Con menos de la mitad de la capacidad instalada funcionando, el sector enfrenta un panorama poco alentador: 8 de cada 10 empresas redujo su producción y el 90% vio caer sus ventas. Mientras, el gobierno incentiva la “competencia desleal”.
Frente a una crisis cada vez más alarmante en la capacidad productiva de la industria argentina, que sigue afuera de las prioridades económicas del gobierno nacional, uno de los sectores más perjudicados es el textil e indumentaria, con más de la mitad de su industria paralizada. “De cada 10 máquinas, 6 se encuentran paradas”, alertaron desde el sector que enfrentó en el primer semestre del año una contracción del 20% en su nivel productivo y una caída del 40% en las ventas, que todo indicaría podría sostenerse hasta la temporada de verano 2025. Así lo confirmaron fuentes de la actividad a este portal, en un marco donde ya se registran, al menos, 5.000 despidos y más de 10.000 suspensiones.
Así las cosas, las proyecciones indican que el contexto de recesión continuará en lo que resta del año afectando los diferentes rubros de la cadena de valor: desde la fabricación de hilados, telas, indumentaria y la comercialización de máquinas, insumos y bienes finales. Las empresas -pequeñas y medianas casi en su totalidad- se muestran en alerta tanto por la caída del poder adquisitivo y del consumo doméstico (88% tuvo baja en sus ventas internas) con adelanto de promociones por falta de ventas, sino también por el impacto de la apertura importadora que en estos días tuvo un nuevo capítulo con la eliminación del control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que, aseguran, generan “competencia desleal y también perjudica a los consumidores por la posible menor seguridad y calidad de esos productos”.
Esto se da en un marco en el que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se avanzó en la desregulación de importaciones de productos de la canasta básica (alimenticios, bebidas, productos de limpieza y cuidado e higiene personal) sumado a medicamentos y otros bienes esenciales, sobre los que se fijó una menor carga impositiva (Impuesto a las Ganancias e IVA) prorrogada recientemente hasta el 31 de diciembre de 2024, junto con menores controles a ciertos productos que ingresan desde el exterior, todo lo que -como ya sucedió en otros momentos de apertura sin control de importaciones y desregulación comercial, podría poner en jaque la supervivencia de sectores clave de la industria nacional.
Crisis productiva y alerta a futuro
Según el último dato difundido por INDEC, el uso de capacidad instalada de la industria se ubicó en mayo en 56,8%, dando cuenta de una fuerte caída de la actividad (11 puntos menos que hace un año), por detrás de la crisis de la pandemia en 2020. Al respecto, la caída se sintió en todos los sectores, aunque el golpe más fuerte, con más de la mitad de los recursos ociosos, fue para Productos textiles (41,4%), seguido luego por Productos de caucho y plástico (41,6%), Metalmecánica excepto automotores (45,3%), Industria automotriz (45,5%), Edición e impresión (46%), entre los más afectados.
En relación, el rubro Productos textiles se contrajo en mayo 21,4% interanual, según el último informe del Índice de Producción Industria (IPI-INDEC) al tiempo que la actividad mostró una caída del 19,8% comparada con igual mes del 2019, y que escala a 43,4% frente a 2016, inicio de la serie actual. En cinco meses del año, acumuló una contracción del 19%, en tanto que, en el caso de Prendas de Vestir, Cuero y Calzado, la caída asciende al 8,7% interanual, con un descenso acumulado en 2024 del 14,6%. Respecto del empleo asalariado del sector privado, Textiles, confecciones, cuero y calzado evidencian un derrotero a la baja desde octubre del 2023 que provocó que en abril de este año (último dato disponible del SIPA) registraran unos 5.400 puestos menos, número que se elevada a 43.000 puestos menos comparado con el máximo en septiembre de 2011 (-27,4%) estando entre los niveles más bajos de los últimos años.
Por su parte, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró, con datos actualizados a junio, un desplome del 20,4% interanual. Acumula así una retracción de 19,2% en el primer semestre del año. Se destaca que el uso de la capacidad instalada descendió más de 10 puntos porcentuales, ubicándose en apenas 60%. Este cambio refleja la compleja coyuntura que atraviesa el sector de industrias pyme a nivel federal. En el caso puntual de la rama Textil e indumentaria el informe describió que la producción se retrajo 7,4% anual en junio y 4,3% frente a mayo y para el primer semestre del año acumula una caída de 2,7%. “Se detectaron más cierres de empresas, y un incremento en el temor por la pronta liberación de importaciones. Empresarios consultados creen que se acabó el veranito para la actividad, y comienzan a pensar en cómo se acomodarán frente a un eventual contexto de menor demanda permanente”, alertó CAME.
