzetti, sin nombrarlo, dijeron que “las resoluciones de superintendencia, tramitadas por la Secretaría General de Administración, durante el período 2008 a 2018 contaban, sin excepción, con la firma de la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte y, ocasionalmente, con la de otros ministros”. Lorenzetti fue presidente de la Corte desde enero de 2007 hasta septiembre de 2018.
La Corte enumeró que desde 2018, momento en que la gestión diaria de la Corte pasó a depender de la firma de tres ministros, se realizaron reformas y adecuaciones, se le pidió a la Secretaría de Administración que realizara informes sobre el organismo y que avanzara en modificaciones de la manera en que se gestionaba, ya con deficiencias. Máxime ante la alta demanda que implicó dos años después la pandemia.
En febrero de 2022, la obra social elevó un primer informe sobre estos cambios y adecuaciones. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda señalaron que, cuando se encontraba a consideración de los ministros ese informe, “en forma unilateral, el Dr. Lorenzetti inició -en paralelo- un nuevo expediente (N° 1953/2023), que dio lugar a que el Tribunal adoptase una resolución para encauzar lo allí requerido, solicitando una ampliación de la información brindada y contestando que el Directorio se encontraba regularmente constituido y no tenía un plazo específico para informar a la Corte sobre las medidas de corrección de disfuncionalidades”. Otra evidencia de las peleas internas.
Al rechazar las críticas que expuso Marchi en la Comisión de Juicio Político, el máximo tribunal dijo que “el Directorio de la Obra Social transfirió en los meses de junio y octubre de 2022 los fondos remanentes para su inclusión en el fondo anticíclico, que “era supervisado y administrado por la Secretaría General de Administración”. Es decir, por Marchi.
Agregaron que con anterioridad al año 2022, la transferencia de remanentes para su inclusión en el Fondo Anticíclico de la Obra Social eran anuales, lo cual no fue objetado por Marchi. “La existencia de estos fondos remanentes desde el año 2011 dan cuenta de la solvencia económica de la Obra Social y de su situación superavitaria”, concluyeron los tres ministros del máximo tribunal.
La Nación
