El Gobierno busca ocultar su mala gestión atacando a la oposición. Agresiones verbales, represión y la deuda externa empeoran la situación. Mientras tanto, incendios devastan Córdoba y comunidades autogestionadas luchan por apagar el fuego. La falta de acción estatal ante el cambio climático refleja un modelo destructivo impulsado por intereses económicos.
La estrategia del Gobierno es clara: quieren ponernos a la defensiva para ocultar su mal Gobierno a través de agresiones verbales, físicas e institucionales. En ese contexto, derrochan agresiones desde el poder estatal, síntomas de que se vienen tiempos difíciles. Las palabras que usó el ministro Luis Caputo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las de Javier Milei contra periodistas disidentes, las de Patricia Bullrich contra mí, y ni hablar de personajes menores asociados al narcotráfico, como José Luis Espert, y a la timba financiera, como Ramiro Marra, que directamente piden cárcel, bala o linchamiento, son una incitación permanente a la violencia. Señalan a personas, esperan que las cosas sucedan y luego amplifican los hechos, glorificándolos.
Milei no entiende que cuando los funcionarios del Estado insultan, difaman y difunden fake news no están dentro de las “reglas del juego” porque existe una asimetría absoluta de poder, sobre todo cuando lo hacen quienes manejan el monopolio de la violencia que caracteriza al Estado: las fuerzas de seguridad. La investidura presidencial y los altos cargos en las instituciones requieren un estándar superior de conducta, precisamente porque el Estado de Derecho les asigna una responsabilidad mayor. Por ese motivo, por ejemplo, los funcionarios tienen penas agravadas en el Código Penal.
No ignoro que a veces en nuestro campo se han cometido —ciertamente en menor escala— abusos de poder. No debe volver a suceder. Nunca desde el poder gubernamental se puede individualizar a un ciudadano y someterlo al escarnio. Eso es muy distinto a enfrentar al poder real, que son las grandes corporaciones y ciertos poderes internacionales.
Cuando el Estado, a través de sus funcionarios, adopta una actitud represiva, persecutoria o difamatoria, las reglas del juego democrático se rompen. Esto es precisamente lo que el Gobierno está haciendo de manera deliberada y sistemática. El objetivo, insisto, es poner a toda la oposición a la defensiva, obligándola a justificarse y defenderse, desviando el debate sobre la realidad hacia el debate sobre las personas, para evitar que nos concentremos en la lucha contra un mal Gobierno con malas ideas, malas políticas y pésimos resultados.
El Gobierno se prepara para tomar más deuda externa. Está clarísimo a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga las tres reglas que deben cumplirse para “reestructurarla”, reglas que se establecieron debido a la desastrosa gestión de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. Son reglas relativamente sencillas. Hay que mejorar dos de tres condiciones: 1) capital, 2) intereses y 3) plazos. Si no, es un buen negocio para los buitres pero un mal negocio para el país. Incendiar nuevamente el país. Caputo sabe de eso.
Así como hay plata y beneficios para todos los buitres financieros donde tributan Federico Sturzenegger y Luis Caputo, así como hay subvenciones para la lumpenburguesía integrada por las empresas subsidiadas de la oligarquía del Llao Llao, no hay plata para la justicia social, para la panza de los pibes, para el bosque nativo, para las poblaciones rurales, para la lucha contra el cambio climático o para el manejo del fuego. En toda Punilla se quemaron 16.000 hectáreas. Mucha gente perdió todo y solidarizarse tibiamente por Twitter no alcanza: hace falta un Estado activo que resuelva. Se trata, como dirían ellos, de proteger la vida, la libertad y la propiedad de muchísimas personas… que no son precisamente Marcos Galperin o Elon Musk, pero sí ciudadanos argentinos que pagan acá los impuestos con los que la nueva casta del Gobierno oligárquico cobra sus dietas.
Lo que sucede en Córdoba es realidad, no ideología, narrativa ni discursos dulces o amargos. Es fuego que consume campos y bosques, miles de hectáreas de patrimonio nacional. El fuego, valientemente combatido por los bomberos, pero también por brigadas comunitarias, muchas de ellas integradas por nuestros compañeros, militantes populares tan despreciados por el modelo mental oficial.
Lo que sucede en Córdoba es realidad, no ideología, narrativa ni discursos dulces o amargos. Es fuego que consume campos y bosques, miles de hectáreas de patrimonio nacional. El fuego, valientemente combatido por los bomberos, pero también por brigadas comunitarias, muchas de ellas integradas por nuestros compañeros, militantes populares tan despreciados por el modelo mental oficial
Hace varios años se conformó la “Sacha Brigada” en San Marcos, que actúa en coordinación con brigadistas de varias localidades de Córdoba, ante la escasez de recursos de los bomberos y las características catastróficas de los incendios en esta zona. En el noreste de Córdoba está lo poco que queda de monte nativo. Estas brigadas comunitarias, que autogestionan sus recursos y llevan años capacitándose, coordinan equipos de voluntarios y vecinos autoconvocados.
