La decisión había sido anunciada el viernes por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una reunión con los jugadores líderes de las empresas de medicina prepaga. La resolución fue publicada este lunes en el Boletín Oficial
Tal como había adelantado Infobae, el Gobierno oficializó la medida que obliga a todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, a inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (R.N.A.S.) con encuadre en el inciso I del artículo 1 de la Ley N 23.660.
La medida del Gobierno se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 3284/2024, que establece que, a partir del 1° de diciembre, todas estas entidades deben estar correctamente inscriptas en el (R.N.A.S.). Esto significa el abandono de la triangulación de fondos de las empresas de medicina prepaga hacia las obras sociales.
De esta manera, la normativa establece que la inscripción “habilitará a las entidades a ofrecer planes de salud, siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes NROS. 23.660, 23.661, 26.682, sus modificatorias y reglamentarias”.
Por otro lado, la resolución aclara que el incumplimiento de la inscripción tal cual lo establecido “impedirá la comercialización de dichos planes y dará lugar al inicio del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones”.
Según precisaron desde el Ministerio de Salud a este medio, el principal objetivo es reordenar y transparentar el sistema. Por esto mismo, a partir de la fecha establecida, los beneficiarios van a derivar de manera directa sus aportes, sin ningún intermediario, para así terminar, tal como vienen graficando, con las llamadas cajas negras.
De hecho, entre sus argumentos, el Ejecutivo destaca que “la transparencia en la operación de los fondos que lleven adelante los Agentes del Seguro de Salud es un principio fundamental para garantizar que los beneficiarios sepan con precisión de qué forma se emplean sus aportes y contribuciones”. “La claridad del procedimiento garantiza que los usuarios tengan acceso simple y claro a la información sobre el destino de los recursos que les han sido detraídos”, agrega.
La decisión había sido anunciada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una reunión con los jugadores líderes de las empresas de medicina prepaga más importante del país, llevada a cabo durante la tarde del viernes. Además, se dio en el marco del anuncio de que la empresa Swiss Medical haya iniciado el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud. Este jueves habría una conferencia de prensa fundamentando el alcance de la medida del Gobierno.
Infobae pudo saber que de la reunión participaron representantes de Medifé, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Hospital Alemán y Hospital Italiano.
Según trascendió, hay al menos otras dos prepagas grandes que se sumaron al registro de agentes de salud, una de ellas es Medifé. El caso de otras entidades como Medicus, si bien no tomaron una decisión, terminarían optando por el mismo camino al igual que el resto.
La idea es que a partir del 1 de diciembre se termine la intermediación, ya que, según detallaron, todos van a poder derivar sus aportes de manera directa.
Estas reuniones con las principales empresas de medicina prepaga se dieron en la misma semana en la que Lugones juró como ministro de Salud. El pasado martes 1 de octubre, el presidente, Javier Milei, le tomó juramento en una ceremonia breve en Casa Rosada.
El avance de la desregulación de las obras sociales y prepagas
El Gobierno viene avanzando en la implementación del DNU 70/2023 introduciendo cambios en la regulación de las obras sociales con el fin de fomentar la competencia en el sistema de salud.
La normativa propuesta establece un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución para todos los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud (SSS), buscando otorgar mayor equidad y eficiencia.
Esta medida, destacada en el decreto 600/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), forma parte de una serie de reformas del Ministerio de Salud de la Nación, orientadas a reordenar el sistema.
La Superintendencia de Servicios de Salud se encarga de garantizar la libre competencia y asegurar que los beneficiarios puedan elegir entre diferentes opciones, promoviendo una mayor transparencia y un mercado más equitativo. Las reformas también tienen como objetivo erradicar los “sellos de goma” y otros intermediarios que no aportan servicios de calidad.
Como viene informando este medio, la búsqueda de competitividad se apoya en el contexto de una inflación más baja, lo cual brindará mayor estabilidad en los planos de salud. El FSR, gestionado por la SSS y AFIP, tiene el objetivo de asegurar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) y cubrir costos extraordinarios mediante el Sistema Único de Reembolsos (SUR).
Dentro de este marco, se aleja a los beneficiarios a ejercer su libre elección entre obras sociales y prepagas, incrementando así la competencia y el volumen del FSR. Este cambio normativo, según se detalló en una nota de Infobae, afectará a más de 14 millones de trabajadores en Argentina, incluidos empleados públicos y privados, sindicalizados y autónomos, mejorando la gestión de aportes hacia las entidades de salud.
Según las nuevas normativas, detalladas en otra nota de Infobae, los copagos, que se aplican en las empresas de medicina prepaga, y los coseguros, relacionados históricamente con las obras sociales, tendrán ahora regulaciones que favorecerán la competencia al no fijar un valor máximo ni mínimo. Esta flexibilidad permite que las obras sociales definan sus tarifas calculadas en proyecciones económicas internas, adaptadas a su capacidad y servicios, asegurando así que los valores sean acordes a la realidad económica de cada organización.
Estas reformas están diseñadas para democratizar el acceso a servicios de salud en Argentina, mejorando la calidad de las prestaciones y asegurando que el dinero aportado por los afiliados sea dirigido exclusivamente a la cobertura sanitaria, dejando de lado gastos innecesarios y prácticas ineficientes.
Infobae