En diálogo con este portal, Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, confirmó la situación que muestran los últimos datos del sector: “estamos con un 40% del uso de la capacidad instalada, lo cual para nuestra actividad es casi catastrófico, ya que no hay ninguna posibilidad de hacer que la actividad sea rentable. Significa en lo concreto que, de cada 10 máquinas, 6 las tenemos paradas, lo que no es compatible con ninguna producción industrial y hace que sea muy difícil sostener el empleo”.
El panorama actual es poco alentador si se compara además con tan solo un año atrás: “para el mismo mes de 2023 estábamos por arriba del 70 u 80% del uso de la capacidad instalada y a esto además hay que sumar que la industria en los últimos tres años tuvo récord de inversiones, más de 1.400 millones de dólares, esto significa que tenemos todo un sector totalmente tecnificado y con gente capacitada, pero con nuestras máquinas paradas, entonces la situación es aún peor porque a los empresarios se les suma el problema de llegar a pagar los salarios en un momento de baja rentabilidad, y también hay que hacer frente al pago del crédito de esas inversiones”, graficó.
La industria textil-indumentaria es una de las más antiguas de la industria nacional, cuenta con más de 5.000 empresas y considerando la actividad de indumentaria más los comercios, llega a las 25.000 firmas. Según un informe elaborado por Fundar, la cadena textil-indumentaria “incluye no solo los eslabones industriales sino también al agropecuario y al comercial, llegando a generar el 2,8% del empleo de la economía: 539.000 personas ocupadas, de las cuales más de la mitad (293.000) trabaja en los eslabones industriales”.
Sin embargo, el último documento de coyuntura elaborado por la Fundación Pro Tejer menciona que “la situación es alarmante con más de 5.000 despidos y de 10.000 suspensiones”. El 64% de las empresas tomaron medidas en el último tiempo que afectaron negativamente al empleo: cancelación de horas extras, despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones y no-renovación de contratos, entre otras.
“El primer semestre no fue fácil para la industria textil-indumentaria. Se caracterizó por una elevada inflación, la pérdida de poder adquisitivo y una marcada caída en las ventas. Según datos de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), al tercer bimestre del año las ventas de indumentaria cayeron un 7,8% comparado con el mismo bimestre del año pasado. Por otro lado, el índice de producción industrial elaborado por INDEC mostró una caída acumulada interanual de 15,9% en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado respecto del mismo período de 2023”, indicó al ser consultada Nadia Schuffer, economista e investigadora del área de Planificación Productiva de Fundar.
Frente a los altos niveles de capacidad ociosa y en contraste con el récord de inversión en años anteriores, para 2024 el 87% de las empresas no proyecta realizar inversiones e inclusive algunas de ellas cancelaron inversiones planificadas, según la encuesta de coyuntura mayo-abril de Pro Tejer. Asimismo, respecto a la cadena de pagos, el 35% manifestó tener dificultades para afrontar pagos corrientes (impuestos, tarifas, proveedores, salarios). En el plano de la deuda comercial, 54% de las empresas continúa con dificultad para afrontar gastos por importaciones, sólo un 11% del total con deuda licitó BOPREAL para cancelarla.
Ventas por el piso
La crisis productiva se vincula de forma directa con la crisis del consumo producto de la reducción de las ventas en los comercios, ya que las familias empiezan a comprar en menor cantidad o directamente a descartar algunos consumos. De acuerdo con el último dato de ventas minoristas que elabora CAME en junio las ventas en general retrocedieron 21,9% interanual (el tercer valor más bajo de los últimos 18 meses) y acumularon una caída de 17,2% en el primer semestre del año. Puntualmente en la rama textil e indumentaria, la comercialización bajó 0,9% en el sexto mes del año, ya que “los comercios apelaron a las liquidaciones y grandes ofertas para sacarse el stock de encima y conseguir liquidez”, incluso se observó un adelanto de promociones en prendas que aún son de temporada.
Si bien la ropa es uno de los principales bienes de consumo de la población argentina, sólo por detrás de alimentos y bebidas y transporte, la crisis de los ingresos en los últimos años -agravada en estos meses- no ha dejado exento al sector de una caída en sus ventas: el 88% de las empresas registraron caída en su volumen de ventas.
