El discurso de apertura de sesiones de Javier Milei tuvo una sorpresa -que no lo fue para quienes leen #OffTheRecord– que confirmó lo que a esta altura es una obviedad: en términos netamente narrativos, el Presidente es el dirigente político que mejor interpreta esta época. Una obra edificada por el cerebro comunicacional del oficialismo, Santiago Caputo, que le permitió al Gobierno ganar (imposible saber cuánto) tiempo en esta carrera autogenerada contra el sufrimiento social.
“Si un perro te habla a vos, ¿te llama la atención lo que dice o simplemente que hable? Esto es lo mismo”, resume un dirigente peronista de trato diario con Cristina Fernández de Kirchner. “Lo hace para no regalarse y me parece inteligente”, completa. La referencia apunta al llamado al diálogo de Milei. El reseteo propuesto tuvo un impacto positivo para el Presidente y su administración. Además de un cambio en la conversación mediática que genera condiciones para recuperar oxígeno -no necesariamente en lo social, el litro de leche vale lo mismo o más que el viernes- , astilló la estrategia que estaban construyendo los gobernadores de unidad de acción. Si bien los diálogos entre Axel Kicillof, Martín Llaryora o Maximiliano Pullaro no se cortaron, sí se vieron obligados a tomar distintas estrategias de cara al llamado Pacto de Mayo.
La novedad de la alocución fue la escalada de confrontación con el kirchnerismo, un espacio que prácticamente había gozado de la omisión presidencial hasta el discurso del viernes. Como cuando la azafata se pone el cinturón en medio de una turbulencia, la apelación a la bestia negra del sistema político aparece cuando la economía no funciona. Un cazabobos distractivo y eficiente, que se le suma a la compensación simbólica a la que el gobierno puede echar mano en cualquier momento por la distorsión generalizada en estructuras estatales que construyeron años de frivolidad a la hora de abordar discursivamente el cuidado de los recursos públicos.
Mientras tanto, a la reunión revelada por Santiago Fioriti en Clarín se le suma otra anoche en Buenos Aires con los mismos comensales: Cristina, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. Hiperactiva, pero con cierto nivel de incertidumbre, Cristina habla con intendentes, gobernadores, empresarios et al en un claro mensaje al sistema en su conjunto. Massa, por su parte, trabajará en Greylock Capital Management, un fondo de inversión al que el kirchnerismo llamaría “buitre” si se tratara de otro dirigente. Rápidamente reivindicado por la realidad, Massa aspira a ir levantando el perfil conforme la inflación y la recesión agudicen el malestar social que el tigrense anticipó en el debate y la campaña.
Sin embargo, si el peronismo tiene aspectos para prestar atención en la toma de riesgos del oficialismo -esbozado, esto, en los puntos finales de la carta de Cristina, rápidamente opacado por la relativización del déficit de su círculo más próximo-, La Libertad Avanza, para verse reflejada en el espejo menemista, omite los aspectos institucionales que le permitieron a ese PJ consolidar las bases de la transformación liberal: un partido mayoritario, acuerdos políticos, mayoría en ambas Cámaras y una Justicia colaborativa.
Un síntoma de esto puede verse en estos últimos comportamientos oficiales. El Gobierno impulsará, nuevamente, la Ley Ómnibus con el paquete fiscal y ganancias. Como planteó Milei en su discurso y repitió en un comunicado la Oficina del Presidente, el proyecto aprobado sería un paso previo y necesario para el alivio fiscal pedido por los gobernadores. Dos temas que pidió explícitamente el FMI. De esto hablamos con el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto.
“No me parece irrazonable, se puede reconstruir la relación, pero el Gobierno tiene que aceptar que algunos temas el Congreso los puede modificar”, dice Pichetto ante #OffTheRecord. “Tienen que salir las emergencias y las delegaciones, y si el Gobierno flexibiliza o envía ley por ley, también lo que es materia de privatizaciones”, completa.
¿Creés que esta “moderación” ocurre por el pedido del FMI?
Sí, claro, e indudablemente en la necesidad de obtener institucionalidad. Algunos colegas tuyos cuando critican al Congreso tendrían que entender que le hacen daño al país. Argentina no es Uganda. El Congreso se comportó y no fuimos correspondidos. La TV Pública repite los mismos vicios que el kirchnerismo: no enfocó a ningún diputado que no pertenezca a La Libertad Avanza ni al PRO, pero bueno, hay algo de realismo y comprensión del problema: si no se consolida una mayoría parlamentaria, el gobierno no puede ofrecer seguridad jurídica a los inversores.
¿Va a salir la ley?
Creo que con el apoyo de los gobernadores sobre los diputados y senadores la ley va a salir.
