Quiero compartir con vos una reflexión sobre la discusión alrededor del incremento salarial para los funcionarios públicos, el tema que instaló Cenital en la primera semana de su nueva etapa. Aplicar aumentos en línea con los otorgados en paritarias, en un contexto en que la inflación horada -a niveles con pocos antecedentes históricos- no debería ser controversial. Los sueldos legislativos en Argentina son de los más bajos de la región, tanto en niveles absolutos como en relación al nivel de salarios de la economía. Para quienes asumen un cargo jerárquico en el Poder Ejecutivo -con niveles salariales muy inferiores a las responsabilidades equivalentes en el Poder Judicial y, mucho más marcadamente, en el sector privado- el congelamiento nominal es difícilmente asumible para quienes dependen de su ingreso para sostener el nivel de vida. Si esta situación se prolongara en el tiempo, la política se convertirá en el mejor de los casos en una ocupación reservada para ascetas o para aquellos capaces de soportar vivir de sus patrimonios y no de los ingresos por su actividad. En el peor de los casos, se consolidaría un modelo de dependencia de mecenazgos empresarios o corporativos o negocios particulares con el dinero público. Sólo un discurso que estigmatiza a la dirigencia política puede convertir una medida lógica en el contexto inflacionario en un tabú que ocultar como si fuera un delito. Ahí apareció Cenital con las revelaciones de la nota de Noelia Barral Grigera que obligaron a Martín Menem y Victoria Villarruel a retrotraer el aumento y despertó a la oposición, que advirtió una maniobra similar en la administración pública nacional. Exactamente esto -que llamativamente ocurrió muy rápido- es lo que queremos consolidar en esta nueva etapa: ejercer un periodismo libre, que genere contenido original y de calidad: para todo eso es fundamental tu apoyo.
“Se tendría que haber excluido del 16% de la administración pública a los cargos jerárquicos igual que en enero”. La explicación de un funcionario de trato diario con Javier Milei ante la consulta de #OffTheRecord no tenía sujeto hasta ayer a la mañana cuando el presidente echó por televisión al secretario de Trabajo, Omar Yasin, un hombre que trabajó en la administración Cambiemos bajo las órdenes de Jorge Triaca -estaba a cargo del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO)- y que hasta ayer reportaba a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien lo unía una relación muy cercana.
El motivo del alejamiento de Yasin no responde a una lógica procedimental -no fue, ni de cerca, el principal responsable del descuido de Javier, el que firma sin leer- sino política que responde a la interna cada vez menos delicada entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Pettovello. De menor a mayor, hay tres funcionarios que, indudablemente, tenían más responsabilidades que Yasin en el salariazo involuntario. El primero, lejanísimo -igual que Yasin- es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, un hombre clave en la estructura del ministro Luis Caputo. El segundo, ya con más cuerpo, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, un funcionario clave de la estructura de Posse, un jefe de Gabinete que acumuló en tiempo record tantos cargos, recursos y poder como enemigos. El último, el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, el hombre que le lleva la firma al presidente de la Nación. Yasin había desplazado a Horacio Pitrau por algo que no correspondía vinculado a una maniobra de interpretación de las cuotas solidarias que trabajó Armando Cavalieri y desató la furia de Federico Sturzenegger y el propio Posse.
A pesar de la ruidosa corrección, el incidente golpeó a Milei en su línea de flotación comunicacional, una obsesión que busca sostener en un contexto de deterioro material -con pocos precedentes en cuanto a su velocidad- y que, por ahora, no tiene un correlato proporcional en su imagen. Lo saben algunos curas villeros que advierten descontento social y cierta desilusión con el presidente, pero todavía muy lejos de ver las soluciones en otros espacios. La clase media, el sector más agredido por el programa económico de Milei, es más reactiva a que la asocien con los colectivos que suelen ocupar el espacio público por alguna demanda o reivindicación. Es probable esperar manifestaciones sectoriales, como la de la comunidad universitaria, pero no algo masivo de impugnación al gobierno a menos que ocurra un cisne negro.
La imperfecta correlación entre materialidad e imagen puede verse en Brasil, donde tres encuestadoras diferentes advirtieron una caída en la popularidad de Lula da Silva a pesar de una economía que creció por encima de las previsiones y una inflación que -a pesar de sus problemas puntuales en alimentos- registra una tendencia a la baja superior a los guarismos más optimistas de inicios de su mandato. Los ecos de sus declaraciones sobre el accionar de Israel en Gaza resonaron especialmente en dos sectores a los que el presidente buscó acercarse el último año en política doméstica: evangélicos y clases medias. Un tema de política exterior, que en principio no estaba en la agenda de prioridades de ningún votante, se convirtió por una declaración en una cuestión de agenda central durante varios días. El presidente argentino, para quien el enfrentamiento retórico con “la casta” es central, habrá tomado nota. El despido con atribución de causa de Yasin es señal de la importancia que otorgó al asunto, aún con la evidente desconexión entre las responsabilidades del funcionario y la medida adoptada. Un dato que pasó desapercibido: tal fue el impacto para el oficialismo que el presidente, por primera vez, decidió dar un reportaje en vivo en un estudio de televisión desde el 10/12.
