El presidente se sirve de la Inspección General de Justicia como una nueva arma para combatir a sus enemigos. La pelea con la AFA de Chiqui Tapia, el ejemplo de Erdogan y el miedo de las ONGs.
La Inspección General de Justicia (IGJ) debe ser uno de los organismos menos conocidos y menos atractivos de conocer para el gran público. Desde esta semana, sin embargo, ingresó de manera estelar al arsenal con que el presidente Javier Milei despliega su batalla cultural sostenida en contra de los valores y creencias que él condena. Y lo hizo a lo grande: suspensión de las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y prohibición de modificar el estatuto que rige al fútbol de la selección campeona del mundo. Prevenido, el presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, ya había conseguido un fallo judicial que, estima, le permitirá avanzar igual. En el camino, Tapia aplicó involuntariamente el principio de revelación contra el Gobierno: para frenar su reelección en la AFA, el presidente mostró otra de las armas que no dudará en usar en su cruzada para cambiar a la Argentina.
La IGJ, de ella se trata, tiene por objetivo fiscalizar a las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su injerencia en la vida y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil puede llegar a ser determinante. Los distintos gobiernos lo saben y suelen ubicar en su conducción a personajes de estrecha confianza del Poder Ejecutivo. Hoy la IGJ está a cargo de Daniel Vítolo, cercano al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes, decidió suspender las elecciones en la AFA en medio del conflicto entre Javier Milei y Claudio “Chiqui” Tapia, impulsado por la posible entrada de capitales privados al fútbol argentino a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Ese movimiento fue habilitado en el mega DNU 70/23, pero nunca convalidado por la AFA, a la que el Gobierno presiona con constancia.
Debido a su amplísimo nivel de influencia sobre las actividades de asociaciones civiles y fundaciones, muchos actores sociales hoy ven a la IGJ con recelo. Las sospechas y desconfianza, reforzadas ahora por la decisión sobre la AFA, ya habían surgido en diciembre, cuando Boca Juniors evaluaba la posibilidad de que el organismo interviniera en el club, tras la imposibilidad de celebrar sus elecciones en la fecha prevista por un fallo judicial.
Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) analizan con cautela el panorama actual, observando de cerca los movimientos de la IGJ y comparando su situación con la de sus pares internacionales. Y es que las ultraderechas en todo el mundo han desplegado una estrategia sostenida para disminuir el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil. Y si la Argentina de Javier Milei iniciara el mismo camino, este martes quedó claro que la IGJ sería el arma a utilizar.
Una de esas ONGs está incluso explorando un camino similar al que tomará la AFA para sustraerse de estar a tiro de los caprichos del gobierno nacional: sacar su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires. Como la IGJ solo alcanza a quienes estén asentados en territorio porteño (la gran mayoría), mudarse al conurbano o a una provincia es una estrategia rápida de escape que hoy aparece en el menú. La AFA aprobará este jueves la decisión de cambiar su sede a Ezeiza en la asamblea que la IGJ suspendió, pero el Poder Judicial habilitó. ¿Cuántas asociaciones civiles y ONGs la seguirán?
Para las organizaciones de la sociedad civil, la posibilidad de que el Gobierno avance en la limitación de sus campos de acción es un temor palpable desde el 10 de diciembre. Gestiones cercanas, por similitudes ideológicas o de formas, a la del presidente Milei han tomado decisiones en ese sentido, como complemento de la batalla cultural que esos gobiernos despliegan en los organismos internacionales y que aquí empuja el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo.
Ese conglomerado ultraconservador internacional le devuelve a la Argentina una imagen preocupante en cuanto a libertades para las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno de Hungría, por ejemplo, avanzó con un paquete legislativo que, bajo el argumento de la “defensa de la soberanía”, criminaliza el financiamiento internacional de actividades políticas, con penas de hasta tres años de prisión. Y, casualmente, como contó Cenital, dos enviados del primer ministro Viktor Orban estuvieron en Buenos Aires reunidos con integrantes del Gobierno. En Turquía la situación fue más grave. El presidente de la rama local de la ONG Amnistía Internacional, Taner Kiliç, fue detenido en 2017 acusado de tener vínculos con un grupo al que el gobierno de Recep Erdogan acusaba de golpista. Y, a nivel regional, Venezuela no se quedó atrás. Aprobó hace dos meses una ley para fiscalizar a las ONGs, en medio de denuncias de estas organizaciones por detenciones arbitrarias e ilegales de dirigentes y militantes opositores después de las cuestionadas elecciones en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador.
La batalla cultural de los ultras es global y en Milei encontró un representante clave, que sostiene con los argumentos de la libertad y el equilibrio fiscal enfrentamientos abiertos con amplios sectores sociales en la Argentina, como los estudiantes, docentes y no docentes de nivel universitario; profesionales de hospitales nacionales; y jubilados; entre otros. Y a nivel global, contra la ONU, el G20 y cualquier organismo que defienda la igualdad y los derechos humanos. El norte del gobierno argentino es claro. Las armas se despliegan en todos los ámbitos. Y este martes quedó claro que la IGJ es parte de ese arsenal.
Cenital
