El modo en que se elaboró el pasado, tanto en la justicia como en la memoria, mutó con cada contexto y cada clima político. ¿Hay acuerdos que perduran?
La Argentina conmemora medio siglo del último golpe militar de su historia. Lo hace en una escena política novedosa y disruptiva, en la que el crecimiento de diferentes expresiones de la derecha amplifica el lugar en la opinión pública de las voces que cuestionan consensos fundantes de la etapa democrática iniciada a finales de 1983. No es la primera vez que esos consensos son impugnados, pero sí es la primera vez, en cuatro décadas, que la impugnación proviene del propio Estado. Esta situación inédita convoca a revisar el modo en que nuestro país elaboró su relación con el pasado traumático: ¿qué tipo de legitimidad pretendió construir la dictadura? Y, ¿qué contenido y significado se le dio al consenso democrático que rechazó los crímenes cometidos? ¿Qué nos dice ese recorrido sobre la solidez de los acuerdos que organizaron la vida democrática desde entonces?
El golpe del 24 de marzo de 1976 no fue una sorpresa para nadie. Jaqueado por una gravísima crisis política y económica, el gobierno de Isabel Perón había convocado elecciones adelantadas. La inminencia de una asonada militar estaba en boca de toda la dirigencia y era anticipada abiertamente por la prensa. El poder castrense había sido desde la década de 1930 un componente estructural de la vida política argentina, que alternó durante décadas entre gobiernos civiles y militares.
La dictadura de 1976, sin embargo, se distinguió de sus predecesoras. Se propuso una reconfiguración radical de las relaciones entre el Estado y una sociedad que percibía como corrupta y enferma, y aplicó un plan represivo clandestino y sistemático de una escala inédita en nuestro país.
Los años que van de 1969 al golpe estuvieron marcados por una efervescencia política y social de una intensidad extraordinaria. Diferentes sectores de la juventud adquirieron protagonismo y participaron de una experiencia política radicalizada, desde el Cordobazo al retorno de Perón en 1973. Se sumergieron en un entramado convulsionado que anudaba conflictivamente el peronismo y el marxismo, el nacionalismo y el internacionalismo, la fe cristiana y la utopía socialista. Fueron protagonistas a la vez de un ciclo de violencia política que el triunfo electoral de Perón no consiguió apaciguar y que se espiralizó dramáticamente luego de su muerte en julio de 1974.
¿Hubo un consenso dictatorial?
En ese agitado contexto, la dictadura que inició en 1976 tuvo entre sus objetivos el combate contra lo que llamaron “subversión”. Las organizaciones guerrilleras fueron rápidamente diezmadas y desarticuladas a través de una estrategia de represión brutal clandestina y planificada. Los militares argentinos habían sido entrenados en el combate “contrainsurgente” a través de la influencia de la “escuela francesa” y de la norteamericana “escuela de las américas”, con sede en Panamá. Allí incorporaron lo que se conoció como Doctrina de Seguridad Nacional, según la cual las fuerzas armadas debían prepararse para combatir un enemigo ideológico interno.
La dictadura buscó legitimarse ante una sociedad atemorizada. Se presentó como la alternativa ante el caos, la violencia y la parálisis del período anterior. Los historiadores han hecho esfuerzos por dimensionar la densidad de los apoyos sociales que obtuvo la dictadura y sus alcances. Pero las mismas características de un régimen opresivo, que limitó y censuró la actividad política y sindical, acota la disponibilidad de fuentes y testimonios de la época que permitan obtener conclusiones rápidas. Sabemos que el golpe contó con el respaldo de algunos sectores civiles con poder: una parte del empresariado, la jerarquía de la Iglesia católica, y los principales medios de comunicación. La dirigencia partidaria tradicional, por otra parte, recibió el golpe con actitudes que oscilaron entre la resignación y el oportunismo.
Entre los sectores menos politizados de la sociedad es posible que la dictadura haya obtenido un “apoyo tácito” inicial que no fue homogéneo ni sostenido, fue más pronunciado en los sectores medios y altos que en la clase trabajadora, que padeció con mayor brutalidad tanto la represión como el deterioro de sus condiciones de vida y que convivió desde temprano con el rechazo a las políticas económicas. El régimen, por su parte, no requería adhesión activa: bastaba con la ausencia de disidencias notorias y de resistencia organizada. Suspendió los canales de participación política tradicionales y cubrió el terror con una opacidad deliberada, hablando de “traslados” y “disposiciones finales”, procurando borrar las huellas de las desapariciones y los macabros crímenes cometidos e invocando una “campaña antiargentina” cuando estos fueron denunciados.
