Los motivos del llamado a elecciones del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El presidente supedita la política exterior a su crecimiento reputacional. La economía empieza a mostrar señales de alerta.
Ayer se conoció el nuevo acuerdo a nivel de staff entre las autoridades de Argentina y el Fondo Monetario Internacional, la octava revisión desde que se aprobó el programa que negoció Martín Guzmán, que recondujo Sergio Massa y que nuevamente volvió a ajustar, bajo la presidencia de Javier Milei, el equipo que comandan Luis Caputo y Santiago Bausili. A diferencia de Massa y Guzmán, la actual gestión económica le marca sus términos al FMI y decide muchos de los trazos gruesos de la política, tanto fiscal como monetaria, de acuerdo a su propia discreción, con un auditor lejano. Poco queda de los compromisos con el tipo de cambio real competitivo o las tasas de interés reales positivas que para el organismo parecían innegociables. El atraso cambiario se siente en las bodegas mendocinas y las tasas de interés corren 150 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual informada por el INDEC, de acuerdo al deseo de mejorar la hoja de balance en pesos del BCRA, compartido tanto por Milei como por su ministro. El precio pagado por las autoridades argentinas para la tolerancia del Fondo al desvío soberano es un ajuste mayor al previsto y exigido en el programa, en sus versiones massista y guzmanista.
Es casi conmovedor leer -entre elogios a los recortes fiscales acometidos hasta la fecha- al staff del Fondo hacer malabares para justificar en los aumentos de la AUH y la asignación por embarazo o en el cambio de la fórmula jubilatoria -que mantiene congelados en términos reales los haberes jubilatorios licuados a comienzos del año- intentos por reforzar la protección social o preservar el poder adquisitivo de las personas mayores. Una ficción que marca el tono de un FMI satisfecho pero, paradójicamente, unos centímetros a la izquierda del Gobierno, tanto en el lenguaje como en las demandas de mayor progresividad -y calidad- de la consolidación fiscal en curso.
La comunicación del organismo reconoce resultados “mejores que los esperados” en materia fiscal -superávit financiero-, de desinflación y de riesgo país. Habla, sin embargo, de la coincidencia con las autoridades de que habrá por delante un camino “largo y difícil”. Si alguien esperaba una recomposición “en V” sepa, al menos, que no vendrá pronto. La persistencia de la recesión condiciona dos cuestiones relevantes tanto para el Gobierno como para el Fondo, para cuyo tratamiento el comunicado deja también algunas pistas. A nivel cambiario, la apertura del cepo será gradual y condicionada por la coyuntura. El lenguaje ya compartido sobre la “competencia de monedas” y la duración del programa parecen echar por tierra la posibilidad de una dolarización. Así lo informó el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ante las preguntas de los senadores: “La dolarización no está en la agenda económica”.
En cuanto a la cuestión fiscal, el regreso del impuesto a las ganancias y el retiro muy gradual de los que afectan las operaciones de cambio se encuentran comprensiblemente entre las prioridades para la burocracia de Washington. El sobrecumplimiento de las metas del superávit no sólo otorga margen al Gobierno en materia monetaria, sino para mantener las sucesivas postergaciones de aumentos tarifarios -una utilización de recursos que las autoridades del Fondo preferirían ver canalizada a través de la asistencia directa a los sectores favorecidos-, pero que evita al Gobierno profundizar el enfrentamiento material con la clase media y alimenta las esperanzas desinflacionarias.
La cuestión de la calidad del superávit no se agota en el reemplazo del impuesto a las operaciones con divisas por impuesto a las ganancias. En este espacio se señaló en varias ocasiones las problemáticas del resultado fiscal. Esto incluye no sólo el rol protagónico de la licuación de beneficios sino también el congelamiento de pagos ya devengados. El caso más notorio es el de la energía. La deuda de CAMMESA con las empresas generadoras y productoras de gas en el mercado eléctrico es lo más notorio. Supera el billón de pesos y, a diferencia de la deuda comercial por la compra-venta de dólares para importaciones, se trata de una deuda directa del Estado, generada durante la actual administración. Un escándalo en términos de seguridad jurídica que afecta a empresas cuyos accionistas extranjeros son, en muchos casos, los mismos de los que el Gobierno espera las inversiones para desarrollar las industrias extractivas.
La apuesta por estos sectores, que parece contradictoria con el default y reestructuración del Gobierno en CAMMESA, encuentra otros problemas. El renovado foco opositor sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases trae preocupaciones adicionales a las de quienes sostienen que las condiciones inéditamente favorables que se otorgan a las empresas -mucho más beneficiosas que las que, según todos los interlocutores calificados, pedían los propios hombres de negocios locales y extranjeros- va a derivar en una explotación de recursos que no redunde en ningún beneficio local. Los propios empresarios cuestionan la estabilidad política que podría tener un régimen tan concesivo. Antecedentes en la región como los de Panamá, Perú y Bolivia muestran la vulnerabilidad de los regímenes de explotación de recursos cuando se establecen no ya sin consensos sino en contra de la construcción de dichos consensos.
