Las decisiones del Poder Ejecutivo, desde su asunción, afectaron 20 años de trabajo, pero además estigmatizó a las instituciones y organismos de derechos humanos.
Manuel Adorni sonríe frente al atril de la sala de conferencias de la Casa Rosada. La foto que captura ese momento fue tomada el 21 de mayo de 2025 durante la conferencia de prensa que dio el por entonces vocero presidencial, e ilustra un resumen de su intervención publicado en la web oficial del gobierno. El título recoge una cita suya: “Desde que asumió esta administración, ya se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y se dieron de baja cerca de 45.000 contratos”. La satisfacción que refleja la imagen sugiere que se trata de una buena noticia.
Entre las medidas que permitieron el recorte, explicó Adorni ese día, estaba la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos en Subsecretaría. Eso permitió achicar un 40% de su estructura y un 30% de su personal. “La cartera ahora sí se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, planteó.
Dos días antes, el 19 de mayo de 2025, el todavía secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, había solicitado formalmente la suspensión del trámite judicial de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar, hechos sufridos por más de 1.700 personas. Su argumento había sido la falta de representación letrada producto de los despidos que su propia gestión había producido. Fin.
Nada de esto fue un error
Las trabas que el gobierno nacional introdujo en el proceso de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado no comenzaron ahí. El 27 mayo de 2024, casi un año antes del anuncio de Adorni, el Ministerio de Seguridad ya se había negado a responder pedidos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) mientras investigaba casos de apropiaciones de niños. En el comunicado firmado por la entonces ministra Patricia Bullrich no solo se cuestionaban las facultades con las que ese organismo venía trabajando en coordinación con jueces y fiscales desde hacía 20 años, sino que se expresaba su oposición a “los caprichos políticos de un organismo militante”.
Poco después, en septiembre de 2024, el entonces ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, tuiteó: “El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro”. El mensaje, que ya no puede leerse porque el ex ministro borró su cuenta en X, incluía un cálculo falaz que nunca fue explicado por el Poder Ejecutivo.
“El gobierno tiene una posición discursiva muy fuerte de estigmatización contra los derechos humanos y un programa de desguace de las políticas de memoria, verdad y justicia. Estos no van por caminos separados: el discurso que habla del ‘curro’ de los derechos humanos abre la puerta para el desguace de las políticas públicas, y cuando las desmontan, lo acompañan de esa justificación discursiva”, señala Marcela Perelman, directora del área de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Cada medida va acompañada de un posicionamiento político regresivo; no se inscribe en una lógica de ajuste económico, sino de combate ideológico, por eso hablamos de una ‘motosierra ideológica’”, razona.
Los hechos hasta aquí mencionados son solo algunas muestras de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei que fueron recopiladas en el informe “Bajo asedio: las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista”, elaborado por Memoria Abierta, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS Capital, con el apoyo de las fundaciones alemanas Friedrich Ebert, Rosa Luxemburgo y Heinrich Boll. Allí, las organizaciones de derechos humanos muestran cómo las decisiones del Poder Ejecutivo desde su asunción afectaron a la totalidad de las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero además señalan que esa destrucción se reforzó con un discurso oficial que buscó estigmatizar a las instituciones, a los trabajadores, y a los colectivos que las impulsaron o gestionaron. También plantean que esa narrativa propuso un sesgo favorable a la reivindicación de las Fuerzas Armadas y a su repolitización.
Devuelvan a los nietos
La desaparición forzada de personas es un delito imprescriptible porque, mientras no se conozca el paradero de la persona, se sigue cometiendo. Lo mismo ocurre con la apropiación de niños y la sustracción de su identidad. Por eso el Estado argentino está obligado a tomar medidas concretas para buscar la verdad, hacer justicia y reparar el daño causado.
Sin embargo, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo decidió cerrar por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI), un grupo de trabajo que desde la creación de la CONADI investigaba y analizaba documentación en casos de apropiaciones. También recortó el financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se encuentran las muestras biológicas de los familiares que buscan a niños y niñas desaparecidos, y lo tuvo acéfalo durante varias semanas paralizando análisis genéticos ordenados por la justicia.
“Lo que buscan es desprestigiar, generar sospechas y después, obviamente, desfinanciar. En el momento en que el Estado se retira de apoyar a la sociedad civil, y se retira de sostener medidas activas para fortalecer y mantener el Banco Nacional de Datos Genéticos y la CONADI, básicamente debilita todas las patas de la búsqueda. Y esto necesariamente redunda en que cada vez sea más difícil tener recursos para dar respuesta a la gran cantidad de personas que tienen dudas sobre su propia identidad o sobre las cuales se tiene sospechas de que podrían ser hijos e hijas de detenidos desaparecidos”, razona Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.
La memoria en disputa
Durante la última dictadura funcionaron en la Argentina más de 800 centros clandestinos de detención y tortura. El número abruma y sirve para dar cuenta de la planificación minuciosa de la represión implementada por el gobierno de facto (para dimensionarlo podés cargar acá la dirección de tu casa o tu trabajo e identificar a cuántos metros había un campo de concentración). Muchos de ellos fueron señalizados y algunos pocos transformados en sitios de memoria con el objetivo de que sirvan para contar la historia de lo que ocurrió.
