El cura Olivera Ravasi y el juez de Casación Eduardo Riggi buscan la forma de liberar a los genocidas.
Ya desde enero pasado, el cura de la Santa Iglesia, Javier Olivera Ravasi (hijo del represor Jorge Olivera), junto con varios integrantes de la Cámara de Diputados y algunos abogados de represores; entre ellos, Ricardo Saint Jean (primogénito del gobernador bonaerense durante la última dictadura, Ibérico Saint Jean), y el ex integrante de la Cámara Federal de Casación, Eduardo Riggi, pergeñan en el mayor de los sigilos un plan para excarcelar a genocidas presos. Y con la tutela de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Desde entonces, las visitas de semejante grupo a los penales de Ezeiza y Campo de Mayo fueron moneda corriente.
Pero todo saltó a la luz tras la excursión de seis diputados del bloque de La Libertad Avanza (LLA) a Ezeiza, efectuada el 11 de julio.
El asunto tuvo derivaciones escandalosas, y causó un cisma entre ellos, al punto que dos integrantes de tal comitiva, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, retrocedieran –diríase– en chancletas.
Tanto es así que la primera (hija del puntero ultraderechista de Rosario, José Bonacci, un confeso admirador de Hitler) adujo haber entendido que esa visita era “para tomar contacto con el sistema penitenciario federal y constatar la situación actual del referido complejo”, mientras la otra (hija, a su vez, de un cabo del Ejército, acusado de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas) fue más lejos, al querellar a sus acompañantes por presionarla.
Se trata, por demás, de una situación incómoda para el espacio liderado por el presidente Javier Milei, debido a que, en las hendijas de dicha trama, se desliza la posible existencia de una cuantiosa suma de dinero aportada por los represores presos para la campaña electoral, a cambio del indulto.
Pero desde la LLA se desestima tal rumor con el siguiente argumento: “Esos pobres ancianos no tienen un mango”.
¿Es realmente así? Porque ello no cuaja con los “ahorros” que, durante los años de plomo, supieron acumular los hacedores del terrorismo de Estado.
Al respecto, bien vale refrescar dos casos testigo.
El primero comenzó durante la primavera de 1976, cuando la banda de Aníbal Gordon, al servicio de la SIDE, asesinó al uruguayo Alberto Mechoso Méndez, quien en su país lideraba el Partido por la Victoria del Pueblo, luego de arrebatarle los fondos de esa organización, unos 10 millones de dólares.
Con parte de dicha fortuna, Miguel Save –un lugarteniente de Gordon– adquirió dos parcelas de campo en Chascomús a la señora Flora Zorrilla de Girado –viuda del estanciero Francisco José Girado– y a sus hijos Francisco José, Fernando, Esteban, Hernán y Carlos María. Ellos, si bien, al parecer, estaban al tanto del origen espurio del dinero, no imaginaban que, 47 años después, tal operación inmobiliaria se ventilaría en un tribunal, a raíz de una causa por “lavado de activos” y “encubrimiento”.
¿Que sucedió en el medio?
Save y sus compinches (entre quienes resaltaba Honorio Martínez Ruiz (uno de los represores ahora visitados en Ezeiza), empezaron a construir en esas parcelas un barrio náutico.
Pero, unas semanas después irrumpieron allí unos 40 sujetos armados; era la patota del general Ramón Camps, que tomó el lugar por asalto. Save y los suyos tuvieron entonces que poner los pies en polvorosa.
Ahora se sabe que esa “opereta” fue dispuesta por el gobernador Saint Jean (padre del abogado Ricardo, actualmente comprometido con el affaire de las visitas a los represores) y que su ministro de Asuntos Agrarios no era otro que Jorge Girado, tío de los vendedores. De manera que ellos “recuperaron” el campo, cediendo a la gente de Camps parte del dinero obtenido de Save.