“Las ventas están totalmente deprimidas, al calor de lo mismo que el uso de la capacidad instalada. La caída ronda 40% interanual, aunque depende de cuál es el eslabón de la cadena de valor que es muy larga. Además, lo que se vislumbra para el verano, ya estamos produciendo para el verano 2025, es una demanda que también siga 40% por debajo de lo que fue el verano 2024”, señaló Galfione a El Destape y agregó que en este marco “ocurrieron despidos, más de 5.000 despidos, y de prolongarse la situación obviamente se van a incrementar”.
La principal razón que identifican las empresas como causante de la caída de las ventas y de la producción la es la pérdida del poder adquisitivo de la población: el 86% de las encuestadas. Le siguen en el 34% de los casos las expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios respecto al futuro, como otros causantes. Otras razones identificadas fueron la variación de costos de materias primas e insumos, así como la mayor participación de bienes importados en el consumo.
Competencia desleal y menor seguridad
La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación eliminó en estos días el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. La medida se inscribe en la decisión general del gobierno de La Libertad Avanza de favorecer, desde el inicio de su gestión, el ingreso de importaciones de productos terminados al país, tal el caso de alimentos y medicamentos, a lo que se fueron incorporando cambios en los controles a ciertos productos que ingresan desde el exterior, entre ellos textiles y calzados. “A partir de esta medida, que tiene como objetivo bajar el costo de la burocracia y facilitar los procesos de importación, este control pasará a realizarse ex post asegurando la obligatoriedad del cumplimiento del etiquetado”, indicaron en el comunicado oficial.
Como consecuencia, las empresas del país se encuentran en alerta por la caída del nivel de producción que ya golpeada por la contracción de la demanda, la menor competitividad por los altos costos en dólares y las dificultades para exportar, debe hacer frente también al aumento de importaciones desreguladas. “Eliminar controles nos pone en una posición de competencia desleal, porque claramente cuando no se controla una producción importada, no hay certeza de que aquello que se importa se haga como corresponde.
Es decir, si nosotros tenemos que cumplimentar un montón de legislación local pero la legislación para la importación no se hace cumplir porque no se controla, nadie puede asegurar que ese producto importado se haya hecho bajo las mismas condiciones que tenemos que cumplir los locales, por ejemplo, en el caso de normas ambientales, tratamiento de fluentes, el pago de derechos laborales que en el mundo de la indumentaria no existen ya que en otros países se fabrica pagando jornadas laborales de 80 dólares, con 16 horas de trabajo, sin sindicatos, sin aguinaldos, sin vacaciones y todo eso está admitido por la ley”, analizó el presidente de la Fundación Pro Tejer.
En el mismo sentido desde Fundar, Nadia Schuffer explicó que “la última normativa eliminada establecía que los productos que quisieran ingresar al país debían contar con un etiquetado realizado en origen y que, en caso de no poseerlo, debían reetiquetarse a través del proceso de Adaptación al Mercado Local. A partir de la última modificación, se mantiene la obligatoriedad del etiquetado previo a la comercialización, pero ahora su fiscalización se realizará ex-post y ya no estará a cargo de la Dirección General de Aduanas, sino de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial”. Esta medida se suma a otras que apuntan a desregular el comercio exterior como la eliminación de las Licencias No Automáticas (LNA), la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y de la Capacidad Económica Financiera (CEF).
De acuerdo con la especialista, “sin duda, esto representa una amenaza para la producción local y, por ende, para el empleo en estos sectores ya que es esperable que en el mediano plazo este conjunto de medidas resulte en una mayor presencia de productos importados en el mercado local”, asimismo dijo que “la mayor afluencia de productos importados actúa como un factor de presión a la baja de precios.”
Galfione, por su parte, agregó que “quien se lleva la peor parte siempre es el consumidor porque claramente cuando compren un producto de este estilo ya nadie va a asegurar que está hecho de lo que dice la etiqueta inicial, con lo cual esperamos que no haya ningún problema al respecto desde el punto de vista -por ejemplo- de la salud, como ha ocurrido en otros momentos con juguetes para niños.
Y se suma otro factor que también puede afectar a la sociedad en general, vinculado a que cuando uno declara un producto importado, lo hace bajo una posición arancelaria. El hecho de que también los controles estén flexibilizados, hace que puedan declarar indumentaria bajo posiciones que sean más convenientes y pagar menos impuestos, es decir, favorece la evasión y genera menor recaudación”. Para cerrar el empresario resaltó que “sin dudas es necesario facilitar el comercio, desde el punto de vista de la burocracia, pero eso no debe traducirse en eliminar los controles sino en hacerlos más eficientes, y además es ir a contramano de lo que hace el mundo, donde se nos exigen estas normativas”.
