Autorizan a Cristina Kirchner a no asistir a las próximas audiencias del juicio en su contra por la obra pública en Santa Cruz

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El Tribunal Oral Federal 2 aceptó su pedido para faltar a las primeras indagatorias a los acusados. La ex presidenta está acusada por direccionar contratos en favor de Lázaro Báez.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) autorizó a Cristina Kirchner a ausentarse de las audiencias del juicio que se realiza en su contra por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, hasta que llegue su turno de declarar. El orden impuesto por los jueces para las indagatorias la colocó en último lugar.

En esta instancia del juicio, el de las indagatorias, el Tribunal determinó que no era obligatoria la presencia de la ex Presidenta mientras otros imputados declaran.

La decisión del TOF 2 es posterior a la de haber garantizado la continuidad del juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Los magistrados definieron la semana pasada el orden de las indagatorias que iniciarán el lunes 9 de septiembre. El listado ubicó a la ex Presidenta en el último lugar para declarar. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, siete de los trece imputados pidieron no declarar inicialmente en esta etapa. Entre ellos se encuentra José López (ex secretario de Obras Públicas), Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), y aún no se respondió Báez y Cristina Kirchner si aceptarán declarar.

El cronograma de indagatorias comienza el próximo lunes con Héctor Garro y Nelson Periotti ex autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional. 

Esta semana no hubo audiencia, ya que varias las defensas pidieron esperar el inicio de las indagatorias hasta la entrega del informe pericial sobre cinco de los 51 contratos de Báez en Santa Cruz, cuyo contenido publicó en exclusiva Clarín. En ese trabajo, los peritos oficiales revelaron sobreprecios de 200 millones de dólares sólo en esas cinco obras, como también que los plazos establecidos no se cumplieron y que las empresas Báez no tenían capacidad técnica ni financiera para ser adjudicatarias de los contratos.

En respuesta a aquellos pedidos, el TOF decidió que el juicio se retomará el próximo lunes 9.

El listado de posibles indagados también incluye a José López, Raúl Daruich, Carlos Santiago Kirchner, Raúl Gilberto Pavesi, Julio De Vido, Abel Fatala Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, José Santibañez y Cristina Kirchner.

En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los 13 imputados. A la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos se la procesó por haber “formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez”.

Según la justicia, esa asociación “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero”.

La acusación contra CFK Durante la instrucción de la causa, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.

La acusación sostiene que se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.

Según la investigación, el delito se materializó en cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”.

(De Clarín)

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