Javier Milei, quien llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción mediante la eliminación de la pauta oficial, se enfrenta a una dura realidad. En lugar de cumplir su promesa, su administración ha retomado el gasto millonario en publicidad, ahora canalizado a través de la AFIP, en un despliegue que pone en evidencia la hipocresía y el clientelismo que tanto criticó durante su campaña.
La promesa de un gobierno sin corrupción se desmorona con el regreso de la pauta oficial bajo la gestión de Santiago Caputo, revelando un esquema que desafía los principios libertarios.
El gobierno de Javier Milei se adentra en un terreno pantanoso al revocar una de sus promesas más contundentes: la eliminación de la pauta oficial. Esta política, que el presidente había enarbolado como símbolo de su combate contra el clientelismo y la corrupción, se ha convertido en un nuevo ejemplo de la hipocresía de su gestión. Bajo la supervisión de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente y primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el gobierno ha decidido inyectar más de 1.000 millones de pesos mensuales en publicidad, contraviniendo flagrantemente la promesa de “pauta cero”.
El plan de reactivación de la pauta oficial no solo contradice la retórica de campaña de Milei, sino que también revela una preocupante tendencia hacia el clientelismo político. La pauta, que supuestamente se utilizaría para promover el blanqueo de capitales, está siendo administrada de manera opaca, a través de la AFIP y con el control de Télam, la ex agencia oficial de noticias convertida en un brazo publicitario del Estado.
El control de esta estrategia publicitaria ha sido atribuido a Santiago Caputo, quien ha tomado decisiones clave sobre los montos y los medios que recibirán la pauta, actuando con una falta de transparencia que desafía el ethos libertario promovido por Milei. La selección de medios y la asignación de fondos se realiza a través de un proceso que carece de supervisión adecuada, y los empresarios de medios han expresado su indignación ante la falta de claridad y la posible corrupción implicada en estos manejos.
La reactivación de la pauta oficial se acompaña de la contratación de agencias privadas, que cobran comisiones de entre el 13% y el 17,5% del monto pautado. Este giro en la política de comunicación pública ha desatado críticas no solo por la contradicción con la promesa de “pauta cero”, sino también por la opacidad del proceso administrativo y la posible influencia de intereses privados en la asignación de fondos públicos.
La empresa AB Comunicaciones, dirigida por Carlos Azzariti, miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y vinculado al medio Página 12, ha sido una de las agencias señaladas en el entramado de la pauta oficial. La contratación de esta agencia plantea dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en la distribución de la publicidad oficial, exacerbando las sospechas de favoritismo y corrupción.
El retorno de la pauta oficial también ha puesto en evidencia tensiones internas dentro del gobierno. La reciente alteración en la estructura de medios y la disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei, la hermana del presidente, revelan un entorno de conflictiva gestión interna. Karina Milei, quien inicialmente supervisaba el área de Medios, fue desplazada después de que se hicieran evidentes las maniobras de Caputo en la administración de la pauta, lo que sugiere una falta de cohesión y un posible desacuerdo sobre la dirección y la ética de la política de comunicación gubernamental.
El incumplimiento de la promesa de “pauta cero” no es un fenómeno aislado. Ya antes de este giro, empresas estatales como YPF y Aerolíneas Argentinas habían sido implicadas en la asignación de grandes sumas en publicidad a medios, a menudo a través de terceras partes que complican aún más la transparencia del gasto público. En el caso de YPF, por ejemplo, el gasto de 10.000 millones de pesos en publicidad, canalizado a través de la agencia Sentidos, y la participación de figuras vinculadas a Santiago Caputo, subrayan un patrón de opacidad y favoritismo que contrasta marcadamente con la retórica de reforma y austeridad del gobierno.
La reiterada crítica de Milei a la gestión de la pauta oficial en gobiernos anteriores ahora se vuelve contra él mismo. La promesa de un gobierno “libre de pauta” ha sido reemplazada por un esquema que, bajo el pretexto del blanqueo de capitales, utiliza fondos públicos para influir en los medios de comunicación y fortalecer la narrativa oficialista. Este cambio de postura plantea serias preguntas sobre la verdadera intención detrás de la política de comunicación de Milei y si la administración actual está realmente comprometida con los principios de transparencia y austeridad que proclamó durante la campaña.
En resumen, la política de pauta oficial del gobierno de Javier Milei no solo traiciona una promesa central de su campaña, sino que también expone una serie de prácticas cuestionables que desafían la integridad de su administración. La falta de transparencia, el favoritismo en la asignación de publicidad y la creciente opacidad en la gestión de fondos públicos revelan una administración que, lejos de erradicar el clientelismo, parece estar perpetuando las mismas prácticas que criticó en el pasado.
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