El presidente Javier Milei lo estableció a través de un decreto y nombró interventores; “se podrá modificar la estructura del personal y administrar los fondos con el fin de mantener la sustentabilidad”, sostiene la norma; posible paso a la privatización
El gobierno de Javier Milei decretó hoy la intervención de los medios públicos por un año, después de delegar el control de esas unidades en la Jefatura de Gabinete de Ministros. De esta manera, el Gobierno allana el camino hacia la posibilidad de una privatización, a tono con sus promesas de campaña y con la autorización a dar ese paso que figura en el proyecto de ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso de la Nación.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno estableció que la medida abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al comando de Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.
Luego de ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
Los objetivos de la intervención, según el decreto, incluyen “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”.
Además, la intervención estará encargada de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
Desde diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
El papel de Karina
No fue el único cambio en el área: otra disposición publicada en el Boletín Oficial (BO) había establecido el viernes que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, absorbería las principales funciones vinculadas a la comunicación oficial.
Así la vocería, a cargo de Manuel Adorni, y la subsecretaría de Prensa, de Javier Lanari, pasaron a reportar a la hermana del Presidente.
El secretario de Medios de Comunicación, Eduardo Serenellini, quedó notablemente diezmado de poder después de haber protagonizado tensiones con Adorni y con el asesor Santiago Caputo, clave en la comunicación del Gobierno.
La ley ómnibus, que obtuvo el viernes la aprobación en general en Diputados, contiene un listado de empresas públicas factibles de ser vendidas: todos estos medios públicos se encuentran en la lista.
Asimismo, durante diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del Jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
Es así cómo el Gobierno comenzó a allanar el camino hacia la privatización, tal como prometió Milei.
Los interventores
El interventor en los medios públicos será Chaher, un abogado mendocino que ocupó durante 20 años cargos gerenciales en medios del grupo América, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.
Se recibió en la Universidad de Belgrano en 1997, tiene una maestría en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo y otros estudios de posgrado, según consta en su currículum.
El adjunto, Diego Sebastián Marias, fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro. Antes de eso se había desempeñado como funcionario del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, junto al entonces ministro Esteban Bullrich.
En su paso por la cámara de la ciudad participó activamente en la redacción del Código Electoral que rige en el distrito, al ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Al terminar su mandato fue designado como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados de la Capital Federal.
LA NACION
