Desde las 4.20 de la tarde de hoy miles de personas se concentraron en decenas de ciudades del país en la 12° Marcha Nacional de la Marihuana. Los principales reclamos: la regulación integral del cannabis y la libertad a las personas presas por cultivar.
En la actualidad, Argentina está por iniciar un cambio de rumbo en sus políticas respecto al cannabis. Según le aseguran a THC fuentes del Gobierno nacional, en diciembre se aprobará la ley que habilitará la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.
De este modo, cientos de productores que hoy se encuentran en una zona gris podrían formar parte de un sistema regulado. Sin embargo, el país continuará teniendo una deuda clave: la legalización del cannabis para todo fin y la reparación a todas las personas que al día de hoy siguen presas por cultivar.
«No puede ser que mientras se está votando una ley de producción, donde va a haber personas que trabajen en el cannabis, se siga criminalizando. Pedimos una regulación integral para todos los usos y la derogación de la ley de drogas», le cuenta a THC Nicolás Millone, Presidente de Acción Cannábica, una de las organizaciones que convoca a una nueva movilización nacional.
En la ciudad de Buenos Aires la concentración comenzó a las 13 en Plaza de Mayo. A las 4.20 se inició la marcha rumbo al Congreso donde hubo un escenario con bandas en vivo y oradores. En otras ciudades el país hubo acciones simultáneas.
Así sucedió en la localidad bonaerense de Coronel Suárez; en la Plaza Independencia de Tucumán; en la Plaza Mansilla de Paraná, en Entre Ríos; en la Plaza de la Legislatura de la ciudad de Salta; y en el Monumento a San Martín en la ciudad de Neuquén, entre otras.
Resulta que aunque en los primeros días de diciembre en el Congreso, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se decidirá el futuro miles de usuarios y productores del cannabis, las dificultades para el acceso y la persecución es una problemática que golpea a todo el país.
Un escenario complejo
En Argentina el contexto es confuso. Por un lado, este año comenzó la implementación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.
Bajo este sistema, tanto cultivadores, usuarios y médicos pueden inscribirse ante el Ministerio de Salud de la Nación para que la tenencia, tanto de flores como de frascos de aceite, sea legal.
Sin embargo, tal como ha publicado THC, las fuerzas de seguridad no fueron capacitadas en la nueva normativa. Eso hizo que continúen los allanamientos y detenciones a las personas aunque estén inscriptas en el Reprocann.
«LA LEY DE DROGAS ES UNA HERRAMIENTA MÁS DEL CONTROL SOCIAL DE LOS SECTORES MÁS POPULARES Y QUE UTILIZAN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA», LE DICE A THC FLORENCIA CORBELLE, ANTROPÓLOGA QUE ESTUDIA LAS CAUSAS JUDICIALES A USUARIOS DE CANNABIS Y QUE CUENTA QUE LA PROHIBICIÓN CONDENA, SOBRE TODO, A LAS PERSONAS MÁS POBRES.
Por otro lado, el propio sistema creado por el Estado tiene sus dificultades. En primer lugar, aún son pocos los médicos que están capacitados en las terapias con cannabis, a pesar que desde la cartera sanitaria organizan formaciones.
Además, no existe todavía un servicio en el sistema público de salud para que un profesional acompañe el tratamiento e inscriba en el Reprocann. Por lo que, si una persona no tiene el dinero para abonar una consulta privada, está excluida del acceso a la medicina de la planta.
De todos modos, y a pesar de los avances que se han dado en los últimos años, la ley de drogas seguirá vigente en el futuro inmediato.
Mientras que el Estado habilita la tenencia, el cultivo y el transporte de cannabis con fines medicinales, seguirá penado para cualquier otro propósito.
Incluso existiendo una ley de cannabis medicinal y hasta la aprobación de una normativa que abra el paso a la industria, seguirán generándose causas que pueden llegar a penas de 15 años por tenencia o cultivo.
De hecho, la persecución a los usuarios y usuarias de cannabis ha ido en aumento en los últimos años.
Números oficiales que asustan
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cinco años se triplicaron la cantidad de «hechos presuntamente delictuosos» vinculados a la ley de drogas. Mientras que en 2014 eran 32.885, en 2019 pasaron a ser 98.037.
El 2019 fue el año más duro. Se registró un incremento del 84% en hechos registrados por «tenencia atenuada para uso personal».
