Tal lote, tal dueño, tal producción. La Justicia federal ya tiene identificados a los titulares de las tierras isleras que sufrieron incendios reiterados en los últimos tres años. Hay nombres de empresarios conocidos y sociedades que explotan tierras en el humedal, además de informes de Bomberos que señalan claramente la intencionalidad en el inicio del fuego. El fiscal federal Claudio Kishimoto lleva adelante las investigaciones.
Los informes de georeferenciacón fueron utilizados para definir las áreas, algunas de las cuales estaban abandonadas a su suerte por los titulares, lo que no los aleja de la responsabilidad. Las afectaciones sobre la salud de los habitantes de toda la región, que generaron denuncias, fueron las que dispararon esta causa. Las sospechas se centran sobre los lotes que sufrieron incendios al menos en los años 2020, 2021 y 2022.
Esta circunstancia fue reflejada por investigadores en un mapa que demuestra que las zonas afectadas por incendios en los años mencionados es exactamente la misma. Esta coincidencia genera un alto grado de sospecha sobre los titulares de los inmuebles donde se produjeron incendios en los últimos tres años con actividades ganaderas que requieren de las quemas para aumentar la productividad.
Esta investigación fue coordinada por el fiscal federal Claudio Kishimoto y el Organismo de Investigaciones de Rosario y girada al juez federal de Victoria Federico Martín. El trabajo de investigación trata de determinar quien o quienes son los titulares de los inmuebles incendiados, si los incendios fueron intencionales, si se propagaron a lotes linderos, si causaron una contaminación al medio ambiente y si causaron daños a la salud o lesiones de las personas que se encontraban en el lugar donde se dirigió el humo provocado por las quemas.
En base al mismo se analizó desde el delito de incendio doloso, hasta la contaminación ambiental y el caso de las lesiones producidas a las personas que se ven obligadas a respirar el aire intoxicado. Debido a diferentes factores relativos a la investigación, no todos los hechos denunciados se encuentran en la misma etapa de investigación.
La pesquisa se orienta a ubicar quienes son los responsables jurídicos de un inmueble donde el fuego se inició intencionalmente y en otros casos permitirá realizar medidas para obtener elementos para poder reforzar una hipótesis fuerte de trabajo elaborada en base a la evidencia recabada hasta el momento.
En este sentidos ya hay personas identificadas como posibles generadores de un incendio que se propagó, se extendió hacia la ciudad de Rosario y causó posibles daños en la salud de los habitantes de la ciudad y zonas aledañas, entre los que se intercalan apellidos de reconocidos empresarios y sociedades que explotan las islas.
Desde el inicio de las quemas descontroladas en las islas del río Paraná inferior, hace ya más de dos años, con el humo, la destrucción de la biodiversidad y sus consecuentes daños a la salud y el ambiente, este problema ha sido expuesto en la Justicia. En primer término intervino el juzgado Federal con asiento en Paraná. Fue en esta sede porque en 2020 era quien tenía jurisdicción sobre Victoria, el departamento entrerriano epicentro de los focos ígneos. Y la competencia se formalizó en el fuero Federal porque las causales, daños y perjuicios de los incendios afectan a dos o más provincias: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
De este modo, en 2020 se abrieron dos grandes procesos judiciales que tratan dos tipos de demandas. Por un lado está la de tipo penal, iniciada el 4 de marzo de 2020, a partir de una denuncia de la Municipalidad de Rosario y a la cual luego se agregaron once denuncias más.
Esta investigación está caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago (Art. 186º Inc. 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves pretenso querellante: Asociación Civil Con Personería Jurídica Cuenca Río Paraná y otros”. Estas presentaciones recayeron en el juzgado Federal 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, pero que al excusarse pasó al juez Federal 2 de la misma capital entrerriana, a cargo de Daniel Edgardo Alonso. Esta causa es conocida como expediente penal 840/20.
Por otro lado, está lo que es la demanda civil. El 22 de junio de 2020 las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental presentaron en el Juzgado Federal 2 de Paraná un pedido de “acción preventiva de daños ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia con respecto a los incendios en las islas entrerrianas. A partir de esta demanda las entidades ambientales lograron una medida histórica: el 1 de julio de ese año, Alonso dispuso una cautelar que continúa vigente donde establece “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria.
Este expediente identificado como Nº2.427/20 también pide dar con los responsables – los propietarios y/o arrendatarios de los campos quemados – por “el daño al ambiente y la salud pública”. Justamente solicitan conocer los nombres de “los dueños del fuego” porque apuntan a una acción reparadora o en su defecto una indemnización. Esto actualmente se encuentra pendiente de resolución.
Estas causas mencionadas, tanto en lo civil como en lo penal, son llevadas hoy por el actual fiscal federal de Victoria, Claudio Kishimoto. El funcionario también investiga las últimas demandas penales que fueron presentadas directamente en el Juzgado Federal con sede en Victoria luego de que comenzó a operar en abril de 2022. Entonces aquí tenemos el tercer gran expediente, el Nº6.507/22, donde se han ido unificando todas las denuncias penales presentadas por los incendios este año.
En recientes declaraciones a la prensa, Kishimoto adelantó que habría “medidas” y se definiría la situación de las cuatro únicas personas que en dos hechos habían sido detenidas in fraganti iniciando fuego.
De todos modos, se debe tener en cuenta que con el recrudecimiento de los episodios ígneos en el inicio del otoño, las denuncias han continuado. Hasta el mes pasado se recibían dos denuncias por semana que inmediatamente eran derivadas a la Fiscalía debido a que no se contaba con autores identificados. Al pasado mes de julio totalizaban unas 30 presentaciones de este tipo. Sobre estas acusaciones se aguardan algunas decisiones del fiscal a cargo.
Chaco Día por Día
