El Congreso debe actuar ahora, no solo para destituir a Trump, sino para garantizar que ningún presidente se arriesgue a comportarse de esta manera nuevamente.
El presidente de los estados unidos convocó a sus seguidores a Washington, DC, hoy, y luego se paró frente a la Casa Blanca y les mintió, insistiendo en que había ganado las elecciones y que eran necesarias medidas extraordinarias para reivindicar su victoria. Tomaron su mensaje en serio, marchando por el National Mall hacia Capitol Hill. Rompiendo barricadas y líneas policiales, banderas de batalla confederadas salpicando a la multitud, los insurrectos tomaron el control del Capitolio de los Estados Unidos, poniendo al Congreso en fuga.
Hace cuatro años, Donald Trump juró ejecutar fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y, en la medida de sus posibilidades, preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Perdió poco tiempo rompiendo ese juramento. El 18 de diciembre de 2019, la Cámara de Representantes cumplió a regañadientes y con retraso su deber constitucional, acusando al presidente por abusar de su poder y obstruir el Congreso. El Senado se negó a cumplir de manera similar con su propio deber constitucional, negándose a tomar los cargos en serio y no reuniendo la mayoría de dos tercios necesaria para la destitución. Solo un republicano, el senador Mitt Romney, reconoció la obvia verdad de los cargos y votó para destituir al presidente.
Trump ha roto hoy su juramento de una manera aún más espectacular. Las semillas sembradas por la reverencia republicana y la quietud del Congreso han dado ahora su amarga cosecha. Con su incitación a un asalto directo a la casa del pueblo, el presidente ha renunciado a su pretensión de terminar su mandato. La Cámara debe acusarlo nuevamente y el Senado debe votar para destituirlo. Y mientras lo hace, debe impedirle que vuelva a ocupar cargos públicos.
Un s la puesta de sol en Washington el viernes 21 de febrero de 1868, la nación se preparó en sí para una segunda guerra civil. En abierto desafío al Congreso, el presidente Andrew Johnson había destituido a su secretario de guerra, Edwin Stanton, y había designado al general Lorenzo Thomas en su lugar. Stanton se mantuvo firme. Puso una guardia armada fuera del Departamento de Guerra. El Gran Ejército de la República, el grupo de veteranos de la Unión, movilizó batallones de miembros vestidos de civil para patrullar la ciudad; su comandante comenzó a planificar una movilización secreta a nivel nacional. “Si se usa la violencia para expulsar al Sr. Stanton, cien mil hombres están listos para venir a Washington para devolverlo”, informaron los periódicos. Veteranos de la Unión, el San Francisco Chronicle Prometió, “quienes azotaron la flor de la Confederación, antes de que hubieran besado el polvo en la humillación de la derrota”, se dispuso a reanudar la lucha.
Sin embargo, Stanton no recurrió a la violencia, sino a la ley. Primero, apeló al Senado, que el viernes por la noche aprobó una resolución que respaldaba su posición, 29–6. Luego, juró una declaración jurada por el arresto de Thomas; El sábado por la mañana temprano, los agentes llevaron a Thomas a la corte, donde fue liberado con una fianza de $ 5,000. Pero el verdadero drama fue en la Cámara de Representantes. A las 2 pm del sábado por la tarde, su Comité de Reconstrucción inició un proceso de acusación contra Johnson en el piso de la Cámara.
Mientras tanto, temiendo un golpe, Johnson convocó al general al mando de las fuerzas alrededor de Washington a la Casa Blanca, pidiéndole que intercambiara las unidades de las Tropas de Color de Estados Unidos desplegadas en la capital por soldados blancos (presumiblemente más comprensivos). El comandante de la guarnición se negó y le dijo a Johnson que el Congreso le había despojado del derecho a emitir órdenes directamente; todos los comandos tenían que pasar a través del general Ulysses S. Grant, que seguía recibiendo instrucciones de Stanton. El presidente había perdido el control del Ejército. Los rumores salvajes se arremolinaron. ¿El gobernador de Maryland le había ofrecido a Johnson el uso de la milicia de su estado? ¿Se ofrecieron 100.000 voluntarios de Missouri? ¿Johnson estaba afirmando el control de la Oficina de Guerra para usar el arsenal de armas en la capital para armar a sus partidarios?
