LAS HIDROELÉCTRICAS VOLVERÍAN AL ESTADO, AUNQUE YA NO SON RENTABLES

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Las concesiones de las represas hidroeléctricas privatizadas hace 30 años empiezan a vencer en 2023. Las empresas se quieren desprender y el Estado prepara el desembarco.

El Estado nacional prepara el desembarco en un terreno que le perteneció hasta hace tres décadas: el dominio de las represas hidroeléctricas en el Interior del país, que factura el equivalente a unos 300 millones de dólares al año.

El secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, encabezaron ayer la primera reunión del “Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados” (ETAHC), que realizará un “análisis integral” del estado de situación de los contratos de concesión de 22 aprovechamientos hidroeléctricos en ocho provincias argentinas, que tienen en conjunto una potencia instalada de 5800 megavatios (MW), un 13% del total del sistema eléctrico nacional.

Las concesiones de las represas hidroeléctricas privatizadas durante la década de los años ’90 empezarán a vencer en 2023, unos 30 años después de la cesión de la empresa pública Hidronor a firmas que hoy manejan los aprovechamientos, como Central Puerto, Pampa Energía, la italiana Enel y las estadounidense Orazul Energy y AES.

Según pudo saber El Cronista, no existe hoy una definición concreta y el Gobierno definirá “caso por caso”, después de la revisión de la ETAHC. Sin embargo, las concesiones volverían a la Nación, situación que genera conflicto con Río Negro y Neuquén buscan que se haga valer la reforma constitucional de 1994, luego de la que los recursos naturales pasaron a formar parte del patrimonio de las provincias.

Algunas fuentes del sector privado señalan que el negocio de las represas hidroeléctricas ya no es rentable. Al menos dos empresarios hasta se sentirían aliviados de que el Estado tome a cargo esas unidades, según pudo saber este diario en diálogo con generadoras eléctricas. Es que las tarifas están pesificadas (por no tener un contrato vigente con Cammesa) y con un atraso respecto a la evolución de los precios desde 2020.

“En 2021 cobramos en promedio 22 dólares por megavatio-hora y este año, dada el ajuste de 43%, percibiremos menos aún”, expresó una fuente.

No obstante, otras de las empresas mencionadas están preocupadas por el futuro de la concesión y muy atentas al devenir de los reclamos por el congelamiento de la remuneración y la quita de los contratos, e incluso muestran preferencia por una renovación.

El Cronista

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