Más allá de la importancia de las sensibilidades, la relación imperfecta se sostiene, y es la economía la que terminará por torcer, para bien o para mal, el rumbo del Gobierno en el mediano y largo plazo. La medida sobre los plazos fijos, con el final de la tasa mínima y la reducción de la tasa de referencia, prácticamente elimina los instrumentos capaces de combatir la inflación. Desde el salto devaluatorio inicial, el peso se fortaleció contra el dólar, pero se debilitó contra el poder de compra. Mientras al Gobierno le interesa la competencia entre la moneda nacional y la estadounidense, para la mayoría de los ahorristas, lo que pesa es el deterioro de su poder adquisitivo. Mientras el Gobierno busca reducir el carry trade -grandes ganancias en dólares con posiciones en pesos de corto plazo-, los minoristas ven sus posiciones perder valor contra cualquier canasta de bienes y servicios.
La relativa fortaleza del peso en los mercados paralelos se logró pisando los pagos de importaciones de los sectores productivos a la espera de la cosecha gruesa, mientras la recesión diluye la demanda de importaciones. El resultado es paradójico. Desde que asumió el presidente, se registra un fortalecimiento del tipo de cambio real. Una suba de los salarios medidos en dólares a los tipos de cambio financieros, que en términos reales es, sin embargo, una caída inédita de su poder adquisitivo en el mercado interno. Para las empresas, la situación supone una suba de salarios en términos internacionales que afecta su competitividad, mientras los trabajadores, en una economía cerrada, con cepo y autorización de importaciones, tampoco acceden a bienes importados que mejorarían su poder de compra.
Si algo, la medida anunciada por el BCRA que reduce el atractivo de quedarse en pesos, aleja la posibilidad de una rápida salida del cepo. Un importante analista de mercados especulaba con una suba de la brecha que, por las reglas de liquidación (20% al CCL y 80% en el mercado oficial) aumentaría los incentivos a liquidar la cosecha. La medida cumple el objetivo de “secar la plaza”, ya que la base monetaria en pesos es cada vez menor en relación a la economía y reduce a su vez el déficit cuasifiscal, un indicador cuya relevancia se discute, pero que mira Milei habitualmente. La cuenta es que, con menos pesos circulando, la competencia de monedas será un poco más sencilla, por la menor necesidad de reservas. Una apuesta arriesgada cuando los signos de abaratamiento relativo del dólar y pérdida de competitividad aparecen como luz de alarma en montones de sectores y precios internacionales. La ronda de reuniones con los supermercadistas y la sugerencia hilarante de que las promociones ocultan la verdadera baja de la inflación parecen ser el preámbulo de una inflación cuya reducción mensual no resiste el próximo ciclo de aumento de tarifas. Será el momento donde la macro argentina devuelva al enésimo gobierno a aquel discurso remanido de los formadores de precios. Límites que la vida real impone a las ideas de la libertad y llevan al ministro de Economía a celebrar los 2×1 en Farmacity y pedir, tácitamente: “Camine, señora, camine”.
En el Gobierno paralelizan la conversación con la realidad y se apalancan en elementos positivos que le brindan las encuestas. Por un lado, aseguran que La Libertad Avanza absorbió, ya, el 65% del mercado electoral del PRO. “Nuestra base no es el 56% del ballotage, pero tampoco el 30% de la primera vuelta: hoy tenemos un 45% propio, propio”, reflexiona ante #OffTheRecord alguien del primer anillo del presidente. El Gobierno se hamaca en la discusión sobre la liberación del cepo o la dolarización y, mientras tanto, prepara un recorte draconiano en la administración pública.
La situación en Rosario finalmente terminó por alcanzar al debate nacional luego del crimen del playero Bruno Bussanich, el cuarto en una semana y todos dirigidos a trabajadores comunes sin conexión alguna con los asesinos, elegidos sin otro criterio que el de causar terror en la población en general con el objetivo de obtener concesiones del Estado. La hipótesis es, de acuerdo a los manuales, la de un terrorismo doméstico inédito en la historia del país por la amplitud de la población amenazada en forma directa y por los resultados obtenidos. Esta semana, Rosario arrancó paralizada. Dos amenazas, una nota y una bandera que apareció sobre la avenida circunvalación, advirtiendo sobre “las muertes de inocentes” alimentan hasta el momento las hipótesis de una respuesta a la política de endurecimiento penitenciario que impulsa desde su llegada el gobernador Maximiliano Pullaro.