El programa con el Fondo es clave para garantizar el sostenimiento de la calma cambiaria durante todo 2024. La consultora Audemus estimó que el proceso de acumulación podría volverse mucho más vulnerable en la medida en que la normalización de pagos al exterior y el eventual levantamiento de las restricciones cambiarias enfrenten el agotamiento de los dólares de la cosecha. En diciembre, enero y los primeros 20 días de febrero, la acumulación de reservas netas de pagos de los Derechos Especiales de Giro del FMI, fue de alrededor de 4 mil millones de dólares, un monto menor a los 7,5 miles de millones de dólares de deuda privada cuyo pago fue pisado hasta 120 días.
En este marco, mientras en enero y diciembre se acumularon reservas a una velocidad inédita, en febrero se estancó el proceso, que se podría revertir levemente en marzo. La cosecha y la recesión -que disminuye siempre las importaciones- deberían permitir sostener las compras hasta junio y recuperar el proceso de acumulación de reservas. Luego de ello, sin embargo, el BCRA chocaría con la plaza mucho más seca, donde sólo contaría con los dólares de la cosecha que pudiera acumular. Un cálculo que, de manera optimista, llegaría a 8 mil millones de dólares. De allí las conversaciones con el FMI sobre la posibilidad de acordar un nuevo programa económico que acompañe la competencia de monedas que el presidente refiere habitualmente.
Last but not least, el que hoy aparece como el principal consenso entre los planteados por el Presidente es la necesidad de eliminar el déficit fiscal en la Argentina. Menos claridad hay sobre los caminos. Ya fueron señalados los problemas de sostenibilidad del superávit primario y financiero de enero que muy probablemente se mantengan en febrero. Esto ocurrirá a pesar de la caída en la recaudación de impuestos dependientes de la actividad económica y gracias a la licuación del gasto en jubilaciones, salarios y programas sociales y al cobro del extremadamente distorsivo impuesto PAIS, cuyo único fundamento es la brecha y las restricciones cambiarias vigentes, incompatibles con la inversión y el crecimiento económico. Los recortes efectivos del gasto del Gobierno nacional afectan, hasta el momento, a entidades con peso marginal en el presupuesto, pero con enorme carga simbólica, elemento que le sirve -hasta ahora- al oficialismo para ganar el tiempo que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegura necesitan para bajar la inflación.
Las entidades que de acuerdo a la Constitución Nacional gozan de autonomía y distintos grados de autogobierno fueron las mayores perjudicadas por la motosierra: las universidades nacionales -llamadas a funcionar con el presupuesto de 2023- y las provincias -que sufrieron la reducción prácticamente a cero de las transferencias discrecionales que, históricamente, significaban casi un punto del PBI y se destinan a sueldos. Para todas excepto para Tucumán, que a cambio de los votos de su provincia logró pararse del lado menos traumático de la motosierra.
La consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvarez Agis, en un informe aún no publicado que se titula “Los obstáculos distributivos para bajar la inflación” hace zoom en los lugares donde esa noble máquina no fue convocada. Con una división muy básica entre clase baja, media, alta y empresas, el informe concluye que de un total de 8,3% del PBI que el Estado nacional gasta o deja de recaudar, un 2,6% (el 31% del total) va destinado a la clase baja y media, 3,8% (el 46%) a la clase alta y 1,9% (23%) a las empresas. Es decir que “los pobres” -incluyendo dentro de esta categoría a la clase baja y media- son responsables del 31% de los gastos, subsidios y gastos tributarios que contribuyen al déficit fiscal mientras que la clase alta y las empresas son responsables del restante 69%. La exención impositiva de Mercado Libre, por ejemplo, alcanzaría para cubrir el agujero de los gastos de funcionamiento que enfrentan las universidades durante el año.
El ajuste del gasto estatal, cuya necesidad en la actual coyuntura es evidente y difícilmente discutible, parece mal orientado en relación a la fijación de prioridades. Si Argentina no puede permitirse lujos, el régimen de beneficios tributarios a empresas de economía del conocimiento -muchas con balances más que saludables- no debería tener precedencia sobre el funcionamiento de las universidades. Tan cierto como que en el mundo es habitual dar ventajas impositivas o subsidios a regímenes de innovación y de investigación y desarrollo, también es, aún más extendido, el sostenimiento de regímenes de educación superior lo más robustos posibles. Acaso más difícil de explicar sea el caso de Tierra del Fuego, un régimen que tiene un costo fiscal que supera el presupuesto total del CONICET, sin que se haya contemplado hasta ahora seriamente su modificación. Nicolás Caputo, Rubén Cherñajovsky y Marcos Galperín tienen, evidentemente, más herramientas que el sistema público de investigación, ciencia y tecnología a la hora de blindarse frente al ajuste.
Iván Schargrodsky | Cenital
