PREVIO A LA PRIVATIZACIÓN, AYSA APLICARÁ SUBAS POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

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Los incrementos alcanzarán un 19,6% acumulado en doce meses hasta febrero de 2028, mientras los usuarios de zonas bajas conservarán un descuento del 15%.

El Gobierno habilitó un ajuste tarifario por encima de la inflación para Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que comenzará a regir en febrero de 2027, en la previa de su privatización, pero fijó un límite mensual para contener el impacto. A través de la resolución 45/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), se redefinieron las categorías geográficas del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores el 1 de febrero de 2027, seis de cada diez usuarios residenciales afrontarán subas escalonadas con un techo del 1,5% mensual acumulativo sobre el cargo variable y por encima de la fórmula vigente de indexación por inflación. Este sendero gradual implica un incremento acumulado del 19,6% a lo largo de doce meses, hasta febrero de 2028, momento en el que las facturas alcanzarán el valor definitivo del nuevo coeficiente, mientras que el 40% restante de los hogares no sufrirá aumentos o recibirá rebajas directas desde el primer mes.

La reestructuración divide el área de concesión en cinco niveles de coeficientes zonales y deja atrás un esquema que no se actualizaba desde las décadas de 1960 y 1980, pese a los cambios urbanos y demográficos ocurridos en más de cuatro décadas. En el Ejecutivo, según informó Clarín, argumentaron la necesidad de esta revisión geográfica porque “la propuesta se elaboró sobre la base de información actualizada, incluyendo datos del Censo Nacional 2022 y estudios socioeconómicos, con el objetivo de establecer una clasificación geográfica más representativa de las características actuales de las distintas zonas del área de concesión y corregir inequidades históricas”.

Para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables, la normativa conserva la bonificación del 15% para inmuebles residenciales o baldíos ubicados en zonas bajas o medio-bajas, además de otorgar descuentos extra a los inscritos en el Programa de Tarifa Social para que no varíe el monto que pagan. Quienes cuenten con este subsidio activo al 31 de diciembre de 2026 obtendrán una extensión excepcional por un año más, y en la empresa estatal remarcaron el fin social de la recaudación adicional al asegurar que “todo excedente en la facturación que genere a futuro esta medida se destinará íntegramente al Programa de Tarifa Social”.

Por último, la resolución oficial prevé un mecanismo para reinvertir los fondos en caso de que la recaudación extra supere las necesidades de asistencia social. Si tras cubrir las bonificaciones del Programa de Tarifa Social queda un saldo favorable, el ente regulador podrá asignarlo a expandir los objetivos de inversión estipulados para la concesión de acuerdo con las reglas del contrato.

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