El debate por el fracasado proyecto de ley de Ficha Limpia –importado hasta en nombre, literalmente– cuyo quórum falló por segunda vez en la Cámara de Diputados –y, de no hacerlo, habría naufragado irremediablemente en el Senado– compensó su inconsecuencia legislativa con el primer intento medianamente serio del PRO de pelearle algo de su agenda a La Libertad Avanza, tras una seguidilla de negociaciones parlamentarias en las que los amarillos cedieron todo a cambio de casi nada y garantizaron políticamente el presente dulce que respira el oficialismo.
El comunicado del PRO imputó al Gobierno por “jugar a favor de los corruptos”. Hay un equipo multidisciplinario intentando descifrar si se trató de una acusación o un agradecimiento. Esto ocurrió tras la ausencia en el recinto de ocho diputados del bloque oficialista. Desde LLA la respuesta fue dura: señalaron que el macrismo promovió un proyecto “sin consenso y destinado al fracaso” y relacionaron la dureza con un accionar electoralista. Acusaron, sin embargo, el golpe. Milei se comunicó personalmente con Silvia Lospennato, malograda articuladora de Ficha Limpia en la Cámara, y prometió enviar un nuevo proyecto con asesoramiento del abogado antikirchnerista Alejandro Fargosi, que ocupó un lugar cercano al macrismo en el Consejo de la Magistratura.
Los trascendidos sobre un eventual proyecto presidencial de Ficha Limpia, más allá de Fargosi, muestran las preocupaciones concretas con las implicancias de la medida impulsada desde el oficialismo vergonzante y lo acercan más a la doctrina seguida por Miguel Ángel Pichetto, en sus tiempos de senador –que mantuvo a Carlos Menem en su banca aún condenado por la voladura de Río Tercero, a la espera de una confirmación definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia. Milei dejó trascender además un disgusto con cualquier fachada de proscripción que inevitablemente traía un proyecto tratado tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo de fundamentos pobres sobre la causa Vialidad.
Se trata, en rigor, de un accionar de estricta defensa propia, del poder de las figuras electas frente al poder de quienes no son elegidos y mantienen cargos vitalicios. La mención a los sistemas de justicia bajo gobiernos provinciales disfraza una caracterización del Poder Judicial compartida por todo el arco político. Nadie reconoce en los tribunales federales un oasis de imparcialidad y todos los sectores –incluso los que han logrado manipularla de alguna manera– coinciden sobre la larga lista de defectos que aquejan a la Justicia argentina. El proyecto de Ficha Limpia, de ser aprobado, aumentaría el poder de este Poder Judicial, no de uno ideal concebido en una república platónica. Sólo desde una posición irracional, anclada en un antagonismo con CFK capaz de nublar cualquier decisión –o desde cierto grado de control de la actuación de esos jueces– podrían impulsar un empoderamiento de una estructura tan cuestionada.
La experiencia internacional es implacable con un proyecto de esta índole. Problemático para las garantías constitucionales –particularmente sobre el principio de inocencia y el derecho a elegir y ser elegido–, su utilización invariablemente terminó por politizar aún más a la Justicia, quitándole además su prestigio social en el mediano plazo en amplísimos sectores de la población. Los casos de Rafael Correa –hoy en una suerte de exilio– y Lula da Silva –condenado y proscrito en 2018– atormentan al progresismo, pero deberían también encender una luz de alerta a quienes ven en estos proyectos soluciones mágicas a sus problemas. Correa mantiene a distancia el mayor partido político del Ecuador y Lula terminó por volver y hacerse, por una inédita tercera vez en la historia brasileña, con la Presidencia de la República.
Para Milei, hay otra alerta. Dirigentes de derecha y centroderecha que pasaron por el poder no fueron inmunes a los cambios de vientos. Desde el peruano Pedro Pablo Kuczynski hasta Domingo Cavallo y el propio Menem, fueron alguna vez objeto de condenas judiciales en segunda instancia. La cuestión es aún más marcada en el caso de los candidatos outsiders de las nuevas derechas que, casi por definición, son hostiles a la institucionalidad vigente: Jair Bolsonaro hoy se encuentra electoralmente impedido en Brasil por proclamar que las máquinas de votación no eran seguras, mientras que Donald Trump fue condenado por la Justicia neoyorquina por un delito de utilización de fondos electorales, en una causa que la mayoría de los expertos legales consideran entre débil e insostenible. Claro que ambos enfrentan cargos mucho más serios, derivados de la instigación de acciones violentas para desconocer resultados electorales, pero los motivos de las condenas que tienen vigentes muestran los enormes peligros que, en todas las tribus, significa empoderar y politizar aún más al Poder Judicial.
Esto le permitió al PRO exponer la furia que acumula hace meses y le dio la confianza para amenazar al Gobierno con las posibilidades de explorar un camino en solitario en términos electorales el año próximo. En el Gobierno creen que Mauricio Macri comete un error de cálculo: enfrentarse a un oficialismo con casi 60% de imagen positiva presenta más aspectos para perder que para ganar. Y, además, la Rosada avanza en dos aspectos sensibles que seguramente hagan recrudecer la tensión –deliberadamente buscada, en este caso– con el kirchnerismo: la privatización de Aerolíneas Argentinas y la eliminación de los fueros. La maniobra busca apaciguar a “Las Mabeles”, ese electorado identitariamente antiperonista que aún oscila entre la esperanza y la resignación.
Fue en este marco que ocurrió un movimiento en las últimas semanas que el Gobierno recibió con desagrado, pero espiralizó la idea del pacto con el kirchnerismo, y fue el voto de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci para el tratamiento del pliego del juez Ariel Lijo. Aparentemente, según pudo averiguar #OffTheRecord, no fue una decisión transaccional con el oficialismo sino que María Servini –que supo mecerse con pericia entre los pliegues de la política y el derecho en las últimas décadas– le habría ofrecido un guiño favorable a CFK en la disputa por el control del PJ a cambio de la decisión que terminó materializándose: que la expresidenta enviara a votar al candidato de Comodoro Py en el Senado.
Mientras tanto, lo que sí ocurrió fue un encuentro coordinado por la mano invisible de Sergio Massa entre enviados de Santiago Caputo con las diputadas Paula Penacca y Cecilia Moreau terminaba de darle forma al proyecto de reforma política que se va a tratar en extraordinarias. No es el único mitin para Caputo: los gobernadores radicales designaron a Daniel “El Tano” Angelici como interlocutor para discutir los pliegos de los jueces y destrabar lo que, hasta ahora, es un nudo más político que jurídico en relación a Lijo, Manuel García Mansilla y las vacantes provinciales.
Iván Schargrodsky | Cenital
