Se buscaba reprimir a los sindicatos e implantar políticas neoliberales que hubieran sido imposibles de llevar a cabo sin un golpe militar. Varios altos directivos de Ford fueron condenados en 2018 por participar en la represión
Cuando en 1961 la empresa Ford se estableció en Argentina, en la localidad bonaerense de General Pacheco, era un sueño poder entrar a trabajar allí. Enmarcada en el proyecto desarrollista del entonces presidente radical Arturo Frondizi, la empresa comenzó a fabricar primero motores y luego autos y camiones. Para la década de 1970 tenía 7.500 empleados que trabajaban en tres turnos. Lo que nunca se imaginaron los trabajadores cuando entraron a la Ford fue que el mismo lugar en el que pudieron armar un cuerpo de delegados que les permitió alcanzar victorias salariales y de participación históricas, iba a ser corresponsable de sus desapariciones y torturas luego de que el 24 de marzo de 1976 el golpe militar irrumpiera en Argentina. Juzgar la responsabilidad empresarial con la dictadura sigue siendo una deuda pendiente de la democracia.
“El 28 de marzo de 1976, tipo ocho y media de la noche, estaba jugando con mis hijos en la cama, que eran chiquitos de uno y dos años, y me secuestraron”, se escuchó a Adolfo Sánchez, exdelegado gremial de la empresa Ford en el histórico juicio de 2018. Tuvieron que pasar 42 años para que los trabajadores tuvieran justicia: el 11 de diciembre de 2018 se condenó a varios altos directivos de esa multinacional. Fue la primera sentencia condenatoria en Argentina a responsables civiles por delitos de lesa humanidad. Un tribunal integrado por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Mario Jorge Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero condenó a Santiago Omar Riveros (15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena); a Pedro Müller (10 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena); y a Héctor Sibilla, 12 años de prisión e inhabilitación absoluta durante la duración de las condenas. Además, consideraron a los dos últimos partícipes necesarios en los hechos criminales.
Durante el juicio, Pedro Troiani, también delegado sindical de la empresa, declaró lo siguiente: “Me esposaron y me llevaron al famoso quincho que nosotros siempre denunciamos, y ahí me encapucharon con mi propia camisa y me ataron las manos con alambre a la espalda. El mensaje era que a los delegados había que eliminarlos y que no tenía que haber sindicalismo dentro de la fábrica. Se cae de maduro que la lista se la había dado la empresa, porque si no cómo sabían dónde estábamos. Nos fueron a buscar a nuestros lugares específicos y éramos más de 7.000 trabajadores”. Troiani, que falleció en 2021, fue clave para organizar y alentar a sus compañeros para que declarasen como testigos en la causa.
Este 24 de marzo, cuando se cumplieron 47 años del golpe militar de 1976, el Canal Estatal Encuentro estrenó la serie documental 24 en la lista, que recorre los caminos del histórico juicio y se mete en las vidas de los trabajadores que fueron secuestrados y que cuatro décadas más tarde, reviviendo el horror que pasaron, pudieron llevar al banquillo de los acusados a los responsables de sus detenciones.
Juzgar la responsabilidad empresarial con la dictadura sigue siendo una deuda pendiente de la democracia
Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y FLACSO, especialista en responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que además fue asesora de contenidos del documental, contó a CTXT que “el juicio de Ford fue excepcional en su desarrollo porque se trabajó con una enorme cantidad de fuentes, archivos y materiales que, junto a los testimonios de los sobrevivientes y sus familias, llevaron a tener por probado en la sentencia la participación necesaria de estos dos funcionarios empresariales en la represión a los 24 trabajadores, varios de los cuales fueron llevados a un quincho dentro del predio de la fábrica que funcionó como un centro clandestino de detención”.
Antes de que comenzaran en el país los juicios de lesa humanidad, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentó en 1998, ante el juez Baltasar Garzón, una carpeta de 5.000 hojas en las que había pruebas, recolectadas gracias al trabajo de los sindicatos de todo el país, que demostraban la connivencia empresarial con la dictadura militar. Y en 2015, un equipo de 20 especialistas de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, presentó el Informe de Responsabilidad Empresarial, que fue publicado por la editorial Infojus del Ministerio de Justicia de la Nación. Ese trabajo de investigación nutre gran parte de las causas que se están tramitando hoy en el país.
La Fronterita
Basualdo señaló además que, junto con la causa Ford, el embargo, por parte del Tribunal Oral Federal en Tucumán, del Ingenio Azucarero La Fronterita (ubicado en la provincia norteña de Tucumán) es otro hecho que pasará a la historia. La causa conocida como ‘La Fronterita’ fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. Están procesados como cómplices de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio. “Esta es la primera medida cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directores o administradores están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad”, señaló el escrito del tribunal.
Otra de las empresas que está siendo investigada por la justicia es Acindar, que se dedica desde 1942 a los sectores del acero, la agronomía, la industria y la construcción, y cuya sede central se encuentra en la ciudad santafecina de Villa Constitución. Fue en esa ciudad donde en 1974 se produjo el “Villazo”, la histórica gesta popular de los trabajadores siderúrgicos que reclamaban mejores condiciones salariales y de vida. Y fue en ese mismo lugar cuando en 1975 se produjeron detenciones masivas y asesinatos de obreros, que contaron con responsabilidad empresarial. “Aunque no hay personas condenadas hasta el momento, sí se logró la elevación a juicio de un primer tramo, en el que hay 25 imputados y 62 víctimas. Y hay un segundo tramo de una segunda elevación a juicio, que es por otra cantidad similar de víctimas”, dijo a CTXT el fiscal Adolfo Villate, que está a cargo de la Unidad que investiga delitos de lesa humanidad en la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.
