Se trata de la manzana donde hoy funciona el Centro Postal Internacional. Incertidumbre sobre lo que harán las nuevas autoridades
El decreto es de fines julio de 2019, cuando Mauricio Macri y su entorno soñaban que con una diferencia negativa de hasta cinco puntos en las PASO podría ganar las presidenciales de octubre. Diez días después de esa críptica publicación en el Boletín Oficial fue el viernes de fiesta en los mercados y tres días más tarde, con el resultado de las internas ya conocido, llegó las semana negra para la economía argentina, con devaluación de más de 20% y el riesgo país por las nubes.
El decreto número 518 detalló con la sola precisión de direcciones y ninguna descripción extra una serie de inmuebles que el Estado nacional, por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, se encontraban en “condiciones de disponerse y/o enajenarse”. Entre ellos estaba la propiedad que el Correo Argentino tiene en Retiro, pegado a los tribunales federales de Comodoro Py, desde donde administra los envíos internacionales.
El decreto autoriza al Correo a vender esa propiedad, cosa que no se hizo hasta el momento. Se desconoce que harán al respecto las nuevas autoridades de la empresa con una propiedad que, según estimaciones privadas, tiene un valor de al menos USD 17 millones. “No hay comentarios sobre ese tema”, aseguran en el Correo.
“En los supuestos de inmuebles afectados al uso de alguna de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, se verifica la subutilización de los mismos, considerando su ubicación y capacidad constructiva, resultando antieconómico mantenerlos en el destino actual, en función de su potencial inmobiliario y urbanístico”. Y entre ellos está el “inmueble sito entre Avenida Antártida Argentina, calle Letonia, calle Combate de Costa Brava y calle Comodoro Py”.
Actualmente allí funciona el Centro Postal Internacional (CPI) de Correo Argentino y el predio tiene una superficie de casi 13.000 metros cuadrados. Si bien el decreto no implica que Correo Argentino deba o pretenda ejecutar esa opción de forma inmediata, el documento deja abierta esa posibilidad para que se lleve a cabo en el momento en que la empresa lo disponga.
“Según la tabla del gobierno de CABA, que utiliza para la liquidación de Plusvalía, el valor de incidencia de tierra en la zona sería de 2.199 UVAs que al valor de 50,49 de hoy darían $111.027,51, alrededor de USD 1.350. Un valor muy alto para las condiciones actuales y más teniendo en cuenta la envergadura de la inversión en construcción teniendo en cuenta la superficie de tierra”, detalla José Rozados, de Reporte Inmobiliario en diálogo con Infobae.
Se desconoce que harán al respecto las nuevas autoridades de la empresa del estado con una propiedad que, según estimaciones privadas, tiene un valor de al menos USD 17 millones
“Serían unos USD 17 millones de mínima para ese inmueble y su reaprovechamiento futuro, independientemente de su uso actual para un desarrollo inmobiliario. El valor final dependerá de los indicadores objetivos de cantidad de metros cuadrados para un desarrollo inmobiliario que finalmente admita el gobierno de CABA”, detalla.
“Resulta conveniente poner a disposición de terceros, a través de procesos de disposición y/o enajenación, los inmuebles considerados inadecuados para las necesidades de gestión del Estado Nacional, a fin de incentivar la puesta en valor de los mismos con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y maximización de su potencial urbanístico, promoviendo la cooperación con el sector privado a través de la construcción y la generación de empleo genuino”, agrega el decreto.
Allí mismo se menciona, además, otros seis terrenos. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, dos de ellos son transferencias: uno a Capital, parte de la Cárcel de Caseros, una transferencia ya realizada; y otro al Municipio de Las Higueras, en Río Cuarto, que se sigue tramitando. Otro será la venta de parte de la Estación Saenz Peña (3 de febrero) y cuatro estarán bajo el esquema de ingresos del 70% (jurisdicción de origen) y 30% (Tesoro Nacional).
El Correo Argentino es una sociedad anónima del Estado. Con la nueva gestión hubo cambio de autoridades y la presidencia ahora la ocupa Vanesa Piesciorovski, una dirigente vinculada a La Cámpora, quien reemplazó a Luis Freixas Pinto y ya ocupó la vicepresidencia durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Según fuentes cercanas a Cambiemos, el kirchnerismo dejó un déficit de $7.700 millones en la empresa contra un cierre de 2019 que terminó en un rojo de $800 millones. “Subieron mucho las contrataciones y los gastos que se habían bajado”, argumentan.
Cuando se privatizó el Correo, en 1997, la empresa Correo Argentino SA (CASA), del Grupo Macri, se hizo cargo del servicio. Luego de varios conflictos y acusaciones sobre deudas y pagos de cánones, Néstor Kirchner retiró la concesión, en 2003. En ese momento se creó Correo Oficial de la República Argentino Sociedad Anónima (Corasa). Correo Argentino SA (CASA) es una empresa residual intervenida por Estado.
AABE cuestionado
La Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, es un organismo que fue cuestionado casi desde el minuto uno de la administración de Alberto Fernández, quien puso bajo revisión la cesión de terrenos que ordenó Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires antes del 10 de diciembre de 2019.
Este terreno del Correo no están en la lista cuyos traspasos se firmaron entre el 19 de septiembre de 2019, poco después de las PASO y cambio de mandato.
De acuerdo con un informe presentado por las actuales autoridades de la Agencia, se pusieron bajo revisión 31 escrituras que contemplaban el otorgamiento del control de cerca de 100 inmuebles a la Capital Federal. Diez de las 31 escrituras fueron realizadas entre el 12 de septiembre y el 22 de noviembre de 2019, en el marco del convenio Paseo del Bajo (establecido el 23 de noviembre de 2018) y del Decreto 87/2019 (del 29 de enero de 2019). Esa zona nueva, de sumo interés para el sector privado, fue tasada por referentes del mercado inmobiliario en 5.457.610.000 pesos (más de cinco mil millones de pesos).
(Infobae)
