Un letrado que interviene en las causas de lesa humanidad reconoció que mantuvo, al menos, una comunicación con Beltrán Benedit. En Diputados dicen que hubo contactos con el excamarista Eduardo Riggi y con la abogada María Laura Olea. Riggi negó haber estado en un grupo de WhatsApp pero dijo que conocía a algunos de los legisladores.
La visita del 11 de julio al penal de Ezeiza es solo la punta del iceberg: más abajo se esconden una serie de maniobras y personajes que buscan la impunidad de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la última dictadura. Algunos de los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que fueron a encontrarse con Alfredo Astiz mantuvieron reuniones y recibieron asesoramiento de abogados que defienden a acusados por crímenes de lesa humanidad. En las versiones que recorren el Congreso, sobresalen el nombre de la abogada María Laura Olea y el de Eduardo Riggi, exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal.
Desde que se conoció la excursión a la Unidad 31 de Ezeiza, se abrió la caja de Pandora en el Congreso. Todos saben que es bastante poco lo que se conoció del encuentro y menos aún de cómo se gestó. Hasta ahora, el principal sindicado es el diputado entrerriano Beltrán Benedit como organizador de la expedición a los pabellones que ocupan los represores de la última dictadura.
Sin embargo, la historia no comenzó el 11 de julio. En la Cámara de Diputados hablan de encuentros en un palacete de la calle Montevideo al 800 –que tiene una bandera papal en su fachada–, de chats compartidos con abogados que defienden a condenados o acusados por lesa humanidad y de asesoramiento para los proyectos que debían motorizar.
Uno de los juristas a quien le atribuyen haber estado en contacto con los representantes libertarios para aliviar la situación de los detenidos de lesa es Riggi, quien hasta el año pasado integró la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Página/12 se contactó con el juez jubilado, quien aclaró que no había sido parte de la visita ni compartía un grupo de WhatsApp. Sin embargo, ante la consulta de si conocía a los diputados que fueron a Ezeiza, respondió: “Yo los conozco, como conozco a varias personas”.
El gobierno del Frente de Todos (FdT) se negó a prolongar la estadía de Riggi en la Casación. En 2007, fue denunciado como uno de los magistrados que obstruían el avance de los juicios de lesa humanidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que estuvo involucrado en una trama de sobornos para que la Sala III de la Casación interviniera en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y, de esa forma, mejorar la situación de los imputados. La fiscala Paloma Ochoa pidió su indagatoria.
El 25 de mayo del año pasado, Riggi firmó una solicitada en la que se reivindicaba la experiencia de la Cámara Federal en lo Penal –más conocida como el Camarón–, que funcionó como un fuero especial dedicado a la persecución de los militantes de los años ‘70. En el texto, se referían como “terroristas” a quienes fueron víctimas del accionar estatal –víctimas cuyos casos debió revisar Riggi en la Cámara de Casación.
Página/12 se comunicó con la abogada Olea para consultarle si había estado en contacto con los diputados. La abogada pidió no ser contactada por esta periodista ni por este diario y cortó sin más la comunicación.
Olea es una vieja conocida de Riggi. Fue secretaria de su vocalía en la Cámara de Casación. Debió renunciar al tribunal envuelta en un escándalo cuando se supo que alternaba sus tareas como funcionaria judicial con la defensa de su padre, Enrique Braulio Olea, uno de los jerarcas del V Cuerpo de Ejército que terminó condenado por crímenes contra la humanidad. Olea es defensora en las causas de lesa e integra la Asociación Justicia y Concordia, que defendió públicamente la visita de los diputados a los represores que están alojados en Ezeiza.
Un día después de que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, Olea y su colega Ricardo Saint Jean –hijo del interventor bonaerense durante la dictadura, Ibérico Saint Jean– hicieron su gran apuesta en los tribunales para lograr la excarcelación de los detenidos por lesa humanidad. Pidieron a la Casación que hiciese un plenario –una instancia excepcional en la que participan todos los jueces del tribunal– para fijar las condiciones en las que los mayores de 70 años pueden acceder al arresto domiciliario.
El argumento de Olea y Saint Jean era que no había una jurisprudencia uniforme en la Casación, ya que la Sala III –la que había integrado Riggi, entre otros– tenía una postura diferente a la del resto de las salas. El presidente del tribunal, Mariano Borinsky, llevó el tema a un acuerdo de superintendencia el mismo día en que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, iba a visitar la Casación. La cuestión no se abordó entonces porque el camarista Guillermo Yacobucci estalló de ira ante lo que entendió que era una maniobra e hizo saber que él y sus dos colegas de la Sala II, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, no estaban de acuerdo.
La petición de Olea y Saint Jean fue finalmente rechazada en marzo por Borinsky, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Ledesma. En un encuentro que mantuvo con referentes de organismos de derechos humanos la semana pasada, Borinsky celebró esta decisión de la Casación.
El rechazo fue un verdadero golpe para los grupos que reclaman la libertad de los represores de la última dictadura. Al pedido de Olea y Saint Jean se había plegado la organización Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, creada en 2017 –después de que fracasó el intento del 2×1 de la Corte Suprema. Este grupo tiene como referente a Guillermo Fanego, uno de los defensores particulares más activos en las causas de lesa humanidad y que suele denominar “delincuentes” a las víctimas de los campos de concentración.
Un abogado que interviene en la defensa de acusados por crímenes aberrantes reconoció ante este medio que había estado en contacto con Benedit, aunque no dio detalles. Benedit lleva meses visitando las unidades penitenciarias en las que están alojados los represores de la dictadura. El 15 de marzo estuvo en Campo de Mayo junto a su colega Alida Ferreyra Ugalde. En un posteo emocionado que publicó al día siguiente de esa excursión se refirió a los condenados por secuestros y torturas como “patriotas” y le dijo a la hija de uno de ellos que estaban trabajando por su “pronta liberación”. Todo quedó registrado en su cuenta de Instagram.
Benedit es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y está ligado a la Unión de Promociones, una asociación creada en 2005 para impugnar los procesos por crímenes de la dictadura. Es cercano a Villarruel, que milita desde hace más de 20 años en organizaciones de “memoria completa” que reivindican lo actuado por los militares.
Benedit fue quien se encargó de invitar a sus compañeros de bancada para ir al penal de Ezeiza y pidió también un transporte para trasladar a seis u ocho diputados, según figura en el registro que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le envió al diputado Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP).
Según Rocío Bonacci, fue Benedit quien recibió de manos de Raúl Guglielminetti –un represor del temible Batallón de Inteligencia 601– un papel que decía “ideas para la prisión domiciliaria”. Pese a la relevancia mediática que Benedit adquirió, en el Congreso le atribuyen al diputado Guillermo Montenegro –que hasta hace un tiempo fue la mano derecha de Villarruel y comparte con ella la fundación Oíd Mortales– haber sido la voz cantante en el encuentro con los genocidas.
Desde las cárceles salieron distintas iniciativas. Este diario reveló que dos funcionarios que habían estado en Campo de Mayo se llevaron un proyecto de decreto que establecía que los delitos debían juzgarse en un plazo máximo de 25 años, lo que influiría en todas las causas que están en trámite por crímenes cometidos hace más de 40 años. Ese boceto circulaba entre los diputados oficialistas al igual que un proyecto de ley que establece que el plazo máximo es de 20 años.
Página/12
