Un juez del máximo tribunal afirmó que Glenn Greenwald no puede ser juzgado por proteger a sus fuentes. Elogios de organizaciones periodísticas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil asestó un revés al ministro de Justicia, Sergio Moro, al prohibir, de forma cautelar, que las autoridades investiguen al periodista estadounidense Glenn Greenwald por difundir la filtración de los mensajes de la Operación Lava Jato obtenidas por el sitio The Intercept Brasil.
El juez de la corte suprema Gilmar Mendes dictó una cautelar que determina que los órganos públicos no pueden investigar a Greenwald, ya que al estadounidense residente en Brasil lo protege el secreto constitucional de la fuente periodística.
El presidente Jair Bolsonaro y el ex juez Moro -ahora ministro de Justicia- dijeron el mes pasado que la divulgación de filtraciones obtenidas por The Intercept Brasil sobre la Operación Lava Jato también era un “delito”, y el presidente llegó a afirmar incluso que Greenwald podía ir “preso”.
El hecho se enmarca en la detención de cuatro personas acusadas de ser hackers y de haber robado datos de teléfonos celulares de centenares de autoridades de los tres poderes, una de las cuales contó que tuvo contacto con Greenwald.
El Comité de Protección de Periodistas de Brasil dijo que la sentencia del juez Gilmar Mendes “refuerza el principio de la confidencialidad de fuentes, que es de importancia suprema para la protección de una prensa libre”.
Greenwald es cofundador de The Intercept Brasil, un sitio de noticias que ha publicado una serie de notas en las que se señalaba que el ministro de Justicia habría consultado de manera impropia a fiscales cuando era juez.
“The Intercept nos ayudó a ver las entrañas de este grupo y de como operaba”, declaró el juez Mendes al hablar con periodistas en San Pablo
La decisión de Mendes es un nuevo revés político contra el ministro Moro, quien fue juez de Lava Jato hasta noviembre pasado, y fue quien condenó en primera instancia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en el marco de la red de sobornos que operaba alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
Este miércoles, el STF, por diez a uno, canceló el traslado del ex presidente Lula a una cárcel común en San Pablo, desde la sede de la policía Federal en Curitiba, en el estado sureño de Paraná, donde está detenido desde abril del año pasado. El traslado había sido reclamado por la Policía Federal, fuerza a cargo del ministro Moro.
Las filtraciones sobre Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato han constituido el mayor escándalo en el Poder Judicial desde el fin de la dictadura, dijo el juez Mendes en otra ocasión.
Sobre todo porque las filtraciones mostraron que Moro supuestamente comandaba la investigación, en la mega causa anticorrupción que llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de distintos partidos.Esto es algo prohibido en Brasil, ya que no existe la figura de juez de instrucción, función reservada apenas para la acusación, es decir, a la fiscalía.
Moro ha negado cualquier delito y afirmó que su teléfono celular y el de los fiscales de la causa Lava Jato fueron hackeados con el objetivo de anular las condenas resultantes de la investigación.
Moro sostiene que cuatro personas arrestadas días atrás por supuestamente piratear teléfonos pertenecientes a él, a los fiscales y a Bolsonaro fueron la fuente de las conversaciones que se filtraron a The Intercept.
La publicación se ha negado a identificar su fuente o a revelar cómo accedió a la información.
En las redes sociales, el círculo de políticos más cercano a Bolsonaro había denunciado, sin fuentes, que Greenwald había recibido dinero para publicar los mensajes obtenidos del sistema de chat Telegram.
Las últimas revelaciones indican que el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de fiscales de Lava Jato, intentó ilegalmente investigar al juez Mendes, un crítico de los poderes extraordinarios con los que gozó Moro para obtener información a través de las “delaciones premiadas” en la investigación por corrupción.
En uno de los mensajes, difundidos en junio, Moro ordena a Dallagnol líneas de investigación contra Lula y el propio fiscal. Antes de hacer la acusación, admite que no hay robustez en las pruebas por las cuales el ex mandatario cumple una pena de ocho años y diez meses de cárcel, por supuestamente haber recibido un departamento de la constructora OAS, a cambio de favorecerla en contratos con Petrobras.
Esta decisión de la corte también llega luego de que Bolsonaro firmara un decreto que afecta a la industria de la prensa gráfica, ya que anuló la obligación de las empresas de publicar sus balances en los periódicos.
“Espero que el diario Valor Económico (principal diario de finanzas, del grupo Globo) sobreviva a esta medida, que es para generar ahorro a los empresarios”, dijo Bolsonaro esta semana.
Fuente: agencias/Clarín