En total, las fuerzas de seguridad realizaron 144 detenciones diarias por «tenencia para consumo». Las infracciones caratuladas como «tenencia simple», al menos el 66% de los casos no estuvieron relacionados a la venta.
Estos datos oficiales demuestran que el Estado priorizó la persecución a usuarias antes que el combate el narcotráfico.
Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), las causas iniciadas por cultivo aumentaron un 58% entre 2015 y 2016, con 789 y 1.244 casos, respectivamente.
Cultivo y usos en el país
Hacia finales de agosto se presentó la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis en Argentina. En este estudio del que participaron 64.646 personas durante noviembre y diciembre del 2020, el resultado preliminar fue que la planta es un fenómeno que involucra a toda la sociedad argentina de todas las provincias del país.
En cuánto a las razones del uso, la encuesta reveló que son múltiples y combinables. Del total de las personas que participaron de la encuesta, el 90,5% tiene a la planta para fines adultos.
Por su parte, un 33,5% hace una utilización medicinal propia y un 12,1% para terceros. Por último, un 3,2% también usa el cannabis para las mascotas.
A su vez, el estudio reveló que entre quienes cultivan su propio cannabis de forma personal o colectiva y quienes lo reciben de un cultivador solidario representan el 50% de ese universo.
En un contexto legal de abierta persecución, más del 62% de las personas que cultivan afirmaron que siempre tienen miedo al hacerlo, principalmente en vistas de un posible allanamiento.
Una persecución clasista
Un argumento habitual de los sectores que se oponen a una regulación del cannabis a la reforma de la ley de drogas es que se trata de un reclamo de minorías ubicadas en los sectores más pudientes de la sociedad.
Sin embargo, todos los números subrayan que avanzar en nuevas políticas permitiría poner un freno a un recurso penal que tiene como principales víctimas a las personas que menos tienen.
«La ley de drogas es una herramienta más del control social de los sectores más populares y que utilizan las fuerzas de seguridad en la vía pública», le dice a THC Florencia Corbelle, antropóloga que estudia las causas judiciales a usuarios de cannabis y que cuenta que la prohibición condena, sobre todo, a las personas más pobres.
NO PUEDE SER QUE MIENTRAS SE ESTÁ VOTANDO UNA LEY DE PRODUCCIÓN, DONDE VA A HABER PERSONAS QUE TRABAJEN EN EL CANNABIS, SE SIGA CRIMINALIZANDO. PEDIMOS UNA REGULACIÓN INTEGRAL PARA TODOS LOS USOS Y LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE DROGAS», LE CUENTA A THC NICOLÁS MILLONE, PRESIDENTE DE ACCIÓN CANNÁBICA, UNA DE LAS ORGANIZACIONES QUE CONVOCA A UNA NUEVA MOVILIZACIÓN NACIONAL.
En la actualidad, hay alrededor de 15 mil hombres presos por infracción a la ley de drogas. Esto representa alrededor del 15% del total de la población carcelaria.
De todas las personas en la cárcel por alguna causa relacionada a sustancias ilícitas, solamente 4.800 tienen una condena firme. Es decir que, alrededor de 8.000 aún esperan por su juicio, aunque estén privadas de la libertad.
Como en casi todo el mundo, en la mayoría de los casos se trata de personas de bajos recursos económicos que no tienen el dinero para financiar una defensa privada.
En cuánto a las mujeres, la estadística es más escalofriante. De las 4.313 presas, 2.000 están en prisión por infracción a la ley de drogas. Solamente tienen una condena firme unas 700.
Pero en términos porcentuales, la comunidad trans es la más afectada. De las 113 que están presas, 60 se debe por infracción a la ley de drogas. Es decir, más de la mitad. Mientras que solamente son 29 las que tienen condena, 31 continúan esperando su juicio en la cárcel.
“Las personas que tienen una mala posición económica no tienen la situación más conveniente para una resolución judicial. Básicamente, porque no pueden presentar una buena defensa al no tener el dinero para un abogado”, dice Corbelle sobre las torres de expedientes que suelen llegarle a los defensores públicos.
Por este motivo, las organizaciones cannábicas y de derechos humanos son contundentes: no puede avanzar una regulación sin la reparación a los sectores más vulnerados por la prohibición de las drogas. Miles de personas gritarán hoy en todo el país una misma consigna: regulación integral del cannabis y libertad a todos los presos y presas por cultivar.
fuente: revistathc.com
