Aunque la decisión sobre las clases podría llegar al filo del vencimiento del DNU, el fallo podría no resultar “abstracto”, sino un antecedente para nuevas restricciones futuras.
Los ojos de la política nacional volverán a estar puestos, al inicio de la semana, en la Corte Suprema. A la espera de que el Ejecutivo nacional hiciera su presentación de defensa -algo que dilató conscientemente-, el máximo tribunal no resolvió, desde el lunes pasado, el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que ordenó la suspensión de las clases presenciales hasta el lunes 3 de mayo. Aunque la decisión de la Corte podría llegar al filo del vencimiento del DNU, el fallo podría no resultar “abstracto”. En el gobierno nacional la preocupación por la situación sanitaria se convirtió en miedo y las presiones desde la Provincia de Buenos Aires para aumentar las restricciones crecen día a día: son pocos, en el Ejecutivo y la oposición, los que creen que el DNU no tendrá prórroga y ampliación.
La Ciudad tuvo un primer éxito judicial: la Corte se movió, en principio, con rapidez. Apenas presentado el recurso, corrió vista a la Procuración y en el siguiente día hábil -el lunes pasado- se declaró competente para analizar la presentación del gobierno porteño. Es decir, para malestar de una parte del kirchnerismo más duro, consideró -como en otras ocasiones- que la Ciudad tiene la autonomía de la que gozan el resto de las provincias argentinas y es jurisdicción del máximo tribunal.
La Corte afirmó que haría un tratamiento acelerado, pero señaló que fallaría luego de que el Gobierno Nacional ofrezca, dentro de un plazo de cinco días, sus argumentos de por qué estableció en el decreto 241 que deben suspenderse las clases presenciales en el AMBA.
El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los hombres de mayor confianza de Cristina Kirchner, su candidato a la vicepresidencia en el 2015, detenido en el 2018 en la causa de encubrimiento del atentado contra la AMIA, vacunado contra el coronavirus, junto a su esposa, como “personal de salud”, Zannini, decimos, volvió esta última semana al centro de la escena política.
Como jefe del Cuerpo de Abogados del Estado nacional decidió esperar hasta el último día del plazo para hacer la presentación de defensa de la constitucionalidad y la aplicación del DNU. Lo haría recién entre mañana y las primeras horas del martes.
Ante un fallo que tendrá tanto impacto jurídico como -y tal vez más- impacto político, a la Corte se le abren distintos caminos: podría resolver la cautelar pero dilatar una decisión sobre la constitucionalidad del decreto presidencial; podría declarar inconstitucional o constitucional el DNU o podría, también, dilatar los tiempos porque, en realidad, el máximo tribunal no tiene plazos.
La presión del gobierno de Buenos Aires de Kicillof para avanzar con un cierre a la circulación es cada vez mayor. En el Ejecutivo, la preocupación se convirtió en temor.
Lo que sí tiene plazo, entonces, es el DNU presidencial, que vence antes del fin de semana. Es decir, el gobierno nacional debe resolver en los próximos días si renueva el decreto, si lo corrige o amplía las restricciones para las jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” epidemiológico. En el Ejecutivo advierten diariamente que son necesarias más medidas, y más duras, para controlar la suba de casos y, fundamentalmente, reducir la ocupación de camas de terapia intensiva.
Las presiones del gobierno de Buenos Aires de Axel Kicillof para avanzar con un cierre a la circulación son cada vez mayores. Vale recordar que Fernández ordenó la suspensión de las clases en el AMBA -y desató el mayor enfrentamiento político con la oposición desde el inicio de su gestión-, desoyendo la opinión de sus principales ministros y cumpliendo los deseos del gobernador bonaerense y la vice Cristina Kirchner.
Y este es un dato que tiene en cuenta la Corte, según afirman juristas que conocen el funcionamiento del máximo tribunal del país. Un fallo en contra del gobierno nacional en los próximos días podría considerarse abstracto para el decreto actual, dado que finalizaría horas más tarde, pero sería un fuerte antecedente para decretos futuros o nuevos intentos de suspender las clases. Por la misma razón, organizaciones de gastronómicos, hoteleros, empresarios de entretenimiento, continúan presentando amparos. Sí hasta ahora fue tiempo perdido, al menos podría suponer una protección para futuros cierres.
Rio Negro
