A una semana del discurso que sacudiera a la política con su llamado al Pacto de Mayo, Javier Milei consiguió darle un curso más ordenado al frente que más dolores de cabeza le dio desde que asumió: el Congreso. La reunión a la que fueron convocados los gobernadores en la Casa Rosada no tenía otro sentido que reflotar y encauzar la sanción de la denominada Ley Bases, la fallida plataforma reformista de la gestión libertaria.
No era tan difícil de conseguir, pero en el arranque Milei prefirió usar una estrategia muy distinta, en la que no hubo diálogo previo y en donde la relación con los legisladores estuvo más marcada por los cruces y los desplantes que por la búsqueda de consenso.
Para evitar que la gobernabilidad se convirtiese en un factor de preocupación a mediano plazo, el Gobierno prefirió aceptar los numerosos consejos internos y externos recibidos sobre este tema (fue decisiva la insistente opinión del FMI, en particular de su vicedirectora Gita Gopinath) y empezó a diseñar un camino que garantizara la sustentabilidad de su plan.
Milei aceptó esta vía en contra de sus propias convicciones. Y si hoy se muestra un poco más benevolente con la casta es porque tiene dos paraguas que lo protegen: el clima financiero y cambiario es más benigno y la inflación sigue desacelerándose. La otra razón para iniciar este camino en marzo fue que las cuentas fiscales de febrero volvieron a mostrar números a favor. Milei y Caputo no tenían margen para ceder recursos cuando el objetivo era acumular el máximo posible.
Veamos el semáforo de esta semana:
Los gobernadores no esperaban que Javier Milei estuviera presente en la Rosada, pero al menos rompieron el círculo de diálogo poco productivo que venían manteniendo con Guillermo Francos, el ministro del Interior. La convocatoria fue encabezada por Nicolás Posse, el funcionario más relevante del Poder Ejecutivo después de Karina Milei. Considerando el poco afecto que el jefe de Gabinete ha mostrado por el reunionismo habitual de la política (todos destacan su perfil ejecutivo a la hora de tomar decisiones), su participación en esta instancia es la mejor prueba de que los libertarios resetearon su estrategia.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó al Congreso la ley ómnibus, así como cuando publicó el megadecreto 70/23, muchos integrantes del gabinete se enteraron de su contenido casi al mismo tiempo que los legisladores. Los casi 670 artículos del proyecto eran inabarcables, y lo que vino después fue un debate bizantino sobre temas que no tenían ninguna urgencia, y desacuerdos sobre reformas que eran prioritarias pero que nunca habían sido puestas sobre la mesa para buscar un consenso previo.
El ida y vuelta con los bloques aliados y los gobernadores terminó de la peor manera: Milei ordenó retirar la ley para no tener que seguir tolerando cambios que escapaban a su voluntad. Y aceptó que para conseguir votos hacía falta crear una mesa de consenso paralela, en donde el largo plazo y la promesa de algún tipo de alivio fiscal actuaran como anzuelo para las provincias.
El encuentro de ayer sirvió para que los mandatarios provinciales (asistieron representantes de todos los distritos, tanto cercanos a LLA como opositores como el bonaerense Axel Kicillof) pudieran hacer sus descargos. También sirvió para identificar consensos y diferencias, un punto crítico de la reunión.
El Ejecutivo avisó que su intención es retomar la Ley Bases hasta donde había sido consensuada en el Congreso, con el agregado de dos temas: la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y una nueva fórmula jubilatoria.
Ganancias es un tema ríspido. Las provincias saben que cambiar la ley que se votó por impulso de Sergio Massa les aportará fondos para compensar los recortes del Ejecutivo (Caputo también necesita esos recursos, no olvidar esto). Pero no quieren quedar pegados al costo político que implicaría recortarle ingresos a un sector de la clase media que ya sufre la inflación. Hubo varios cruces y propuestas complementarias de parte de los jefes distritales, como eliminar el fondo de ATN y modificar las normas que regulan los fondos fiduciarios.
El debate quedará en manos de una comisión amplia que integrarán los ministros de Economía provinciales con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que ayer estuvo en la reunión en representación de su jefe, Luis Caputo, que asistió a la asamblea del BID en Washington. Su tarea será pasar en limpio los puntos de vista sobre los temas impositivos (el Ejecutivo incluyó también la moratoria impositiva, cambios al monotributo y el impuesto interno al tabaco, así como la eliminación del gravamen a la transferencia de inmuebles para personas físicas) y coordinar una discusión más técnica.
Otra comisión, más política, buscará reunir y ordenar los reclamos de fondos de las provincias.
El Gobierno tendrá que remar, pero al menos consiguió un compromiso público de varios gobernadores de trabajar para la sanción de la Ley Bases. No es poco. Servirá como nuevo envión para los bonos y ayudará a bajar otro escalón el riesgo país.
Como señalamos en la introducción, hay un factor que fue clave para que el Palacio de Hacienda y el Presidente habilitaran esta ronda de negociación: el resultado de las cuentas fiscales del febrero, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, volvió a mostrar una fuerte contracción del gasto público y un considerable superávit primario.
Las cifras no fueron tan notables como las de enero, pero alcanzan para mostrar que el rumbo fiscal se mantiene, aunque sea a costa de un conflicto político con las provincias que erosionó la gobernabilidad de los libertarios.