Según el informe “Bajo asedio”, los sitios cuyo funcionamiento dependía del gobierno nacional sufrieron un vaciamiento que incluyó recortes presupuestarios, falta de trabajos de mantenimiento y despidos de personal. El caso más emblemático seguramente sea el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí, el Juzgado Federal N° 12, a cargo de la investigación de los delitos cometidos en ese predio, tuvo que ordenar dos veces a las autoridades que aseguraran el personal necesario para garantizar las tareas de mantenimiento, conservación, investigación, coordinación pedagógica y atención a visitantes. Así y todo fue necesario reducir los días de apertura al público de 6 a 4 por semana a raíz de la falta de profesionales.
“Si los sitios de memoria se sostienen es porque las comunidades de sobrevivientes, familiares y trabajadores ponen el cuerpo. Además, en el caso de la ESMA, hubo una comunicación oficial del gobierno con la intención de modificar tanto la muestra permanente como un video del recorrido por considerarlos ‘parciales’. Ese proceso quedó en pausa solo porque hubo un cambio reciente de autoridades en el Ministerio de Justicia”, alerta Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, una alianza de organizaciones de derechos humanos que trabaja para sistematizar y dar acceso a archivos documentales, testimonios y relevamientos topográficos de la última dictadura.
A lo largo de estos años varias actividades previstas en el marco de los sitios de memoria fueron canceladas por decisión de la subsecretaría de Derechos Humanos o del Ministerio de Justicia, entre ellas un recital del músico Milo J por ser considerado un “acto político”. A partir de entonces se emitió una directiva en la cual es necesario pedir autorización para la realización de cualquier actividad con un plazo mínimo de 20 días.
La motosierra no para
El informe de las organizaciones de derechos humanos se presentó en diciembre de 2025. Ese mismo mes, el Poder Ejecutivo nombró como ministro de Defensa a Luis Alberto Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino. Presti asumió manteniendo el cargo de Teniente General, para lo cual Javier Milei modificó por decreto la Ley para el personal militar, rompiendo una tradición consolidada desde el fin de la última dictadura: quien asumiera funciones públicas debía solicitar el pase a retiro. “El mensaje del gobierno fue muy fuerte: afirmaron que sentar a un militar en actividad en la mesa del gabinete simbolizaba el final de la ‘etapa de ensañamiento con las fuerzas armadas’, lo que hacía alusión al proceso de memoria, verdad y justicia”, reflexiona Perelman, del CELS.
En esa misma línea puede leerse el decreto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, firmado el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que todos los gobiernos toman medidas que pretenden hacer pasar desapercibidas. Allí se estableció por definición que las actividades de la SIDE son encubiertas (sin posibilidad de control civil), se facultó a sus agentes a detener personas sin orden judicial y se expandió el concepto de “contrainteligencia” eliminando las prohibiciones que buscaban impedir el espionaje político. En un borrador del Plan de Inteligencia Nacional filtrado unos días antes en los medios, y nunca desmentido por el gobierno, incluso se identificaron expresamente como “enemigos internos” a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o “deslegitimaran” al gobierno.
”Los sistemas de inteligencia siempre funcionan en tensión con la democracia y con los derechos de las personas”, aclara Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS. “Lo que pasa es que en países con sistemas más profesionalizados tienen controles mayores y no se los instrumentaliza para objetivos políticos, electorales o de intervención sobre la conflictividad social, como se hace acá”, advierte.
¿Y ahora qué?
El 24 de marzo de 2024, en el primer aniversario del golpe bajo la presidencia de Javier Milei, el gobierno difundió un video en el que relativizó el número de desaparecidos y desarrolló una historia en la que planteaba que la cifra de 30 mil víctimas estaba vinculada con un negocio espurio de los organismos de derechos humanos.
En 2025, en línea con el planteo de la motosierra ideológica, el gobierno lanzó otro video titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, en el que que calificaba a las políticas públicas tomadas por gobiernos anteriores como una “destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos”.
Ese mismo día, a través de otra conferencia de prensa del por entonces vocero Manuel Adorni, el Ejecutivo anunció la desclasificación de los archivos de la SIDE del período 1976-1983 y su transferencia al Archivo General de la Nación (AGN). El anuncio generó sorpresa: ¿si hasta entonces había obstaculizado el acceso a los archivos, por qué ahora quería hacerlos públicos?
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, lo analiza así: “Los archivos están en el centro de la disputa porque, por un lado, contienen la información que comprueba las responsabilidades de las fuerzas en la represión ilegal. Pero, al mismo tiempo, acervos como el de la SIDE también pueden tener información sobre las organizaciones armadas que, al hacerla circular públicamente sin ninguna contextualización, puede servirles para alimentar la narrativa de la ‘memoria completa’ o la ‘teoría de los dos demonios’”.
Cualquiera sea la estrategia del gobierno para este aniversario, las organizaciones de derechos humanos aspiran a que sea la movilización social la que impida un retroceso. El éxito que ha tenido el gobierno para avanzar en medidas históricamente muy combatidas como la reforma laboral o previsional no las amedrenta. “Esta siempre ha sido una lucha social y resistente”, recuerda Torras. “Tengo la expectativa de que llegar a los 50 años del golpe en un contexto tan desfavorable nos permita reconectarnos con ese anclaje y reactivar el carácter basista de los derechos humanos. Ojalá sea una marcha muy numerosa que funcione como bisagra frente a las ofensivas de este gobierno”.
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