Los casos de Entre Ríos y Santa Cruz, representados en los senadores Kueider y Carambia. Represas y petróleo, subsidios y embajadas. Las monedas de cambio en una semana clave.
En medio del anuncio del tarifazo en los servicios de gas y luz, los y las senadoras se encuentran en plena negociación con el Ejecutivo de Javier Milei sobre la ley Bases. La moneda de cambio es la energía. Represas, subsidios y regalías son botín de cambio a medida que aumentan los gastos que enfrentan los hogares argentinos a días de la llegada del invierno.
Son intensas las negociaciones en la Cámara Alta. Las estrategias de acercamiento de Unión por la Patria hacia los senadores de los bloques colaboracionistas con el Gobierno se empiezan a diversificar. Sobre todo cuando las miradas están puestas en aquellos que todavía pueden tener una conducta impredecible. Es que la coordinación que logró la oposición en Diputados puede servir de antecedente a la hora de la votación de la ley Bases, ahora que desde el Ejecutivo se volvió a despreciar la tarea del Congreso.
El factor Kueider en el Senado
Uno de los senadores sobre los que están puestos todos los ojos de sus coprovincianos es el entrerriano Edgardo Kueider, firmante del dictamen “en disidencia”, un comodín para escapar de la crítica, pero que no borra el hecho de haberle sumado una firma más al texto libertario.
Desde hace dos semanas que el PJ de la provincia de Entre Ríos, gobernada por el macrista Rogelio Frigerio, le viene exigiendo al senador que ingresó a su banca en 2019 con la boleta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que vote en contra de la ley Bases. Kueider fue una de las espadas de Alberto en su interna con Cristina en el propio territorio de influencia de la ex vicepresidenta. Pero después también se terminó peleando con el presidente.
Ya en febrero de 2023 Kueider rompe el bloque oficialista del Frente de Todos y arma el bloque Unidad Federal con Carlos “Camau” Espínola de Corrientes y Alejandra Vigo de Córdoba. Este enero, bajo la férula de Victoria Villarruel, logró la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales, cabecera del plenario que debatió la ley Bases.
En febrero Kueider votó en contra del DNU de Javier Milei, y ahora es, junto al radical Martín Lousteau, un apuntado por los negociadores de los cambios que pueden mantenerse en pie en Diputados, en caso de que se apruebe. Consideran que Milei necesita que haya aprobación porque su nivel de popularidad está siendo medido por el FMI. Bajo esa hipótesis, los negociadores a ambos lados del salón Pasos Perdidos ven con entusiasmo la posibilidad de que salga sancionado “algún texto”, por más cambiado que esté.
La ventana de oportunidad
En esa ventana de oportunidad que tiene la oposición en el Senado se negocian cuáles serán esos cambios estratégicos. Todos señalan que la quita del capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones porque, según argumentaron los empresarios pymes durante el plenario de comisiones, elimina la industria nacional y promueve el saqueo de bienes naturales.
En ese contexto, en Entre Ríos miran con atención las negociaciones de Kueider con el Ejecutivo. El senador aduce estar negociando la provincialización de la gestión de la represa de Salto Grande, que aporta toda su producción energética al sistema eléctrico nacional y cuyos subsidios, -se quejan- están concentrados en el AMBA y no son dirigidos a los entrerrianos, provincia productora.
Otras fuentes aseguran que Kueider apenas logró venderle más caro la energía a Cammesa, la empresa centralizadora de la energía a nivel nacional. Otra fuente, con más maldad, aduce que apenas logró una promesa de ubicación de gente propia en la Anses o algún organismo nacional que quede en la provincia, tras el cierre masivo de sucursales.
Entre Ríos siempre quiso la provincialización de Salto Grande, creada a través de un tratado con Uruguay en 1946 y cuya gestión es binacional. En 1998 se sancionó una ley para provincializarla, pero Carlos Menem la vetó porque Uruguay dijo que solo hacía tratados con estados nacionales y no provinciales. Ahora es prenda de negociación de una ley que extranjeriza la producción de energía.
Los votos de Santa Cruz
En tanto, en Santa Cruz, crece la duda sobre el voto de José María Carambia, quien también firmó el dictamen. El senador era hombre de Mauricio Macri en esos pagos, pero luego se peleó. Integra el bloque Por Santa Cruz y llegó a su banca en enero en una alianza ecléctica con el gobernador peronista de extracción sindical Claudio Vidal.
Al igual que Kueider, Carambia también votó en contra del DNU, pero ahora votaría a favor de la ley Bases a cambio de la suba de dos puntos de las regalías a las provincias mineras, que pasarían de recibir 3% a 5%, según habría quedado escrito en el proyecto del paquete fiscal.
Otros de los puntos en negociación es la reactivación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, frenadas desde diciembre y dependientes de que el gobierno nacional reactive el contacto con China para que manden los fondos necesarios. También se negoció la privatización parcial y no total de los Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT).
Y, por último, el gobernador Claudio Vidal está negociando la gestión de los pozos maduros a los que YPF ya no les presta atención luego del descubrimiento de Vaca Muerta. La provincia reclama el pasivo ambiental, la garantía de los puestos de trabajo y la continuidad de la producción, por lo menos hasta septiembre.
Otra de las que se llevó las miradas de todos sus pares fue la neuquina Lucila Crexell, quien -según el periodista Carlos Pagni- logró una embajada en la sede parisina de la Unesco, versión que, hasta el momento, la senadora no salió a desmentir.
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