El gasto real devengado (por aquellas erogaciones correspondientes al período, no por lo efectivamente pagado) cayó 32%. Los ingresos crecieron apenas 2,5%. El superávit primario se acercó al billón de pesos, y no hubo en el mes saldo financiero a favor: el rojo anotado fue de $ 186.000 millones (una cifra modesta, mirando la magnitud de los intereses pagados). Faltan pocos días para que se conozcan los datos oficiales de Hacienda, pero lo que seguramente podrá mostrar Caputo, es que en la suma de enero y febrero el Tesoro mantuvo superávit fiscal en toda la línea. No es poco.
Milei celebró que la inflación se desaceleró fuerte en el mes que pasó, con un resultado aproximado de 15%. Todavía suena fuerte una frase de este estilo, como cuando festejó el 25% de diciembre y el 20% de enero. En la ciudad de Buenos Aires el guarismo dio 14,1%. Caputo adelantó que el promedio del Indec puede ser incluso cercano a 10%. Su apuesta ahora es que marzo no rebote (para eso citó a los CEO de una veintena de empresas de consumo masivo) y que abril pueda llegar a tener una variación de un dígito. El resultado es posible, aunque pocos se animan a decir que tan probable puede ser.
El Ministerio de Economía se está exponiendo a retrasar el tipo de cambio para conseguirlo. El dólar libre y los financieros por debajo de $ 1000 reducen los incentivos a actualizar el crawling peg (la actualización del tipo de cambio oficial), que seguirá un par de meses más en 2%. No ven necesario subir el piso de la brecha, si el techo no deja de bajar. Las especulaciones sobre el levantamiento del cepo y la unificación cambiaria son solo especulaciones. No habrá movimientos ni discusión interna hasta que empiecen a llegar las divisas de la cosecha.
Los últimos crímenes a sangre fría que ejecutaron los sicarios de las bandas ligadas al narcotráfico en Santa Fe crearon una señal de alerta en el Poder Ejecutivo. La provincia había tomado medidas ejemplificadoras para los narcodelincuentes que estaban alojados en cárceles provinciales. Los funcionarios leen los actos cometidos en los últimos días (el asesinato de dos taxistas y el ataque a un colectivero, entre otros) como una venganza frente a ese comportamiento de las autoridades provinciales.
Maximiliano Pullaro, el gobernador santafesino, se quedó ayer en su provincia y envió a su vicegobernadora a la convocatoria oficial en la Casa Rosada. Javier Milei le dio carta blanca a Patricia Bullrich para actuar ante este problema. La ministra ya resolvió crear un comité de crisis y solicitar, incluso, la asistencia de las Fuerzas Armadas. Su principal tarea será reordenar el despliegue de fuerzas policiales locales y de seguridad federales en el territorio. El lunes habrá un anuncio completo de medidas.
Los hechos de inseguridad escapan a cualquier intención de control que puede buscar ejercer el poder político. Y por eso el riesgo es que la continuidad de estos crímenes violentos (que lamentablemente tienen años de reiteración) o un incidente más cruento aún se conviertan en un cisne negro que sacuda a la población santafesina y cause un impacto que exceda a lo local.
Pullaro fue un crítico del debate legislativo de la Ley Bases, y si el Ejecutivo logra resultados en su intervención, puede conseguir un gesto de reciprocidad política de un mandatario que tiene un arraigo considerable en los sectores moderados de Juntos por el Cambio.
La economía tiene innumerables contextos preocupantes que podrían merecer tratamiento en este semáforo. Pero la mayoría son causados por un plan que genera daños colaterales admitidos y tolerados por el Gobierno. Milei siempre dice que cuando hizo campaña con la motosierra, advirtió que los resultados iban a tardar en llegar y que en el camino iban a presentarse situaciones dolorosas. La licuación de los ingresos que provoca la inflación es la más palpable de ellas y por esa razón hay un evidente esfuerzo oficial por hacer lo necesario para que el IPC llegue a un dígito cuanto antes.
Lo que podría ahorrarse el Gobierno son las decisiones poco trascendentes que le generan más costo que beneficio, como cambiar el nombre del Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, cuando en el mundo y en la Argentina se celebra el Día Internacional de la Mujer.
Milei dejó sentado en la campaña que no cree en las políticas de género. Y hace pocos días reiteró también su dura postura en contra del aborto legal y gratuito.
Al Presidente no le gusta ser políticamente correcto con estos temas. Cualquier mandatario obviaría estas definiciones porque la balanza se inclinaría rápido en su contra. Pero Milei cree que en la Argentina profunda sus posturas tienen más aceptación que en los centros urbanos. Es el espejo que le muestra Donald Trump en Estados Unidos, y cree que sucede algo similar a nivel local.
Milei y sus funcionarios consideran que tener un salón que reconozca a las mujeres hasta es una discriminación positiva hacia los hombres. Suena extraño, casi terraplanista, cuando la agenda de género ya casi no tiene discusión en el resto del mundo. El primer mandatario debe tener presente que dentro del 56% que lo votó hay mujeres. Y que el restante 44% que no lo votó viven en el país que gobierna.
Hernán De Goñi – El Cronista
