Lo afirmó el diputado Leopoldo Moreau en diálogo con LNM para analizar la denuncia contra la mesa judicial del macrismo y el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales.
Especial para La Nueva Mañana
DEUDA, FUGA DE DÓLARES Y APRIETES JUDICIALES
Dos hechos sacudieron el tablero político argentino la última semana en medio de la pandemia. Uno, el informe que publicó el Banco Central de la República Argentina sobre “mercado de cambio, deuda y formación de activos externos (fuga de capitales)” que el presidente Alberto Fernández encargó a la entidad monetaria para entender cómo se fugó casi la totalidad de la deuda externa contraída por el macrismo. El otro, la denuncia judicial que presentaron senadores y diputados del Frente de Todos contra la “mesa judicial” de Cambiemos para apretar a jueces y fiscales, con el fin de perseguir a opositores y sacar fallos favorables al gobierno que articulaban con maniobras de inteligencia y espionaje ilegal.
Los dos temas fueron motivo del diálogo que La Nueva Mañana tuvo con el diputado Leopoldo Moreau, uno de los firmantes de la presentación judicial.
“Quiero puntualizar que estamos hablando de una persecución que llegó a extremos mafiosos, no solamente extorsionando a jueces para que dejaran el cargo a cambio de asegurarles la jubilación, como en el caso de la entrevista que está grabada de (el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, German) Garavano al juez (Carlos) Rozanski, que si no se iba perdía el beneficio, sino que llegaron a la intimidación física en el caso de jueza del fuero federal de San Martín, Martina Forns. Le dejaron una granada en la puerta de la casa, cuando dio lugar a una medida cautelar para frenar los aumentos desmedidos de gas y de electricidad,” comenzó aclarando el diputado al referirse a la denuncia por las presiones a varios magistrados que montó el gobierno anterior.
¿Puede haber responsabilidad penal de los denunciados?
Por supuesto, porque violentaron varias normas de la propia Constitución y también del Código Penal. En primer lugar porque actuaron como una asociación ilícita encabezada por el propio ex presidente Macri, y en segundo lugar porque esas acciones tendían a limitar el ejercicio de derecho a la defensa, al debido proceso, plantaban testigos falsos, pagaban testigos protegidos, violentando la Constitución y también el código penal por amenazas, coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y otros.
El macrismo se atrevió también a constituir tribunales federales a dedo, sin pasar por el concurso del Senado. ¿La denuncia también apunta a la normalización de la Justicia en ese fuero?
Esto discurre por canales separados. Nuestra denuncia es sobre una asociación ilícita que actuaba de esa manera y que cometió violaciones al Estado de Derecho y además delitos tipificados en el Código Penal. Eso tiene que ser investigado desde ese ángulo. La otra cuestión, que es el hecho de que hicieron asumir a jueces en cargos que no fueron discernidos previamente por concurso, fueron trasladados a dedo del fuero ordinario al federal precisamente para cumplir con las tareas y misiones que le daba la “mesa judicial” la política de persecución, deriva de nuestra presentación judicial, pero tiene como ámbito para ser discutida el Consejo de la Magistratura, donde seguramente se presentarán denuncias en el mismo sentido.
¿Es posible que se revea la destitución de varios jueces que fueron decididas por la mesa judicial?
Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires ya se habilitó la posibilidad de revisar la destitución del juez (Luis) Arias, que a todas luces fue manipulada políticamente por la gobernadora de la provincia (María Eugenia Vidal) a pesar de que se trata de un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal.
¿Qué reflexión le merece entonces que a pesar de que se suman más denuncias de aprietes de jueces y fiscales, incluso del ex diputado radical Mario Cimadevilla por la causa Amia, que el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo minimice los hechos y diga que es “totalmente normal” que un gobierno presione magistrados?
Ellos pueden minimizar todo lo que quieran, tienen la ventaja de contar con la complicidad de los grandes medios de comunicación porque también hubo allí responsabilidades penales de periodistas y medios, pero inevitablemente más temprano que tarde, como ocurrió en el pasado, la Argentina va a desembocar en un proceso de memoria, verdad y justicia que le va a mostrar a la sociedad todo lo oculto que hubo detrás del gobierno de Macri en cuanto a llevarse por delante el Estado de Derecho, destruir las instituciones republicanas, poner el Servicio de Inteligencia a merced de estos hechos oscuros: eso inevitablemente va a ocurrir porque la impunidad no dura para siempre.
Por lo que usted puede conocer de la reforma de la Justicia que se apresta a enviar el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿se apunta a terminar con esta promiscuidad del manejo de parte del poder judicial?
Bueno, ya hemos dado el primer paso con la modificación por parte del Congreso Nacional de la ley del régimen especial de los magistrados, pero evidentemente hace falta una profunda reforma estructural del Poder Judicial, no solamente porque parte de ese poder del fuero federal estuvo al servicio de esta política de persecución sistemática de la policía de Estado que armó Macri, sino porque además es ineficiente e insuficiente como para darle una respuesta inmediata y transparente al ciudadano del común. De todas maneras me parece que es una reforma muy seria que va a ser muy difícil discutirla de manera telemática.
¿También habrá denuncias por las responsabilidades de la descomunal deuda y la fuga de dólares que determinó el Banco Central que hubo durante el gobierno de Macri?
Son recursos que genera la Nación que se van por mecanismos ilegales que ocultan, por lo general, en paraísos fiscales o en sociedades off shore las empresas o fondos de inversión, que no solamente se roban ese esfuerzo de los argentinos sino que no tributan en relación a esos activos que configuran en el exterior. En el período de Macri se fugaron 86 mil millones de dólares que le quitan recursos al Estado para que los vuelque en la sociedad, por esa razón es importante acudir a la Justicia, para que investigue la fuga de capitales que generalmente cabalga sobre grandes endeudamientos, como en los últimos cuatro años por 100 mil millones de dólares.