Ya durante la primera década de este siglo, los hijos de éste –quien ya había fallecido– iniciaron negociaciones para recuperar las parcelas. Pero eso supo derivar en el juicio contra ellos, siendo condenados.
Sin embargo, el dinero jamás se recuperó.
La otra trama que revela los botines de guerra del terrorismo de Estado ocurrió en Francia, en abril de 1977, cuando una delegación de esbirros del Grupo 3.3.2 de la Armada recaló en la Embajada argentina para conformar el Centro Piloto de París (CPP).
El embajador era Tomás Manuel de Anchorena y su mano derecha, la señora Elena Holmberg, quien solía enviar informes secretos sobre exiliados al Batallón 601 del Ejército.
Ella no tardó en ver con malos ojos cómo los represores se daban allí la gran vida. Y tomaba nota de eso.
Pero hubo una circunstancia que congeló súbitamente su indignación: la llegada a París del capitán de navío Jorge Perrén (a) “El Oreja”. El flechazo entre ellos fue arrollador.
El problema es que la esposa del marino estaba por viajar a Francia para acompañarlo.
Solidarios al fin, desde la ESMA, sus camaradas hicieron lo imposible para retrasar su partida. Pero se les fue acabando la cuerda.
Mientras tanto, en París, Holmberg provocó un extraño episodio. Fue durante una recepción ofrecida en la Embajada con motivo de la presencia de Massera y su esposa, Delia Vieyra (a) “Lily”, a quien le colgaba del cuello un diamante de gran tamaño. La diplomática, con gesto admirativo, lo tomó entre sus dedos, y dijo:
– ¡Qué lindo diamante! ¿Eso también se lo regaló Firmenich?
Los presentes se miraron con las cejas enarcadas.
Lo cierto es que, poco antes, Holmberg había oído parte de un diálogo entre dos marinos del CPP. Allí, entre risas, uno de ellos habló del “palo verde que nos regaló Firmenich”. Aquello bastó para que ella imaginara tratativas secretas del jefe montonero con el almirante.
Mucho después se sabría que ellos en realidad se referían a un millón de dólares –provenientes del secuestro de Juan y Jorge Born– que Montoneros había depositado en Zúrich, y que los marinos les birlaron utilizando para eso a un militante cautivo que conocía la clave de acceso a la caja de seguridad del banco que atesoraba esos billetes. Esta maniobra fue comandada por el capitán Alberto González (un íntimo de la actual vicepresidenta y frecuentemente visitado por los legisladores de LLA en Campo de Mayo).
Aún así, Holmberg seguía alucinando un encuentro a la luz del día en una confitería de París, entre Massera y Firmenich.
Al arribar, la esposa de Perrén a París, el escándalo fue mayúsculo.
Fue entonces cuando él le dijo a Elena:
– Lo nuestro ha terminado.
Ella juró venganza, amenazándolo con denunciar los gastos irregulares de la patota en París. “Oreja” simuló reconsiderar su decisión.
Pero quedaron en no verse hasta que la señora Perrén se calmara.
En mayo, Elene fue inesperadamente trasladada a Buenos Aires.
Es posible que, en París, Perrén haya sentido un merecido alivio.
En octubre fue desmantelado el CPP y sus integrantes volvieron al país. Para Perrén comenzó otra vez la pesadilla.
Ante su reticencia amorosa, ella reiteró las amenazas, sin imaginar que así acababa de sellar su destino.
El 20 de diciembre fue secuestrada en la esquina de Uruguay y Arenales por sicarios de la ESMA, al mando del capitán Jorge Radice (actualmente alojado en Ezeiza).
La osamenta de la diplomática, parcialmente desencarnada con ácido, apareció a principios de 1979 en el río Luján, a la altura de Tigre.
Del millón de dólares nunca se tuvo noticias.
¿Acaso parte de la campaña de Milei fue pagada con billetes manchados de sangre? En fin, otra razón para sostener que los delitos de lesa humanidad aún perduran en el tiempo. «
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