La Legislatura aprobó una ley que impone duras sanciones por el derroche, contaminación y robo de agua. Crean la “Unidad Fiscal de Agua” como medida.
La Legislatura aprobó una ley que modifica parcialmente la ley de aguas y que pone más rigor en el control de ese recurso. Entre otras cosas, la ley impone sanciones que a valores de hoy llegan a los 10 millones de pesos, pero que crecerá cada año.
La nueva normativa crea y reglamente la “Unidad Fiscal del Agua” como forma de calcular las sanciones. En ese sentido, se ponen nuevos parámetros que van desde las 100 a las 10 mil UFA de multa. En la primera etapa el valor de cada UFA es de 1000 pesos. Por eso las multas oscilan entre los 100 mil y los 10 millones de pesos. Sin embargo habrá actualizaciones anuales a través de la Ley Impositiva. “Créase la Unidad Fiscal del Agua, con aplicación a los fines sancionatorios. El valor de las multas se determina en cantidades de Unidad Fiscal del Agua que se fija en la suma de pesos mil. La Ley impositiva determinará anualmente el valor de la Unidad Fiscal del Agua”, dice la ley.
El proyecto también modifica aspectos relacionados con las servidumbres y el desvío de agua para beneficio personal sin la debida autorización. A través de estos cambios, se pretende evitar el uso ilegal de los recursos hídricos, asegurando que estos sean utilizados de manera responsable y en beneficio de toda la comunidad. El proyecto establece nuevas regulaciones que permiten a los usuarios acordar turnos entre ellos para el uso del agua en las hijuelas regadoras, lo que mejorará la distribución del recurso en la agricultura, uno de los sectores más afectados por la escasez hídrica.
Los incumplimientos a las regulaciones hídricas pueden ser sancionadas con apercibimiento; multa de entre 100 y 100.000 Unidades Fiscales de Agua; suspensión de la actividad del establecimiento infractor; clausura de la fuente de contaminación; clausura del establecimiento; decomiso y caducidad de la concesión. Los infractores podrán ser sancionados no solo por el incumplimiento de las normativas hídricas, sino también por no cumplir con los procedimientos establecidos para la gestión de recursos hídricos.
El proyecto también introduce cambios en otras leyes vinculadas a la gestión hídrica, como la Ley 971, que prohíbe levantar construcciones sobre los canales de desagües que afecten la circulación del agua. Además, se refuerzan las sanciones por cultivos ilegítimos o clandestinos, que podrán ser más severas en caso de reincidencia. A través de estas medidas, se busca proteger los recursos hídricos y garantizar su uso adecuado, tanto en áreas urbanas como rurales.
Con la aprobación de este proyecto, Mendoza avanza hacia una legislación más estricta y eficaz en cuanto al control y la gestión del agua. En un contexto de creciente preocupación por la escasez de este recurso esencial, la reforma representa un paso importante para garantizar su uso sostenible y equitativo.
MdZ