El RIGI resuelve las dudas sobre su viabilidad política de la peor manera, reforzando y acelerando la jurisdicción de los tribunales extranjeros en el CIADI, un sistema de arbitraje que fue sistemáticamente contrario a las pretensiones argentinas y, en general, de los Estados frente a las multinacionales; al tiempo que otorga una estabilidad de 30 años que no es sólo fiscal sino de todos los beneficios. El Senado debería recuperar, en el RIGI, el equilibrio entre la necesidad de un régimen de promoción de la inversión para aquellos proyectos más intensivos en capital y la preservación de la soberanía nacional y los beneficios extendidos a toda la sociedad.
El desequilibrio entre la existencia de necesidades reales de desregulación o desburocratización para mejorar la marcha de las cosas excede la cuestión del RIGI, aunque sea la más importante. El cambio propuesto en el tratamiento del silencio en la Ley de Procedimientos Administrativos podría, involuntariamente sin dudas, dar lugar a algunos negocios a favor de los particulares y en contra del interés público. Actualmente, si la administración no responde a un pedido determinado de un particular, este puede interpretar el silencio como negativa y reclamar judicialmente.
Con los cambios propuestos, en los casos de autorizaciones que no recaigan sobre cuestiones de salud pública, medio ambiente y bienes del dominio público del Estado, los pedidos de autorización no respondidos en 60 días pasarían a tener una interpretación favorable a los particulares, sin necesidad de reclamo judicial. Una reformulación que, sumada al mal funcionamiento de la administración pública por factores que no son legales, seguramente termine por consagrar beneficios indebidos sin mejorar el funcionamiento de la burocracia. Algo similar a lo que ya sucedió con la Ley de 2×1, concebida para acelerar los tiempos de la Justicia, y que terminó amparando masivamente la liberación de ladrones y asesinos violentos, sin mejorar en nada el funcionamiento del Poder Judicial.
El éxito en la construcción a nivel global de la marca Milei es hoy un dato objetivo de la realidad, que trasciende las valoraciones particulares sobre sus ideas. El entusiasmo de Elon Musk por el discurso del presidente en el Foro de Davos -que también acompañaron con algo más de cautela otras figuras de mucha relevancia en el capitalismo contemporáneo como Marc Andreessen- se consolidó tras la última visita presidencial a los Estados Unidos, nuevamente con una agenda más personal que de Estado.
Allí, Milei se volvió a reunir con Musk -que llamó a invertir en nuestro país- y se llevó la fascinación de otras figuras importantes del firmamento mundial, como Stanley Druckenmiller, un financista de los más consagrados a nivel internacional, y famoso por su rol como ladero de George Soros en el que quizás sea el punto más alto de la fama de los financistas internacionales: la pulseada entre su fondo de inversión y el Banco de Inglaterra, que obligó a la devaluación de la libra esterlina en 1992. Druckenmiller calificó a Milei como “la única buena noticia de la actualidad” para los mercados libres.
Un nivel de elogio desmedido que, sin embargo, habla de la notoriedad del personaje, que estuvo en boca de casi todas las derechas relevantes del mundo -tanto las empresariales, financieras y de Silicon Valley; como las partidarias: desde el discurso en el Comité de Acción Política Conservadora, el mismo día que Donald Trump, o el acompañamiento y las invitaciones recibidas de Vox, en España, de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del recalcitrante premier húngaro, Viktor Orban. Muchísimo menos claro, en cambio, es cuánto del interés en la marca Milei redunda en beneficios para la Argentina.
Las inversiones de Druckenmiller fueron en activos líquidos y hay poco, muy poco, de las múltiples empresas de Elon Musk en el país. La llegada de Starlink tiene para la empresa un costo marginal cercano a cero y se beneficia de la apertura regulatoria unilateral argentina. Sin buenos negocios todavía a la vista, el entusiasmo internacional encuentra fundamento en la prédica antiestatal dura del presidente, que sólo colmará las expectativas en la medida en que se sostenga.
El segmento de Druckenmiller que compartió el propio ministro Luis Caputo es más que elocuente. El financista, además de resaltar la personalidad excéntrica del presidente, se enfoca en cuestiones concretas. Celebra un recorte de más del 30% del gasto en seguridad social en unos pocos meses de Gobierno -un dato que, horas antes, Milei había negado ante la BBC. Se trata de la licuación de jubilaciones y prestaciones sociales. El entusiasmo con la agenda del presidente es, en este caso, proporcional a los niveles de caída del poder adquisitivo de jubilados, desocupados y trabajadores precarizados. La confirmación de la visita de bajísimo perfil del milmillonario Peter Thiel -uno de los primeros inversores en Facebook, fundador de la plataforma de pagos PayPal, hoy tras el contratista tecnológico militar Palantir, y generoso sponsor de varias figuras del ala derecha del Partido Republicano- al presidente en Buenos Aires el pasado febrero profundiza en las ambigüedades sobre la convergencia los intereses personales de la marca Milei y los de los acuerdos políticos que necesita el país que representa.