La fundación del “consenso democrático”
Estas actitudes sociales fueron cambiando hacia el final del proceso. Los fracasos económicos y la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982 sellaron la suerte de la dictadura. El régimen se desplomó y abrió una transición a la democracia en la que los militares tuvieron poco margen de negociación. Aún así, como ocurrió en otras experiencias en el mundo, se imponían una serie de dilemas: ¿juzgar a los militares o dar vuelta la página en nombre de la reconciliación? ¿Combatir el olvido para permitir el trabajo del duelo o renunciar a la memoria para no reabrir heridas?
La Argentina no encontró una sola respuesta a esas preguntas, encontró muchas, y fue cambiándolas a lo largo de cuatro décadas. El modo en que se elaboró el pasado, tanto en la justicia como en la memoria, mutó con cada contexto y cada clima político. Por eso, hablar de un “consenso democrático” es casi un espejismo. La etiqueta es la misma, pero lo que cada etapa política hizo con eso fue distinto. Las bases de ese consenso y la mirada al pasado setentista fueron diferentes para el alfonsinismo, el menemismo o el kirchnerismo.
Si hubiera que condensar el “consenso democrático” de los años de Raúl Alfonsín en una fórmula, podría ser esta: democracia con justicia y denuncia de las dos violencias. Ambos elementos tomaron forma en los dispositivos institucionales que impulsó el gobierno con la CONADEP, cuyo informe Nunca Más documentó los crímenes de la represión y se convirtió en un fenómeno editorial; el Juicio a las Juntas de 1985, que condenó a los máximos responsables del terrorismo de Estado; y el procesamiento de las cúpulas guerrilleras. El primer consenso democrático se sostuvo, entonces, sobre una fuerte convicción: sin justicia, la democracia quedaba renga. Por primera vez en la historia de las transiciones, un país juzgaba a los responsables de violaciones a los derechos humanos con su propia justicia, sin tribunales internacionales de por medio.
Un gobierno, un enfoque
En el plano de la memoria, la democracia alfonsinista exigía una doble denuncia: la de la violencia estatal y la de la violencia revolucionaria, cuyos responsables también fueron llevados ante los tribunales. Esa lógica atraviesa el célebre prólogo del Nunca Más: “A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”. A menudo se le adosa al prólogo la etiqueta de “teoría de los dos demonios”, pero conviene leerlo con más cuidado porque la propia frase establece una jerarquía explícita —un terrorismo “infinitamente peor”— que hace difícil hablar de equiparación. Esa narrativa incluía otras implicancias, la sociedad había sido una víctima pasiva de aquellas violencias.
La apuesta alfonsinista estuvo desde un comienzo amenazada. Los levantamientos carapintadas mostraron que el poder militar no había sido completamente domesticado, y el gobierno cedió: las leyes de Punto Final de 1986 y Obediencia Debida de 1987 limitaron el alcance de los juicios. El ideal de justicia se subordinó a las necesidades de gobernabilidad. Sin embargo, al terminar el gobierno de Alfonsín, los miembros condenados en el juicio a las juntas seguían presos. La base fundamental de la fórmula del consenso democrático se sostenía.
Con Carlos Menem, el “consenso democrático” cambió de signo. Si hubiera que condensarlo en una fórmula, sería esta: democracia sin justicia y reconciliación para los bandos en disputa. Menem, que había padecido la dictadura en carne propia, no pretendía ignorar el pasado sino clausurarlo, ofrecer una narrativa de perdón y concordia nacional que permitiera, de una vez, dar vuelta la página. En el plano judicial, indultó tanto a los militares condenados como a los jefes de las organizaciones armadas.
Pero el gesto no se agotaba en el perdón legal, se trataba también de reescribir la memoria. En 1998, Menem propuso demoler la ESMA —el mayor centro clandestino de detención de la dictadura— y levantar en su lugar un monumento a la reconciliación nacional. La imagen lo dice todo: donde hubo horror, debía haber un símbolo de concordia. La violencia estatal y la revolucionaria ya no se denunciaban, se las invitaba a darse la mano. Para el menemismo, las bases de la democracia no pasaban por la justicia ni por la memoria, sino por el olvido, dejar atrás la discordia, la desunión y los resentimientos era la condición para seguir adelante.
