A un día que se trate su expulsión del bloque de la Libertad Avanza, Arrieta también filtro unos proyectos y un borrador de DNU para lograr la libertad domiciliaria de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad,
La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lourdes Arrieta advirtió hoy que teme por su vida, pero aseguró que “no renunciará a su banca” y que si mañana la expulsan del bloque libertario “se retirará” de esa bancada “con la frente en alto sabiendo que dijo la verdad”.
Arrieta formuló estas declaraciones un día antes de que la bancada de LLA discuta su expulsión a raíz de las denuncias que la legisladora formuló contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza.
En un nuevo capítulo de la crisis desatada tras la visita organizada por el diputado Bebedit Beltrán a militares condenados de delito de lesa humanidad, Arrieta difundió los proyectos que existían para otorgar la libertad a los genocidas condenados y volvió atacar a sus pares de bancada.
En declaraciones a Radio con Vos, Arrieta dijo que le manifestó al juez Ernesto Kreplaj que “tiene miedo por su vida” porque proviene de Las Heras, en Mendoza, donde “estas cosas no se viven”.
Al ser consultada si pensaba apartarse de la actividad legislativa, Arrieta afirmó que “no piensa renunciar a la banca, eso está descartado”, y añadió: “Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad”.
También se le pidió su opinión sobre las versiones de que la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, había ordenado su expulsión, a lo que respondió: “A mí nunca me llamó y no creo que se atreva, es insultar su nombre. No creo que una persona del Ejecutivo se atreva a decir ´este sí o este no´”.
“Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto”, dijo sobre las iniciativas para liberar a los represores.
Y añadió: “No sabemos qué otro tipo de intereses puede haber detrás de todo esto, pero están perjudicando la imagen del presidente Javier Milei”.
Se quejó de que no se permita un pensamiento crítico y señaló que “nos quieren silenciar a toda costa y no sé de quién viene esa bajada de línea”, agregó.
Por otra parte, Arrieta filtró una serie de proyectos y un borrador de decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para conseguir la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad.
Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados, Arrieta difundió el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable”, que busca liberar a aquellos genocidas condenados por crimines de lesa humanidad durante la última dictadura y que aún permanezcan detenidos después de 20 años desde la comisión del delito.
El borrador del documento establece: “Incorporase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ´Transcurridos 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo´”. De esta forma, la iniciativa argumenta que los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua”.
Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto para el que buscaban la aprobación de Milei, y que había caído propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia.
Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.
En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.
Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.
“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualiza la iniciativa.
Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda de Milei” e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, concluyó.
Detalles del decreto
Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia.
Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.
En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.
Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.
“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.
Según fundamentan “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.
Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei“, concluyó.
NA