“Dentro del universo de personas que están imputadas y por las que se elevó a juicio, sólo dos de los civiles siguen vivos: Roberto Pellegrini, que era jefe de la división de personal de la empresa, y Ricardo Torralvo, que era personal jerárquico. El resto son integrantes de distintas fuerzas de seguridad, del Ejército, de la Policía Federal, de Prefectura Naval Argentina y de una división de la policía de la provincia de Santa Fe que se llama Los Pumas”, explicó Villate. El fiscal, que está además a cargo de la investigación por la represión durante el Villazo, agregó que ha solicitado que el juicio se haga en la propia ciudad de Villa Constitución, en el auditorio de la organización gremial Unión Obrera Metalúrgica, porque es la que sostuvo aquella histórica pelea sindical, de la mano de su entonces secretario general Alberto Piccinini. “Esperamos que el juicio empiece lo antes posible, porque los imputados y las víctimas son todas personas muy grandes y, a medida que pasa el tiempo, vamos perdiendo imputados y vamos perdiendo víctimas también, para que declaren en los juicios”, agregó.
296 juicios y más de mil condenados
Según la información que aporta la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la celebración de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, tras la reapertura de las causas por los delitos del terrorismo de Estado, se desarrollaron en Argentina 296 juicios en los que fueron condenadas 1.115 personas y 171 resultaron absueltas.
Y en la actualidad, según la información que ofrece periódicamente la oficina especializada junto con las fiscalías que intervienen en los procesos en todo el país, se llevan a cabo 15 juicios en diferentes jurisdicciones del país y otras 75 causas esperan la fijación de fecha para el inicio del debate. Otra de las cuestiones que comunica ese organismo estatal es que la cifra de las personas con prisión domiciliaria es superior a la de quienes cumplen la privación de su libertad en establecimientos penitenciarios. Al cierre de datos realizado por la Procuraduría especializada el 17 de marzo pasado, 546 personas están detenidas en sus domicilios, 103 en cárceles federales o provinciales y 61 en otras dependencias, como la Unidad N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Hay además 1.422 personas fallecidas (un 39% de los condenados) y un 20% de personas se encuentran prófugas del Poder Judicial. Por otro lado, se registran cinco imputados que fueron localizados en diferentes países pero aún no fueron extraditados, uno en proceso de extradición y otros diez sobre quienes el país requerido denegó la extradición.
“En el caso de Banfield Quilmes Lanús (lo que se conoce como la Región Metropolitana de Buenos Aires), en el juicio que se está llevando adelante en este momento, muchas veces las personas que prestan testimonio cuentan la persecución que sufrieron dentro de la fábrica o de sus lugares de trabajo y dejan en claro la participación de directivos de empresas, gerentes u otras autoridades en los delitos por los cuales fueron perseguidos”, explicó la fiscal Ana Oberlin, que representa al Ministerio Público en el juicio conocido como Brigadas, que se lleva adelante por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
El 70% de los y las desaparecidas pertenecían a la clase obrera
En el informe de la Secretaría de Derechos Humanos se lee que en los primeros años posteriores al golpe cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles y que el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983 (período de la dictadura). La ocupación disminuyó en esos mismos años y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía: del 28% al 22%. Al tiempo que la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982. Tanto las organizaciones de derechos humanos como las de los y las trabajadoras coinciden en que lo que buscaba la dictadura era implantar políticas neoliberales que, por el alto grado de organización gremial que tenía el país en ese momento, hubieran sido imposibles de llevar a cabo sin un golpe militar. Y las estadísticas les dan la razón: el 70% de los y las desaparecidas pertenecían a la clase obrera.
“En este momento hay seis civiles con prisión domiciliaria. Gran parte del Poder Judicial se resiste a investigar a fondo el rol cumplido por dueños de empresas y por gerentes en el terrorismo de Estado. Todo indica que se debe a afinidades ideológicas con ellos. En las empresas se confeccionaban listas y esas listas eran entregadas a los militares y sus grupos de tareas. Ahí están las pruebas en causas como Mercedes Benz o la de los obreros navales de Astarsa. O lo ocurrido con el caso de la dueña y el gerente del diario Clarín, Héctor Magnetto, que fueron sobreseídos pese a los testimonios de una víctima torturada de la familia Graiver. Pero nada de ello va a frenar nuestros reclamos y apelaciones para que sean juzgados estos responsables civiles que son decenas”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad.
Y con sus 93 años, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que aún sigue marchando en las históricas rondas de los jueves frente a la Casa de Gobierno pidiendo Memoria, Verdad y Justicia por los y las 30.000 desaparecidas, sumó su voz: “Alguna vez tuvimos un país con Estado de bienestar. Yo lo viví, un país con trabajo y escuelas para todos y todas, en el que los chicos no tengan que ir a pedir en los trenes y que la gente mayor no quede indefensa, con desigualdad. Esa es la historia nuestra de todos los días, el compromiso visceral de no quedarnos con los brazos caídos, tenemos que seguir adelante porque otro mundo es posible”.
CTXT.es