La era del kirchnerismo
Pero la claudicación del Estado no aplacó las demandas de memoria y justicia que persistieron en la sociedad. Distintos organismos de derechos humanos se movilizaron, especialmente en la segunda mitad del gobierno, construyendo canales alternativos para los reclamos de justicia, como los escraches o memoriales, frente al silencio y la renuncia de las instituciones. La llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003 retomó esas demandas y le dio al consenso democrático un nuevo significado: democracia con justicia y denuncia del terrorismo de estado. En el plano judicial se reabrieron los juicios, mientras que en el memorial se creó el Espacio de Memoria en la ex ESMA, y se declaró el 24 de marzo como feriado nacional. Se construyó así una nueva memoria oficial.
Ese proceso tuvo consecuencias contradictorias. Por un lado, avanzó la justicia de manera significativa: se realizaron centenares de juicios y muchos represores fueron condenados. Por otro lado, la absorción por parte del estado de la agenda de derechos humanos generó nuevas divisiones. En 2006 se introdujo un nuevo prólogo al Nunca Más que propuso una mirada alternativa, se sugería críticamente que la versión de 1985 equiparaba “violencias contrapuestas” y se politizó a los actores sociales que habían sido las víctimas de la embestida disciplinadora de los militares. La memoria de la dictadura se volvió terreno de disputa partidaria. Los cuestionamientos a las políticas oficiales fueron señalados como traiciones o impugnados severamente.
Con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 la política de derechos humanos perdió centralidad y fue gradualmente marginada. El gobierno no ofreció un discurso unívoco ni organizó su propia versión del pasado dictatorial. Pero dio un nuevo espacio a voces que reclamaban una “memoria completa” y que habían ganado en intensidad a partir del rechazo de las memorias oficiales disponibles. Una escena significativa de esta nueva etapa tuvo lugar cuando la Corte Suprema de Justicia sancionó la aplicación del 2×1 para condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero aún en esa ocasión la medida encontró como respuesta una movilización masiva en contra.
¿Sigue vigente el consenso democrático?
El gobierno de Javier Milei representa algo cualitativamente novedoso. Antes que un intento de clausura o de un disimulado retiro del debate por la memoria, ofrece una impugnación desde el Estado de las narrativas establecidas sobre la dictadura y sus crímenes. Sabemos que los sectores militantes que apoyan al gobierno encuentran en la impugnación de esta memoria uno de los motivos de su “batalla cultural”. Y sabemos también que el gobierno obtuvo un apoyo significativo entre jóvenes, que pueden encontrar abstractas las discusiones sobre una dictadura de la que nos separan ya más de 40 años y tener en su campo de experiencia, en cambio, una acumulación de frustraciones con sucesivas experiencias democráticas más recientes.
No es seguro sin embargo que esa mitad de la sociedad que votó a Milei comparta en bloque las posiciones más extremas de su gobierno sobre el pasado dictatorial. El 24 de marzo de 2025 el gobierno conmemoró el aniversario del golpe con un video institucional en el que el ensayista Agustín Laje presentó una crítica de las narrativas sobre los crímenes de la dictadura, desplazando el foco hacia los crímenes cometidos por la guerrilla y reclamando el derecho a una “memoria completa”.
No fue un episodio aislado, el gobierno cultivó activamente una narrativa que cuestiona la legitimidad de los organismos de derechos humanos y de las políticas de memoria sostenidas durante décadas. Estos elementos forman parte de un fenómeno que excede a la Argentina: en distintos países, fuerzas políticas que se presentan como alternativa radical al establishment han hecho de la impugnación de los acuerdos sobre los crímenes del pasado uno de los recursos de su identidad disruptiva.
¿Su electorado comparte?
No es evidente, sin embargo, que estos argumentos tengan un eco muy amplio. Los datos disponibles invitan a cierta cautela. Algunas encuestas recientes indican que incluso entre los votantes de Milei existe una distancia significativa respecto de las posiciones más extremas del gobierno. Según sondeos específicos, el conocimiento de lo ocurrido en el país durante la última dictadura es alto y una significativa mayoría sostiene miradas de fuerte rechazo hacia la dictadura y sus aberrantes crímenes.
La experiencia comparada muestra que las sociedades que han atravesado traumas políticos de esta magnitud no elaboran su memoria de una vez y para siempre. La procesan en capas, con avances y retrocesos, y el consenso democrático puede fortalecerse o erosionarse según las políticas estatales, la calidad del debate público, y la disposición colectiva a sostener conversaciones incómodas.
La pregunta por la vigencia del consenso democrático no admite una respuesta simple. A medio siglo del golpe, la Argentina tiene a su favor una acumulación extraordinaria de experiencia: décadas de investigación histórica, testimonios documentados, juicios, y generaciones educadas en el conocimiento de lo ocurrido. Ese capital no es indestructible, pero si tiene bases sólidas tampoco se derrumba como un castillo de arena.
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