Cuatro hombres y una mujer siguen detenidos en penales federales acusados de delitos graves. Los que fueron liberados continúan con procesos abiertos debido a la apelación del fiscal Stornelli.
Durante la jornada del 12 de junio, mientras se debatía la Ley Bases, el Congreso de la Nación fue el foco de atención durante el día. Pero los protagonistas exclusivos no fueron los senadores ni los artículos que se discutieron, sino la feroz represión que se vivió en las afueras e inmediaciones del Parlamento. El resultado de la violencia de las Fuerzas de Seguridad dejó un saldo de más de 600 heridos y 33 detenidos. Luego de unas horas, 17 de ellos fueron liberados en el transcurso de las horas posteriores, otros 16 resultaron excarcelados seis días después, luego de que una Plaza de Mayo repleta de personas reclamara por su liberación. Pero aún quedan cinco arrestados, acusados de un sinfín de delitos.
Cuatro hombres, cuatro historias
Cristian Valiente de 41 años, extrabajador de un supermercado chino y oriundo de la Provincia de Buenos Aires, arribó a la plaza para el momento de la desconcentración, durante la tarde, de manera individual. Minutos después fue uno de los 33 detenidos por la Policía Federal y de la Ciudad. Es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Según la versión policial, al momento de la detención fue encontrado con una granada de gas lacrimógeno en su mochila. Según la versión de Valiente, un aerosol de gas pimienta vencido en 2022 con inscripciones del Ministerio de Seguridad, que encontró minutos antes de su arresto y que guardó para mostrar luego debido a la caducidad del mismo.
Roberto María de la Cruz Gómez también es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Fue detenido por efectivos de la Ciudad a varias cuadras de la Plaza Congreso, sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Manifestó, en su declaración, haber sido golpeado al momento de la detención.
Facundo Ezequiel Gómez vende café en Plaza Serrano junto con su hermana. Esa tarde del 12 de junio se acercó al Congreso, como muchos otros, para manifestarse contra la Ley Bases. Lo hizo por su cuenta, sin la compañía de amigos u organizaciones. Fue detenido alrededor de las 19:30 en Entre Ríos y Rivadavia, frente al Congreso, al lado de una valla policial, mientras hablaba por celular con su madre.
En principio, fue arrestado por averiguación de antecedentes. Luego, según el testimonio de un policía, por saltar el vallado policial, de dos metros de alto, que se encontraba a su lado al momento de la detención. Según su declaración en la causa, un testigo observó toda la situación e intentó frenar el arresto explicando la situación. No hubo caso, era un policía contra dos manifestantes. En ese momento, cuatro uniformados se arrojaron sobre él y lo detuvieron. Su mamá, con problemas de salud, al otro lado del teléfono, fue testigo del suceso. Actualmente se lo acusa, entre otras cosas, de incitar los disturbios y se lo señala como uno de los que arrojó piedras a la policía. Mientras tanto, aguarda su libertad en una cárcel común de Ezeiza.
David Oscar Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle al momento del arresto. Según su propio testimonio, no estaba participando de la manifestación, se dirigía a la iglesia San Expedito, a dos cuadras del Congreso. Según su testimonio, iba a allí en busca de ropa y comida. No llegó a su destino, ya que fue interceptado por fuerzas policiales que le arrojaron gas pimienta y lo arrestaron por una supuesta patada a una mujer policía. Otra vez, la versión de los uniformados, sin más pruebas que sus palabras, contra la versión de civiles. Está acusado de atentado a la autoridad y es investigado, a pedido de la jueza María Romilda Servini, por incitación a la violencia colectiva.
La única mujer detenida
Patricia Daniela Calarco Arredondo es la única mujer que aún continúa detenida. Es lesbiana, militante social, LGBT y feminista, luchadora ambiental, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y trabajadora despedida del exministerio de Desarrollo Social. Trabajó allí desde el 2019 hasta marzo de este año. Tenía más de un motivo para rechazar la Ley Bases y manifestarse en contra. Así lo hizo, junto con su compañera Emilia, militante también.
Fue arrestada a la salida de un local de comida rápida. «La detuvieron cuando ya estábamos desconcentrando, a varias cuadras del Congreso. Fue un plan de cacería, lleno de motos que se tiraban encima de la gente, gases y balas de goma», afirmó Emilia Manazza, compañera de Daniela, a ANCCOM.
Se la acusa de intimidación pública, como al resto de los detenidos, pero también por daño agravado de un bien público, más precisamente las bicicletas de la Ciudad. «Hubo varias irregularidades. Primero, a Daniela la detuvo un personal de civil, sin identificación ni voz de alto. Entonces, ¿de qué resistencia a la autoridad hablan?», contó Emilia. Y agregó: «Además, a ella la detuvo un policía masculino. Segunda irregularidad. El personal femenino se demoró entre 30 y 40 minutos».
Criminalización de la protesta
Mientras tanto, La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, junto con otros organismos y otras personalidades, se presentaron como amicus curiae en la causa. Cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y exigen la inmediata liberación de todos los detenidos. “Este Gobierno quiere criminalizar la protesta, pero darle una vuelta de tuerca a nivel represivo”, sostuvo ante ANCCOM Daniel Vázquez, abogado de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) y defensor de Calarco Arredondo.
Al mismo tiempo, organizaciones comenzaron a llevar a cabo una serie de colectas para recolectar alimentos, abrigo y dinero, tanto para las personas que aún continúan en prisión como los que ya están fuera y siguen a la espera del cierre de la causa. “Mucha gente piensa que todo terminó cuando se liberó a la gente, pero no es así. La causa sigue para los 33 detenidos ya que Stornelli apeló la falta de mérito de todos y todas”, aclaró Vázquez. Y agregó: “Lo más importante es la organización y la solidaridad”.
Silvia Oliva, mamá de Camila Juarez Oliva, una de las personas liberadas, convocó este próximo martes 2 de julio a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) a una nueva reunión para exigir la liberación de quienes aún continúan presos y debatir sobre cómo seguir de ahora en más. “La idea es continuar con la coordinación y fortalecer la unidad que logramos”, imploró en su pedido.
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