“La comunidad se organiza en distintas instituciones y se coordinan tareas. Algunos cocinan, otros cosen las ‘monjitas’ para que, cuando subimos a apagar incendios, tengamos la cabeza protegida. Otro grupo arma herramientas para combatir el fuego y otros coordinan la logística para llevar agua a los lugares más hostiles”, me comenta un compañero.
Solo en San Marcos Sierra, 200 vecinos combatiendo los incendios se sumaron a los 120 bomberos. Eso hizo que el fuego no llegara al pueblo. De lo contrario, habría sido una catástrofe. Cuando el Estado no alcanza, la organización comunitaria aparece y muestra la magnitud de la capacidad creativa del movimiento popular. Los felicito y los acompaño de corazón. Como diría el Papa Francisco, “sin amor esto no se entiende”.
Los incendios en Córdoba tienen múltiples causas y no son nuevos, pero el cambio climático —que el Gobierno nacional niega—, los focos intencionales para desmontar lo que no se puede desmontar, la derogación de facto de la Ley del Fuego y el incumplimiento de la Ley de Bosques son parte de los responsables. Los popes del agronegocio, agrupados en la Sociedad Rural, piden sin pudor y en medio de la tragedia ¡más poder para desmontar el bosque nativo!
En Entre Ríos también son cada vez más grandes los incendios intencionales, un verdadero atentado contra los humedales que regulan los flujos hídricos. Todavía no se atreven a decirlo abiertamente, pero los que ganan con este modelo productivo —básicamente empresas inmobiliarias o brokers del agronegocio— creen que es un sacrificio necesario para seguir “progresando”. Antes mataron indios, ahora destruyen el ambiente.
En el Norte Grande o la Patagonia, algo similar pasa con la megaminería en particular de litio y minerales raros. Los grandes jugadores no tienen ningún reparo en destruir suelo, subsuelo y comunidades, envenenar las aguas y llevarse el patrimonio común en pala con el apoyo de aparatos políticos ensobrados o ganados a la ideología del neodesarrollismo bobo.
La situación es sintomática de la locura que estamos viviendo. El país se prende fuego mientras las máximas autoridades de la Nación argentina tocan la campana de Wall Street y nos agreden con el martillo de los especuladores en la mano. Nosotros nos defendemos de agresiones personales vociferantes cuando el Gobierno, silenciosamente, agrede a nuestro pueblo. Es la cultura de la doma: animalizar a la disidencia y a los marginados, zombificarlos, deshumanizarlos, para justificar la barbarie. Esto fue inventado hace tiempo por los fascistas, ampliado por los nazis, importado por los golpistas del ’55 y los genocidas del ’76, y ahora retomado por los anarcocapitalistas. No caigamos en la trampa de la victimización. Recordemos a Walsh cuando estableció con claridad en un momento mucho peor a este en términos de violencia política contra la oposición a la dictadura que “en la política económica de ese Gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos”.
El país se prende fuego mientras las máximas autoridades de la Nación argentina tocan la campana de Wall Street y nos agreden con el martillo de los especuladores en la mano. Nosotros nos defendemos de agresiones personales vociferantes cuando el Gobierno, silenciosamente, agrede a nuestro pueblo. Es la cultura de la doma: animalizar a la disidencia y a los marginados, zombificarlos, deshumanizarlos, para justificar la barbarie
En este sentido, llamo a la conciencia de nuestra militancia. Hay que ir al frente, no defenderse de los agravios, mucho menos priorizar las inevitables disputas internas sobre la batalla contra los adversarios de los principios de Justicia Social y Ecología Integral. Adoptemos una posición de combate frontal contra este modelo criminal de miseria planificada en defensa del pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales que establece la Constitución Nacional. Demos sin concesiones ni pensamientos mezquinos la batalla cultural contra los genios de la economía que encierran a las personas en creativas tablas de Excel donde los de abajo son siempre la variable de ajuste. Que la avaricia y la violencia de unos pocos no sea la chispa que incendie nuestra patria. Que el agua que falta en Córdoba nos dé sed de justicia y que el fuego que arrasa nuestros bosques encienda esa fuerza indestructible que es un pueblo consciente de sus derechos.
Juan Grabois – El DiarioAR
