Así como los inversores y los mercados le dieron aire a los primeros pasos que dio el Gobierno (la devaluación de 54% y el acortamiento de la brecha), la aparición del DNU obligó a las entidades empresarias a tomar partido ante una medida que se presentó polémica desde el minuto cero. El resultado fue previsible: la Unión Industrial Argentina primero y la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham), vocera de las empresas de capital extranjero más poderosas, fueron las primeras en darle la bienvenida a la norma que abre paso a un inédito proceso de desregulación económica.
El “inédito”, vale aclarar, no corresponde al alcance del decreto, sino a la profundidad con la que abordó algunas cuestiones. Aunque tiene más de 80 páginas y afecta a más de 300 leyes, en definitiva, hace foco en una decena de regulaciones. La más relevante es la que introduce en la legislación laboral, porque es un frente que siempre ha sido intocable. Los intentos previos de hacer reformas siempre chocaron con la resistencia del peronismo y los gremios. Y en esta vuelta el Gobierno les puso enfrente un dilema: mantener el statu quo o ceder con las obras sociales. Defender con éxito ambos frentes será difícil para la CGT, que también va a estar presionada por la reversión de los beneficios dados con el Impuesto a las Ganancias y el avance brutal de la inflación sobre los salarios.
El DNU extiende el período de prueba de 3 a 8 meses; habilita el recibo laboral electrónico y dispone que figure el total de contribuciones que paga el empleador (una forma de hacer sentir al empleado el peso del costo laboral); le quita a los bancos el monopolio de las cuentas sueldo (ahora pueden abrirse en una billetera electrónica, como Mercado Pago); exige un consentimiento explícito del trabajador para que la empresa retenga cuotas sindicales o cualquier servicio prestado por mutuales o entidades profesionales; dispone que las embarazadas solo podrán reducir 10 días y no 30 la licencia previa al parto, con lo cual tendrán que dejar de trabajar sí o sí 35 días antes de la fecha prevista; establece como injurias graves los bloqueos, el impedimento de acceso a las empresas y la intimidación a trabajadores (entre otras); reduce la base de cálculo de las indemnizaciones; habilita la creación de un fondo de cese laboral dentro de los convenios colectivos y limita la ultraactividad (la renovación automática de los convenios aunque no haya acuerdo de partes).
Esta síntesis es el corazón del DNU, porque se trata del capítulo más transversal. Lo demás son disposiciones desregulatorias que, con algunas excepciones, no alterarán demasiado el destino de la actividad afectada, como, por ejemplo, la derogación de la Ley de Góndolas. La razón de este argumento es que para los supermercadistas esta disposición les ha servido hasta hoy para marcar su compromiso con políticas sustentables. Sin la presión de las sanciones potenciales, me animo a afirmar que varios de los efectos que generó esta norma no desaparecerán.
Algunos rubros están apuntados específicamente: los despachantes de aduana dejan de ser la figura monopólica por la que se gestiona el comercio exterior, una medida que los empresarios celebraron íntimamente, porque hacerlo público es políticamente incorrecto. Cuando se habla de la Aduana como foco de corrupción, muchas compañías que han padecido experiencias negativas aseguran que esas prácticas son posibles cuando toda la cadena interviniente presta su complicidad.
Algo similar sucede con los registros automotor. El DNU no los suprime, pero habilita al Estado a modificar los ámbitos geográficos de vigencia, lo que en los hechos podría implicar reducir su cantidad y algunas de sus atribuciones. De impuestos y tasas, el texto no habla, ya que esa parte debería estar contemplada en la reforma tributaria.
Las normas que disponen o habilitan la privatización de las empresas del Estado son una señal más que un frente de conflicto trascendental. No quedan muchas joyas de la Abuela para vender. Hablando mal y pronto, solo quedan las abuelas: el Banco Nación, los ferrocarriles, Aerolíneas, los medios públicos. Seguramente haya sectores rentables para habilitar una concesión privada (sobre todo en lo vinculado a la energía o a la infraestructura). Pero difícilmente algún privado quiera hacerse cargo de una entidad financiera como el Nación, con más de 600 sucursales, en pleno auge de las fintech. Lo mismo cabe esperar con el transporte ferroviario de pasajeros, con excepción del urbano. Para la carga, es más probable que se habilite el uso de las vías para formaciones de empresas que paguen un canon para llevar su propia mercadería a un centro de logística o a un puerto, con destino a la exportación.
En síntesis, cada sector tratado con el DNU tiene bemoles para analizar, que, por una cuestión de extensión, dejaremos para más adelante. El punto que logró el Gobierno es que más allá de que la herramienta elegida se vuelva un foco de conflicto, las empresas se pusieron de su lado.
El Cronista
