El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un informe sobre cómo las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei afectan los juicios por crímenes de lesa humanidad, los sitios de memoria y las políticas de reparación.
Desde que asumió la presidencia Javier Milei seis meses atrás, el gobierno nacional desplegó su negacionismo en cada oportunidad que tuvo. Pero además de los discursos que niegan, relativizan o hasta reivindican el terrorismo de Estado, la gestión libertaria llevó adelante en este corto tiempo una buena cantidad de medidas que tienen por objetivo obstaculizar o paralizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se construyeron en estos 40 años de democracia.
En un informe que se va a difundir este lunes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta hicieron un relevamiento de estas medidas tomadas desde diciembre por el Poder Ejecutivo y que marcan un gran retroceso en materia de derechos humanos.
“La política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras”, señala el documento, titulado “Terrorismo de Estado y políticas de memoria, verdad y justicia a seis meses del gobierno de Javier Milei”, en el que se repasan cómo estas decisiones afectaron tres ejes: los juicios por crímenes de lesa humanidad, los espacios de memoria y las políticas reparatorias.
En el caso de los juicios, el CELS señala varias medidas que afectaron el desarrollo de las investigaciones y de las audiencias. Una de las principales es que el Ministerio de Defensa haya finalizado la tarea del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, un área que contribuyó al proceso de justicia con documentación clave para conocer estructuras del sistema represivo e identificar represores.
Destaca también el cierre del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del INCAA, que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, y la reciente negativa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de responder pedidos de información sobre los archivos de las instituciones y fuerzas de seguridad que presentó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
A estas acciones, se suman que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) discontinuó la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos y que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación demora la designación de una persona que coordine el trabajo del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, entre otra documentación crítica.
Sobre los sitios de memoria, el informe explica que la Dirección Nacional de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos está aún vacante y que las obras de infraestructura proyectadas fueron suspendidas en su totalidad. Los despidos en la Secretaría, muchos de ellos luego revertidos por la lucha sindical, había afectado directamente el funcionamiento de sitios y espacios de memoria. El CELS recuerda también las visitas y actos con militares de la promoción 78 que se realizaron en los últimos meses en el Espacio de Memoria ex ESMA con elogios a la Armada.
El último punto analizado son las políticas reparatorias, que consisten en una serie de leyes de resarcimiento económico para víctimas y familiares de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. A partir de una investigación y denuncia realizada por la gestión anterior sobre irregularidades en algunos expedientes, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona puso bajo sospecha todo el sistema y frenó todos los pagos hasta nuevo aviso.
Todas estas decisiones están atravesadas por un discurso reiterado de los máximos funcionarios del gobierno “que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las fuerzas armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal””, resume el CELS.
“El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, sostiene el organismo.
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