El gobernador jujeño acusó al gobierno nacional, a los gremios, al kirchnerismo y a Milagro Sala de estar incentivando y financiando las protestas en la provincia. No ofreció ningún indicio sobre sus dichos. La explotación de litio como trasfondo de la represión a las comunidades originarias.
Después de un fin de semana de represión contras las comunidades originarias, heridos y detenciones arbitrarias, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió a acusar, sin pruebas, al Gobierno nacional, a Milagro Sala y a “los kirchneristas y la izquierda” de incentivar y financiar las protestas en la provincia.
Más allá de las acusaciones mediáticas, Morales defendió el artículo de la nueva carta magna que prohíbe los cortes de ruta: “Es un debate que se tiene que dar a nivel nacional, no es un derecho cortar las rutas”.
El gobernador Morales no habló de las detenciones arbitrarias de periodistas que estaban cubriendo la protesta, de un turista, de una madre con su hija, de una mujer impedida de amamantar, pero se encargó de denunciar una supuesta “intervención del Gobierno Nacional para generar el caos, financiando el conflicto”, versión que comenzó a divulgar por redes sociales con el respaldo de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio.
Morales sostuvo en diálogo con Radio Mitre esa acusación al hablar de la visita del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. “Cayó en un avión con ocho funcionarios más para incentivar el conflicto“, sostuvo Morales, sobre la visita de Pietragalla, quien fue a visitar a los detenidos en el penal de Alto Comedero, se reunió con los representantes de las comunidades originarias que permanecen en la ruta y solicitó una reunión con el gobernador, que comunicó que le fue negada.
El mandatario jujeño también eligió volver a señalar, sin pruebas, a la dirigente Milagro Sala –detenida desde 2016– como la que “está financiando el conflicto” y consideró que “tendría que estar en un penal y no en su casa”. Entre esas acusaciones, Morales también sostuvo que “el gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen la conflictividad”. Resulta que los gremios docentes provinciales, que protagonizaron diez días de protestas contra la reforma constitucional y por mejorar sus salarios, convocaron a un nuevo paro para esta semana.
Ante una consulta, Morales también identificó a la diputada nacional Carolina Moisés (Frente de Todos), como una persona cercana a Sala presente en los cortes de ruta, y aseguró que ella y otras personas “pagarán una multa de más de un millón y medio de pesos” por estar en los cortes, un límite a la protesta social que Morales había intentado imponer por decreto la semana pasada.
Moisés fue parte de la delegación que visitó ayer a las personas aún detenidas en el penal de Alto Comedero y, en diálogo con Radio 10, calificó de “reaccionario” el capítulo de la reforma que limita el derecho a la protesta, denunció que detrás de la represión al reclamo de las comunidades originarias está “como transfondo la explotación de litio” y advirtió que “somos pocos los dirigentes políticas que estamos acompañando las protestas”.
El laboratorio del control de la protesta social
Morales reconoció y defendió la prohibición del corte de calles, rutas y tomas de edificios públicos que rige en la reforma constitucional votada el viernes pasado. “El Estado debe regular el derecho a la protesta, que no es absoluto, para que no colisione con otros derechos”, defendió Morales y recordó que la reforma fue votada por unanimidad el viernes pasado por los 41 convencionales, entre ellos los peronistas presentes. La votación solo tuvo un ausente y la renuncia de los seis convencionales del Frente de Izquierda.
El gobernador rechazó las acusaciones respecto de que la represión y la prohibición de la protesta son un “laboratorio” de lo que será una posible gestión presidencial de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dio pautas de qué significan esos cambios al reconocer las multas millonarias para quienes estuvieron en la ruta, la idea de que se avise con 48 horas de anticipación la decisión de manifestarse e insitió: “El tema de los cortes de ruta tiene que formar parte del debate nacional”.
Como mal ejemplo y acusación contra el gobierno nacional, Morales contó en la entrevista un supuesto diálogo entre dos oficiales de Gendarmería Nacional –dependiente del Miniterio de Seguridad– que “le dijeron a personas que estaban al costado de la ruta que tenían orden de no intervenir, que estén tranquilos”. Para Morales eso prueba que “se quiere replicar un modelo de violencia, que nosotros vamos a rechazar”.
Entre los apoyos que recibió Morales en las últimas horas estuvo el de la ex ministra de Seguridad y precandidata presidencial Patricia Bullrich, quien durante su gestión utilizó a la Gendarmería para reprimir los cortes, como en el caso de Santiago Maldonado. “Lo que se está generando en Jujuy es un debate que se está dando a nivel nacional sobre cuáles son los límites de la protesta”, insistió Morales.
Por el contrario, el gobernador de Jujuy completó una idea propuesta por el conductor de Radio Mitre y aseguró que lo que ocurre en la provincia es “un laboratorio del kirchnerismo y de izquierda por si llegan a perder las elecciones”. “Es eso, lo han anticipado, dijeron que va a correr sangre. Es la consigna del kirchnerismo, de la izquierda, del Polo Obrero, que lo único que quieren es la violencia”, aseguró.
Los derechos de las comunidades originarias
Entre las acusaciones mediáticas, Morales reconoció que están “buscando profundizar el diálogo con las comunidades que han sido desinformadas” e intentó defender la reforma de la Constitución como una que “va por más derechos”. El gobernador comparó la nueva carta magna con la reformado en 1986 y mencionó incorporaciones al texto provincial el reconocimiento del artículo 75 inciso 17, de la Constitución Nacional, reformada en 1994; o la incorporación del principio de consulta previa informada de 169 del Organización Internacional del Trabajo, que fue sancionada en 1989.
Se trata de derechos indígenas reconocidos a nivel nacional y que las comunidades originarias, en todo el país, denuncian su incumplimiento. En el caso particular de Jujuy, son cerca de 400 las comunidades originarias, sin embargo, muy pocas han conseguido el reconocimiento de la titularidad de sus tierras, un debate que se dio a fines de noviembre de 2021 con la prórroga de la Ley de Emergencia de los Territorios Indígenas, que el gobierno nacional extendió por decreto.
Morales aseguró, en la entrevista con Radio Mitre, que “185 comunidades han participado” del proceso de reforma constitucional, sin embargo, las marchas contra el cambio en la carta magna generó una masiva movilizaciones de las comunidades originarias que confluyó en un Tercer Malón de la Paz a la capital jujeña el viernes pasado. El artículo que rechazan las comunidades es el 36, que pone en tensión los derechos de emprendimientos privados que obtengan títulos de tierras reclamadas por las comunidades.
“Convocamos a todos estos violentos a que depongan la actitud”, insistió Morales en la entrevista desconociendo los reclamos de las comunidades y puso como ejemplo particular a La Quebrada, cuando en Purmamarca se desarrolló el principal corte y el operativo represivo.
“Aumentamos el trabajo en turismo de 18 mil a 25 mil, especialmente en La Quebrada. Imagínese este fin de semana a los turistas que pasaban por los cortes con las valijas, no vuelven más a Jujuy. Es un autoperjuicio porque los trabajadores de turismo de La Quebrasa son de las propias comunidades”, sostuvo el gobernador a contra mano del peligro denunciado por las comunidades sobre el desconocimiento de la titularidad de sus tierras y el avance de emprendimientos de litio en las salinas.
Página/12
