El ejemplo más notable en la historia de la consecuencia de gobiernos por decreto es el decreto del incendio del Reichstag.
El presidente alemán, Paul von Hindenburg, fue convencido por Adolf Hitler de emitir un decreto que suspendía los derechos civiles básicos indefinidamente.
Como resultado de este decreto, las autoridades nazis pudieron suprimir o encarcelar constitucionalmente a su oposición, lo que a su vez allanó el camino para el gobierno de partido único del Tercer Reich.
El estado de excepción resultante, que suspendió la Constitución sin revocarla, duró hasta el final del Tercer Reich.
Esta recordación intenta mostrar que la apelación al decreto como formato central y excluyente de gobierno y elusión de los derechos constitucionales es típico de gobiernos autoritarios, donde su proyecto económico y social no puede ser legitimado por la vía parlamentaria.
Desde Gramsci sabemos que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos: como dominio y como dirección intelectual y moral, construyendo hegemonía, es decir dirección de los consensos y la dominación, utilizando los elementos de coerción del Estado.
“La articulación de coerción y consenso, la tensión entre dirección y dominación, son los elementos teóricos que ayudarán a Gramsci a elaborar su concepto de hegemonía y a entender la realidad política presente. Así construye este concepto central en su pensamiento” (1)
Pues bien, el intento de gobernar vía decreto es la aceptación implícita por parte del gobierno de que su proyecto no puede ser hegemónico, resulta imposible de ser consensuado y solo puede ser viable por la vía de la coerción, en este caso coerción jurídica.
En efecto, a diferencia de la coyuntura de disputa intra grupos que se verificó en la última gran crisis del año 2001, en esta etapa la síntesis que los sectores dominantes tanto locales como internacionales, parece haberse logrado.
Las oportunidades de negocio que representan la privatización de empresas públicas, el acceso a los recursos naturales viejo como el agua potable y nuevos como el gas y el litio entre otros ha logrado al menos por ahora, la “Pax Romana” al interior de las facciones dominantes, pero no puede ser consensuado con al menos un segmento significativo de la ciudadanía representada en el parlamento por diputados y senadores.
El proyecto socio económico que encarna el presidente Milei es tan excluyente, que no puede pasar de la pura dominación a la conducción que supone la legitimidad parlamentaria y debe imponerse entonces por la fuerza, mediante un DNU.
Un solo ejemplo de la inviabilidad de construir consenso por parte del actual gobierno, de la cual el DNU es solo una muestra espectacular, es todo el sistema de desregulación de precios y derogación de leyes como la de Abastecimiento destinadas a moderar el impacto inflacionario sobre bienes y servicios de consumo masivo, en un contexto de escalada de precios irracional y gran estreches de ingresos familiares.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza fue del 40,1% en el primer semestre de 2023. Esto representa una suba de 3,6 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2022 (36,5%).
Por su parte, la indigencia ascendió al 9,3%, lo que marca que si se proyectan los números de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país, la pobreza alcanzó a 18,5 millones de personas. De ese universo, 4,3 millones son indigentes, es decir, no llegan a cubrir con sus ingresos una canasta básica alimentaria (CBA).
Esta situación tan grave es seguro ha empeorado notablemente en el segundo semestre de este año por los altos niveles de inflación registrados cada mes y especialmente el fogonazo inflacionario ocurrido tras la devaluación realizada por el gobierno de Javier Milei, mega devaluación llevó el dólar de 366 pesos a 800 pesos y traslado a precios casi pleno.
Veamos esto más de cerca. Es muy difícil imaginar los niveles de pobreza e indigencia que impactarán sobre la sociedad con piso inflacionario de al menos 200% anual y picos de 300% en el primer semestre de 2024 y, adicionalmente, por la gran recesión que vendrá, con las tasas de desempleo y subempleo al alza y la pérdida de perceptores de ingreso de los hogares que esto supone.
Falta completar la corrección de ingresos que se implementarán vía paritarias, jubilaciones, pensiones, planes y asignaciones complementarias, pero ningún mecanismo de transferencia de ingresos a los hogares habrá de acercarse siquiera a los niveles de aumento de precios previstos.
Los salarios formales llevan un atraso acumulado promedio de 30% respecto a los niveles de inicio del año 2016 y que al desagregar salario informal el deterioro casi se duplica.
En la imagen anterior se observa el nivel salarial formal privado informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para el 6 de diciembre de 2023, último dato disponible.
Como se ve, el salario promedio formal privado ascendía en noviembre a $394.07 mensuales cuando la canasta pobreza era de $345.295 mensuales que, con el aumento esperado en diciembre del 30%, alcanzará los $445.883 mensuales, un 12% por sobre el salario promedio formal del mes de noviembre que no se modificará sustancialmente en diciembre.
Una circunstancia inédita de estrechez salarial por lo que no es de extrañar entonces que la gestión del actual gobierno neoliberal tras la mega devaluación se inicie con 50% de pobreza y 15% de indigencia
Es, desde luego, solo el punto de inicio de una evolución ascendente que aun manteniendo el mismo nivel de actualización salarios del lapso 2016-2023, al finalizar el primer semestre de 2024 se acercarán a los niveles registrado en la salida de la crisis neoliberal del año 2001 de 54% de pobreza y 27% de indigencia con desempleo en alza que seguramente ya alcanzará los dos dígitos
Como dijimos en la columna anterior, se trata de una catástrofe social provocada, cuyo núcleo de empobrecimiento más espectacular serán los segmentos medios y medios bajos, pero el impacto más dramático se dará en los niños y niñas que superarán el 40% de indigencia en el tramo comprendido entre 0 y 5 años de edad, ya en el primer semestre del año 2024.
Recordemos que estos niños indigentes son aquellos que residen en hogares cuyos ingresos totales no superan el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas y de no ser asistidos por organizaciones estatales o movimientos sociales, pasan hambre.
En este sentido preciso queremos señalar el intento de gobernar eludiendo los contrapesos parlamentarios: ¿Acaso puede consensuarse un proyecto socioeconómico de desregulación masiva de la economía que, entre otros, producirá estos niveles de pobreza e indigencia en un solo año de desarrollo?
Como se ve en este estudio de la consultora Proyección la respuesta es no, no hay consenso posible y la alternativa es entonces la coerción vía DNU, con la renuncia explícita a todo intento de construcción de hegemonía que siempre supone sacrificios corporativos de las clases o facciones dirigentes. Esta vez sí, vienen por todo.
El futuro entonces depende en primera instancia y de manera decisiva de la capacidad de resistencia y reacción social organizada – gremial, estudiantil, territorial, movimientos sociales -frente al autoritarismo sin límites del poder ejecutivo. Adicionalmente y en segunda instancia la articulación de la resistencia social organizada con expresiones parlamentarias que, esperemos, estén esta vez a la altura de las circunstancias. Lo veremos.
1) Natalia Albarez Gómez Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba
El Destape
