Referentes de la oposición hicieron 14 presentaciones, y la jueza María Eugenica Capuchetti hizo lugar al pedido del fiscal Taiano. Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, Guillermo Marijuán, Yamil Santoro y un grupo de lilitos están entre los denunciantes.
Después de la llegada de una lluvia de denuncias en Comodoro Py, en su mayoría de referentes del macrismo y abogados afines a la oposición, el fiscal Eduardo Taiano imputó al exministro de Salud Ginés González García, y a su sobrino y exjefe de gabinete, Lisandro Bonelli, por las vacunas aplicadas a personas que no habían sacado turno ni les correspondía. En el dictamen que abre la investigación, Taiano había pedido el allanamiento del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas. Para ambos establecimientos pretende saber quiénes ingresaron al lugar, el listado de quienes recibieron la vacuna contra la covid-19 y los lugares utilizados para inmunizar. La jueza María Eugenica Capuchetti deberá decidir con qué medidas avanza. La flamante ministra Carla Vizzotti dijo estar a disposición de las investigaciones judiciales y negó la existencia de un “vacunatorio vip”. Al cierre de esta edición, la jueza hizo lugar a la solicitud de Taiano y dispuso el allanamiento en el Ministerio de Salud.
Taiano acumuló denuncias del fiscal Guillermo Marijuán, el abogado hipermacrista Yamil Santoro, un grupo de “lilitos/as” de la Coalición Cívica que incluye a Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Maximiliano Ferraro, Carolina Castets, Rubén Manzi, Alicia Terada, Lucila Lehman y Marcela Campagnoli, a la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a Juan José Gómez Centurión y a Ernesto Martín Nahijhian. En total fueron 14 las denuncias penales que llegaron ayer a Comodoro Py, además de una investigación preliminar y un sumario dentro del Ministerio de Salud que abrió la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez.
La mayoría de las presentaciones apuntaban a Ginés y señalaban los delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos y violación de los deberes de funcionario público. Algunas, como la del laboratorio HLB Pharma, que había participado del primer viaje a Moscú por la Sputnik V, señalaron asociación ilícita, propagación de epidemia y cohecho. Entre otros referentes de la oposición se presentaron a denunciar Alberto Asseff, Jorge Enriquez, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, José Cano, y también lo hicieron Jimena de la Torre y el abogado ultra “M” Santiago Dupuy De Lome. La abogada Valeria Carreras denunció a Martín Sabignoso, exsecretario de Equidad. Las denuncias serían todas acumuladas en el juzgado de Capuchetti, que fue el primero en ser sorteado.
Tanto el sobrino de Ginés como Sabingnoso se habrían aplicado la vacuna según el Sistema Integrado de Información Sanitaria, como personal de salud, aunque no integraban el grupo prioritario. El periodista Horacio Verbitsky, cuyo relato sobre vacunación fue lo que desató la escalada que terminó con el pedido de renuncia de Ginés González García, figura en la mayoría de las denuncias, igual que algunos funcionarios, como el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, así como el procurador Carlos Zannini, entre otros nombres que se fueron conociendo.
Para ellos y otros funcionarios denunciados se repetirá una explicación que tiene cierto asidero –aunque a algunos les será difícil explicar la vacunación de familiares– y es que están contemplados en el “Plan Estratégico de la Vacunación” (resolución 2883) publicado el 30 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial, que contempla la vacunación como prioridad para “toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”. Como es evidente la investigación tendrá que diferenciar caso por caso, además de la responsabilidad penal de los exfuncionarios. Lo que sucede es que de una evidente irregularidad se comenzaron a multiplicar casos que son de distinto tenor.
El dictamen de Taiano dice que se investiga si hubo personal del hospital Posadas que que fue a la sede del Ministerio de Salud para vacunar “a personas que no cumplían con los criterios epidemiológicos y/o el esquema de etapas establecidos” en el Plan Estratégico, en función del relato de Verbitsky en El Destape Radio, que contó que había llamado a Ginés, quien le dijo primero que debía ir al Posadas pero luego le avisó que a través de su secretario que un equipo de ese hospital iría al ministerio. “Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas Sputnik V que habría sido aparado del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartido conforme al plan delineado por el gobierno nacional”, dice Taiano.
El dictamen pide que se allane la sede de Salud para “obtener el libro de personas que ingresaron al organismo, las imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero de 2021, las constancias de viaje efectuados por los vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Nacional Posadas, como así también la nómina de personas que recibieron la vacuna (…) y verificar la existencia del lugar utilizado, obtener fotografías y ralizar el croquis correspondiente”. Agrega una orden de allanamiento al Posadas, del mismo modo para obtener imágenes en la misma fecha, el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas en ese hospital, la nómina de personas inoculadas y el personal asignado a la vacunación.
Vizzotti negó la existencia de un sistema “vip” y dijo quese trató de un “grupo reducido de personas”.
Página/12