Con una dimensión más ideológica que de marca, las decisiones vinculadas a las sensibilidades personales del jefe de Estado también impactan en la política exterior: el aislamiento regional de la Argentina en la votación sobre la admisión de Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con 143 votos favorables, la resolución fue aprobada de manera abrumadora y Argentina votó en contra, junto a apenas ocho países más en todo el mundo. Los Estados Unidos, dos gobiernos europeos con miradas xenófobas y algunas islas del pacífico completaron la lista.
No hay, per se, nada de malo, por supuesto, en quedar en minoría. Sí en hacerlo alejado de la región, de las propias posiciones históricas argentinas -el reconocimiento del Estado de Palestina y una mirada respetuosa de las resoluciones internacionales sobre Jerusalem se mantuvieron durante el gobierno de Cambiemos y estaban en el pliego sobre política exterior que Macri le acercó a Milei antes de su asunción-, como del imperativo de justicia, que incluye una solución equilibrada, con dos Estados, que contemple tanto la seguridad de Israel como el derecho a su propio Estado y a una vida digna para millones de palestinos; en un momento en que la guerra ya costó decenas de miles de vidas civiles y las condiciones actuales amenazan afectar gravemente a muchísimas más.
La oposición, mientras tanto, navega en sus propias diferencias. A 24 horas de la reunión del Consejo del Partido Justicialista a nivel nacional, su par bonaerense -presidido por Máximo Kirchner- sorprendió con un comunicado en X que anticipaba la propuesta que “el 17 de noviembre del corriente año se lleve adelante la elección que permita elegir autoridades”. “El PJPBA que tengo el honor de presidir representa el 37,32% del padrón total nacional. Por lo tanto, no sólo es adecuado sino operativamente necesario hacer coincidir los actos electorales en una misma jornada, promoviendo la masiva concurrencia a las urnas para elegir qué destino debe asumir el partido a nivel nacional y provincial”, continúa el comunicado que concluye con una mención al acuerdo con el FMI.
Las lecturas sobre esta movida son varias. La primera, entre quienes no quieren a Kirchner, es que es una maniobra para obturar un posible operativo clamor por Axel Kicillof a nivel nacional. La relación entre ambos atraviesa su peor momento luego de un amague de recomposición a través de terceros, que incluyó una reunión en la UOM de San Martín. La elección del PJ es como las PASO, por ejemplo, va calzada a la nacional. Es decir, la “boleta” de PBA podría ser traccionada por la nacional. ¿Quién podría, si no fuera Kicillof, hacer eso? La hipótesis de Cristina como titular del PJ empieza a cobrar fuerza aunque abre un interrogante: ¿por qué, entonces, Máximo decide hacer coincidir las elecciones? “Necesitan jugar el padrón de la PBA en el nacional”, explica un hombre del partido ante #OffTheRecord. Parece una explicación insuficiente: con Cristina candidata a presidir el PJ, hoy no habría alguien con capacidad de rivalizar. ¿Están pensando Máximo y Cristina en ir por ambos sellos, tal vez con ella arriba y Wado de Pedro abajo? ¿Es una primera avanzada para negociar desde la fortaleza en un eventual escarceo con Kicillof? Es una incógnita. ¿O, como sugieren cerca de Kirchner, que Kicillof conduzca el PJ nacional y se abra la discusión en la provincia ya que Axel no tiene reelección?
“Si quieren quedarse con ambos partidos se rompe todo, que le saquen el nombre de Partido Justicialista y le pongan Partido Kirchnerista”, rezonga un dirigente del peronismo bonaerense. “El problema es el de siempre: mientras Cristina siga teniendo la mayoría dentro de la minoría que somos esto no tiene solución”, concluye. Hay otra hipótesis. Hace diez días hubo una reunión de apoderados y vicepresidentes del PJ -a la que asistió De Pedro- para definir el mandato que les había dado el congreso del PJ: constituir la comisión de acción política y el llamado a elecciones a partir de la licencia de Alberto Fernández. En ese encuentro se barajó la fecha del 17 de noviembre. Kirchner esperaba que hoy lo rigorearan con el llamado a elecciones y se anticipó. Un mensaje que tradujo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “Creo que todos los que pidieron elecciones se tienen que presentar (…) Piden democratizar los ámbitos y cuando está la definición política de hacerlo también se quejan. Son la gata Flora”. El destinatario del mensaje era Fernando Gray que, como Jim Carrey en Irene, yo y mi otro yo, rechazó el llamado a elecciones luego de exigirlas durante el último año.