Los defensores de Johnson en la Cámara argumentaron que la acusación —o peor aún, la condena— representaba la amenaza más clara para el orden constitucional. Sería “el derrocamiento y destrucción de nuestra forma de gobierno”, tronó el demócrata neoyorquino James Brooks, presentando el juicio político como un intento de “deponer al presidente de Estados Unidos”. Los demócratas insistieron en que era mejor dejar el asunto en manos de los tribunales o las consecuencias podrían ser nefastas. “Evidentemente estamos en vísperas de una revolución que puede, si se lleva a las armas, ser más sangrienta que la inaugurada por el tiroteo en Fort Sumter”, advirtió el incondicionalmente demócrata Boston Post .
Tonterías, respondió John Bingham de Ohio, el autor principal de la Decimocuarta Enmienda. La pregunta era si al presidente se le permitiría “ponerse por encima de la Constitución y por encima de las leyes”. La Constitución le dio a la Cámara, y sólo a la Cámara, la responsabilidad de determinar si el presidente había cometido un delito imputable; la cuestión no se podía delegar en los tribunales. El juicio político, insistió Bingham, no era una amenaza para el orden público, sino más bien, el medio constitucional de restaurarlo. El debate continuó en esa línea: los demócratas insistieron en que el juicio político amenazaba con la violencia, y los republicanos, que la evitaría. El lunes, la Cámara puso la cuestión a prueba. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, votó para acusar a un presidente de los Estados Unidos.
Y con eso, la fiebre bajó. “Asuntos que deben resolverse sin derramamiento de sangre”, suspiró aliviado el Louisville Daily Courier . “Hoy, si no fuera por el Congreso, habría guerra”, aplaudió el Philadelphia Post . En lugar de formar ejércitos y disparar cañones, las partes contrataron abogados y presentaron mociones. El juicio político sacó la lucha de las calles y la llevó a los pasillos del Congreso, canalizando la pasión partidista hacia los procedimientos parlamentarios.
Este siempre ha sido el mayor valor del juicio político. La mayoría de las veces se debate en términos legalistas, como una cuestión de evidencia e interpretación constitucional. Las opiniones sobre los esfuerzos particulares en el juicio político generalmente se razonan al revés del resultado preferido, a lo largo de líneas partidistas. Pero esa es una visión demasiado estrecha. El juicio político es el mecanismo constitucional para considerar si un presidente está subvirtiendo el estado de derecho, o abusando de su poder, o persiguiendo su propio interés a expensas del bienestar general; en resumen, si su permanencia en el cargo representa una amenaza para La republica.
Eso era lo que realmente estaba debatiendo el pueblo estadounidense en 1868. Es lo que debatió nuevamente en 1974, durante la presidencia de Richard Nixon. Y es la cuestión que vuelven a afrontar hoy.
We han visto hoy el terrible costo de la abdicación de sus responsabilidades constitucionales del Congreso, el caos y la violencia que viene cuando se niega a sostener el director ejecutivo de cuenta para romper su juramento y la violación de sus responsabilidades constitucionales. Trump representa un peligro cada día que permanece en el cargo, envuelto en una autocompasión solipsista, sin prestar atención al daño que inflige a sus partidarios y al país.
El Congreso debe actuar ahora, no solo para destituir a Trump, sino para garantizar que ningún presidente se arriesgue a comportarse de esta manera nuevamente. La acusación es el mecanismo constitucional para responsabilizar a un presidente, un énfasis desafiante en el estado de derecho frente a la violencia de las turbas, una reafirmación de la primacía de las instituciones estadounidenses sobre el imperio de las pasiones.
Trump ha escrito su propia acusación y la evidencia de sus labios lo condena. Si los senadores no pudieron verlo hace un año, cuando la violencia que él incitó afectó a los más vulnerables, tal vez lo hayan visto hoy, cuando la violencia llegó a sus puertas.
El presidente debe ser acusado.
Yoni Appelbaum – The Atlantic
