Despidos, suspensiones, paritarias no homologadas y reflote de la reforma laboral y de Ganancias en un contexto de caída del salario real: el combo perfecto que empuja a la central sindical a activar su maquinaria. ¿Medida de fuerza antes o después del 1° de mayo?
Cuando el viernes a las 21:34 el Gobierno anunció que reemplazaría la fórmula de ajuste jubilatorio por DNU, el tenso equilibrio que mantiene la CGT entre acuerdistas y rupturistas se desbalanceó un poquito más en favor de los últimos. Una línea aislada en ese comunicado fue registrada como una nueva provocación en el sindicalismo argentino: el anuncio de que el Ejecutivo retomará en el Congreso el intento de reforma laboral que mantiene frenado el Poder Judicial.
La novedad, refrendada luego por los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse ante un grupo de diputados del PRO, se sumó a un combo que ya venía siendo difícil de digerir para los trabajadores y sus representantes: suspensiones y despidos de a miles junto con el embudo que creó la Secretaría de Trabajo para no homologar ninguna paritaria mayor a los techos que fijó el ministro de Economía, Luis Caputo: 9% en enero, 15% en febrero y 12% en marzo.
Por eso, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, visibilizó lo que otros sindicatos venían denunciando hace al menos dos semanas. Camioneros acordó con las cámaras una recomposición salarial del 45% entre marzo y abril, pero el Gobierno no se la firma. Moyano alzó la voz y avisó que habrá medidas de fuerza. Cerca suyo explican: “Estamos agotando los tiempos legales, pero el día D va a ser cuando los trabajadores reciban su salario en el mes de abril y no cobren el incremento”.
Ese día D tendrá además condimentos extra, porque caerá casi en la misma fecha en que Moyano e YPF acordaron volver a reunirse para definir qué pasa con los 55 yacimientos convencionales que la empresa quiere abandonar y que hoy emplean, entre otros, a unos 2.000 camioneros de la Patagonia y el Norte del país. Camioneros rechaza lo que aceptaron los petroleros privados (cuatro meses de licencia con el 80% del salario no remunerativo hasta que aparezcan operadores privados que se hagan cargo de esas áreas). Moyano no confía.
Su hijo Pablo, secretario general adjunto del sindicato, sumó presión ayer durante el plenario de los sindicatos del transporte: “En los próximos días va a haber una reunión de la CGT y vamos a discutir sobre un posible paro general. Hay muchos gremios de transporte que le están pidiendo a la CGT que tome una decisión en los primeros días de abril”, aseguró. Los sindicatos del transporte dejaron aprobada ayer la resolución de acompañar cualquier medida que disponga la CGT. Dato clave: un paro nacional tendrá adhesión del transporte en todo el país.
En el grupo de presión por un nuevo paro nacional se anotan otros actores de peso: la UOM (que la semana pasada paró por 72 horas), los docentes de todos los niveles (que después de Semana Santa probablemente convoquen a una medida de fuerza conjunta) y las dos CTA, que aprobaron sendas resoluciones plenarias en los últimos días para instar y adherir a un nuevo paro nacional de todo el movimiento obrero. La pelota está en la cancha de la CGT, donde el equilibrio es tenso.
Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la central (junto con Pablo Moyano y Carlos Acuña), procura que haya unidad en la acción para no perder la contundencia que el sindicalismo mostró el 24 de enero. No es fácil. Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA) son algunos de los que no tienen todavía tantas ganas de agitar.
Y aunque el parteaguas sea la búsqueda o no de cercanía con el Gobierno, hay una mirada estratégica que comparten tanto quienes quieren urgen por un nuevo paro nacional como quienes piden esperar. En ese análisis, observan, el movimiento obrero tiene que moverse con precisión. Su única chance de enfrentar al Gobierno y poder frenarlo reside en esa inteligencia. El timing.
Por eso, lo que se convertirá en la segunda medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei aún no tiene fecha. Hay quienes desean que se concrete en abril. Para ese grupo, no pasaron desapercibidos los gritos reclamando un paro general que llegaron hasta el escenario de la Plaza el 24 de marzo.
En el horizonte cercano de los sindicatos también aparece como fecha fuerte el Día del Trabajador. Sin precisiones de cómo lo conmemorará la CGT a nivel nacional, las tres centrales obreras en la provincia de Buenos Aires ya están buscando un estadio o un parque para montar un escenario donde recibir al gobernador Axel Kicillof. La interna peronista también juega.
Incluso los más cautos en la CGT notan que es el Poder Ejecutivo el que aviva y acrecienta el fuego del paro. Al combo oficial antes mencionado hay que agregarle los 70 mil despidos de trabajadores estatales que anunció Milei para el último día de marzo y la pérdida que cristalizarán los trabajadores pasivos con la nueva fórmula para ajustar jubilaciones que sancionó el gobierno por DNU.
Ese último punto, que podría ser revertido en el Congreso si la oposición logra hilar las mayorías que necesita, es uno de varios que marcan una confluencia que, espontáneamente, sucedió en estos meses: la de la CGT y la oposición legislativa. Cada uno de los pasos que fueron dando unos y otros se retroalimentaron entre sí. El paro nacional, los frenos judiciales al mega DNU impulsados por los sindicatos, la caída de la Ley Ómnibus en Diputados y el rechazo del decreto en el Senado son todas fotos de la misma película: el déficit político de Javier Milei, por el que le reclama hasta el FMI.
Los sindicatos tienen a varios de sus secretarios generales en el bloque de Unión por la Patria en Diputados. Hugo Yasky, titular de la CTA; Paco Manrique, de SMATA; y Sergio Palazzo, de La Bancaria, forman un polo de interlocución permanente. Una de sus últimas propuestas apunta a que los ingresos que extrañan los gobernadores por el impuestos a las ganancias surjan de modificar escalas y alícuotas para las empresas y no de los trabajadores.
Según el último estudio de la consultora Analogías (2.506 casos efectivos por IVR en todo el país), una mayoría de la ciudadanía espera que algunas de las medidas del Presidente sean frenadas tanto por los sindicatos como por el Congreso. Es llamativo, porque el mismo relevamiento muestra que Javier Milei sostiene su imagen positiva entre la mitad de los encuestados y que, además, una mayoría de la población cree que la situación en el mediano plazo va a mejorar. Pero aún así, ante la preocupación por la inflación, la caída de los salarios y el cierre de empresas, miran con atención a los sindicatos y al Congreso.
Noelia Barral Grigera – Cenital
