En la letra fina del proyecto que ingresó al Congreso no se contempla la recomposición salarial que los docentes y no docentes universitarios esperaban y se modifica la ley de educación. ¿Cuáles son los números del ajuste?
Las diferencias entre Javier Milei y el sector universitario no paran de crecer. No solamente el Presidente vetará la recomposición de los salarios docentes y no docentes para este fin de año sino que el Presupuesto 2025 no alcanza ni a la mitad de lo que el Consejo Universitario Nacional (CIN) exigía. ¿Qué números está manejando el ajuste?
El presupuesto que ingresó el lunes al Congreso Nacional prevé destinar $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. La diferencia sería de unos $3.386.305.576.152.
En este sentido, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, indicó que “hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”.
En el presupuesto del gobierno no se incluye, en efecto, la recomposición de los salarios docentes y no docentes. “Ni siquiera para, al menos, igualar la situación de pérdida frente a la inflación”, sostuvo Moriñigo en diálogo con El Cronista.
Para el dirigente universitario, la única certeza que surge del presupuesto presentado por Javier Milei es que los docentes y no docentes seguirán cobrando los mismos salarios que tienen en 2025. “Van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%. El gobierno de Milei manda a perdida todo el año 2024, empezamos 0 a 0 desde el 2025 y tampoco propone una recuperación en cuotas, no aparece nada.”, aseveró.
Por otro lado, en las partidas asignadas a la educación superior tampoco aparece un aumento de gastos materiales a las universidades en función de la inflación de este año y del año que viene. A pesar de ello, desde el sector universitario ven como prioridad las partidas salariales porque constituye el 90% del presupuesto universitario y entienden que pueden discutir las partidas presupuestarias según el aumento de la inflación con la Secretaría de Políticas Universitarias.
Además, en el Presupuesto 2025, el artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, reza el artículo.
Sobre este pasaje, Moriñigo aseguró que viola la autonomía universitaria y agregó que la información del pago de salarios se envía “todos los meses”. “Hay una sobreactuación de todos los ministerios de quedar bien con el Poder Ejecutivo, de cuestionar a todos y poner a todos en duda y en el medio no consultan y no preguntan”, se lamentó el presidente del CIN.
En cuanto a la violación de la autonomía universitaria, Moriñigo explicó que las universidades rinden cuentas académicas frente al Consejo Educativo y de presupuesto a la AGN. “Cuando nos llamen diremos que no son un agente al que tengamos que rendirle cuentas políticas y académicas. La autonomía es para eso y la autarquía porque al presupuesto le damos el destino que aprueban los consejos superiores”, indicó.
Por este motivo, el dirigente universitario consideró que hay que “refrescar la idea” de que cuando haya un presupuesto asignado, las Universidades deben rendir cuentas al Congreso y no al Poder Ejecutivo.
Los números de las universidades en el Presupuesto 2025
El presupuesto que contempla el Poder Ejecutivo establece la diferencia de los distintos montos otorgados a las Universidades, primera está la Universidad de Buenos Aires (UBA) con unos $657.951.600.636.
Le siguen: la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.
Por último, en el artículo 27 del Presupuesto 2025 establece que en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Bases se suspende para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias.
Dicha norma establece que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no debe ser inferior al 6% del PBI. Si bien la coincidencia es que no es un piso que se respetara en la práctica, no deja de ser un horizonte ideal que se pone en pausa con los poderes arrogados por el Congreso al Ejecutivo.
El Cronista
