Cerdán (PSOE) y Turull (Junts) rubrican el pacto, que contempla los casos de ‘lawfare’, un verificador internacional y abrir una negociación sobre el referéndum de autodeterminación
En los últimos días, “inminente” ha sido un adjetivo que ha acompañado a PSOE y Junts en más de una ocasión. Pero nunca ha terminado de hacer honra a su descripción. Ahora sí. Socialistas e independentistas llegan al final del camino, tras cerrar un acuerdo esta madrugada, como confirma EL MUNDO. Toda la maquinaria está activada. Santos Cerdán, por parte del PSOE, y Jordi Turull (Junts) han firmado el pacto en la mañana de este jueves. Sus firmas figuran en el texto, por eso se sabe, porque ni han permitido grabar la firma ni han distribuido imágenes públicas.
El intercambio de propuestas y redacciones ha proseguido hasta bien entrada la noche, tras las exigencias de Carles Puigdemont de ampliar el perímetro del perdón, con el objetivo de blindarse tras la imputación por terrorismo del juez García Castellón. Y por la chimenea habrá fumata blanca. No obstante, Jaume Asens, negociador por parte de Sumar, ha expuesto en una entrevista en TV3 que quedan por cerrar “algún detalle de última hora” sobre la amnistía, “pero que no es un problema importante”, y ahí que se haya firmado ya el pacto.
La fecha encierra también sus circunstancias: 9-N. Se cumplen nueve años de la consulta ilegal que se celebró en Cataluña.
Cerdán, en una comparecencia en el hotel Sofitel, ha expuesto que la ley de amnistía “está acordada”. Ha justificado que no la presenten y que su contenido aún no sea público porque la tienen que ver el resto de partidos que apoyarán la investidura -Sumar, PNV, Bildu, ERC y BNG-. “Estamos presentando un acuerdo político, anunciando que tenemos acuerdo político y acuerdo sobre la ley de amnistía”.
Aunque la letra pequeña de la ley aún no se conoce, Cerdán ha desgranado que la amnistía cubrirán los casos vinculados al procés desde 2012 a 2023. “A partir de ahí veremos qué ocurre con los demás. Serán los jueces” los que decidan.
VERIFICADOR INTERNACIONAL
El negociador del PSOE ha confirmado que en los últimos días, y tras la imputación del juez García Castellón a Puigdemont por terrorismo, Junts, como informó EL MUNDO, exigió una “relectura” y “revisar” lo que estaba pactado. “Por eso se demoran las negociaciones”, ha expuesto Cerdán. “Pero la ley está acordada y el acuerdo político acordado y firmado”. Un acuerdo político que, entre otras medidas, incluye un verificador internacional, para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos”, y abrir un debate sobre el referéndum. En “los contenidos de los acuerdos a negociar” se incluye el “ámbito del reconocimiento nacional”, donde Junts propondrá la consulta y el PSOE el desarrollo del Estatut de 2006 y el autogobierno.
Todo esto se debatirá en una mesa de negociación que se creará entre ambas formaciones, que tiene prevista su primera cita en este mes de noviembre y que se reunirá fuera de España, para que pueda acudir Puigdemont.
En el texto firmado está contemplado que el perdón ampare los casos de lawfare, que era una de las exigencias de Puigdemont, tanto para blindarse a sí mismo como a sus colaboradores. “Este ley debe incluir tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, recoge el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Asimismo menciona expresamente el concepto lawfare: “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esto significa que será el Congreso -que acoge las comisiones- quien dictamine quién puede ser amnistiado, tomando el papel de juez.
La presentación del pacto sobre la amnistía entre el PSOE y Junts despeja el camino a la investidura de Pedro Sánchez, si bien aún tendría que rubricar un acuerdo con el PNV. Fuentes gubernamentales confirman a este diario que ésta tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre.
Desde Bruselas y desde Madrid en las últimas horas ya anticipaban que el pacto podía presentarse “en cualquier momento”. La negociación estaba muy avanzada e, incluso, los socialistas creyeron que podrían firmar la pasada semana. Una previsión que se truncó por la exigencia de Junts de ampliar el perímetro de la amnistía a casos de lawfare que implican a colaboradores del prófugo de la Justicia. Pero hubo pacto con ERC y no con Junts, lo que enfadó a los de Puigdemont.
Aunque en más de una ocasión el pacto se ha dado por prácticamente cerrado y luego no se ha confirmado, en esta ocasión sí fue la vencida. Y ha sido en Bruselas, donde se encuentra el número tres del PSOE, Santos Cerdán, que lleva en la capital europea desde el domingo tratando de superar los escollos. En la ciudad también están los colaboradores de Puigdemont: el secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras.
A pesar del frenazo de los últimos días, ambos partidos siempre han mostrado optimismo de que habría acuerdo y que la negociación no descarrilaría por completo. Eldiario.es adelantó que el pacto está ya cerrado, tal y como ha constatado este diario. Habrá escenificación y firma en las próximas horas, y la investidura y presentación de la ley de amnistía se harán la próxima semana, como ya venían deslizando fuentes socialistas de la negociación.
El principal escollo ha sido de los últimos días ha sido, como ha informado este diario, la exigencia de Puigdemont al PSOE de reescribir el borrador de la ley de amnistía para que deje sin efecto el auto dictado por el juez Manuel García Castellón, que lo imputa por terrorismo.
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