La investigación es compleja. Los principales líderes de las bandas, como los Monos, el clan Alvarado, se encuentran detenidos en cárceles federales, donde están acostumbrados a un tratamiento más rígido y no están bajo decisiones del gobernador. Un hecho que pasó desapercibido: si bien las autoridades lo comunicaron como un hecho programado, ayer por la tarde, Patricia Bullrich descabezó la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué ahora?
Los esfuerzos de Pullaro, desde su asunción como gobernador, se enfocaron en los detenidos en el penal local. De allí la señalización de dureza, escenificada en escenas que recuerdan a El Salvador y que, aparentemente, estuvieron ideadas por el consultor Guillermo Seita. Esta puesta en escena acompañó requisas reforzadas y medidas sobre el régimen de visitas. En el gobierno de Pullaro sostienen, a partir de información del comando conjunto, que la foto “a lo Bukele” no fue un disparador sino que los crímenes estaban planificados de antemano. “Entre la foto y el siguiente crimen pasaron cinco horas, es imposible ese nivel de organización y logística con los presos incomunicados”, sostienen ante #OffTheRecord. Según informes de inteligencia criminal a los que tuvo acceso el gobernador a fines de enero, esta escalada de violencia estaba prevista como disputa de territorio. En parte, por eso Pullaro intentó anticiparse con el endurecimiento de las condiciones carcelarias. Hay otro dato aún más inquietante: en el entorno de Pullaro sostienen que esto va a extenderse al menos algunas semanas más. Esperan que no con este nivel frenético.
El centro en los detenidos tiene un sentido. Un informe sobre la Dirección de Investigación Criminal sobre Narcotráfico revela una serie detenciones que afectaron a veinte bandas que operaban en la ciudad en los últimos dos años, mientras otro, de la Dirección Operativa y de Inteligencia presentado a los legisladores, muestra más de una decena de detenciones de figuras de alto perfil en el último período. Los homicidios, sin embargo, fueron 287 en 2022 y 258 en 2023 en Rosario -números similares a los de 2013 y 2014- mientras en la provincia fueron 803 en el período. Santa Fe triplica la tasa de homicidios del resto del país, Rosario la cuadruplica.
La hipótesis de una respuesta de unidad de los grupos supone complicaciones logísticas. Nadie cree que en Rosario operen bandas sofisticadas a imagen de los cárteles mexicanos y colombianos o de los grupos brasileños con organización nacional y control territorial. Una definición existente pero más vaga, con una actuación menos coordinada no puede descartarse en modo alguno.
Diego Gorgal es profesor de las universidades Di Tella, Austral, Tres de Febrero y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. A él le preguntamos.
¿Estamos ante organizaciones similares a las de México, Colombia o Ecuador o como las caracterizarías?
La organización del tipo “Cartel” que se dio en Colombia, primero, y México, después, implicaba una integración vertical de la totalidad, o casi la totalidad, de la cadena de oferta, desde la producción de la materia prima (arbusto de coca) hasta la comercialización al detalle o narcomenudeo en los principales mercados de consumo (Estados Unidos, fundamentalmente). Sacando las transformaciones que han venido ocurriendo en los casos colombiano y mexicano, en el resto de América Latina se observan formas organizativas distintas al “Cartel”, que en general se caracterización por especializarse en alguna posición particular de la cadena de oferta, y vincularse de manera celular entre ellas, con vínculos más o menos estables, pero siempre circunstanciales (no hay membresía o exclusividad entre ellos). Por eso, algunos hablan de crimen “desorganizado” pues ya no hay estructuras que integren toda la cadena de oferta. En el caso de Rosario, lo que se advierte es la existencia de clanes familiares que manejan distintos negocios ilegales (uno de ellos es la droga, principalmente abastecimiento del mercado local), con capacidad de incorporar integrantes a una estructura que provee ingresos, ocupación, y estatus social para sus integrantes.
¿Cuáles son los motivos de la escalada?
Los clanes familiares criminales rosarinos crecieron a la sombra de la protección estatal (principal, aunque no únicamente, policial). En determinado momento se autonomizaron, al menos de la protección policial. Esto significa que ya dejaron de pedir permiso para seleccionar sus objetivos y estratégicas, y empezaron a confrontar entre sí y a reaccionar a las acciones estatales que trataron de restablecer el control. Cuando hay protección estatal, hay una instancia superior que establece reglas y las hace cumplir, y el incentivo de esas reglas es que se desarrolle el negocio ilegal con el menor nivel de violencia posible. Cuando se autonomizan de la protección policial, ya no hay nadie con el incentivo de mantener el funcionamiento de los mercados ilegales en el óptimo social, y emerge entonces la violencia. Esta es la principal herramienta de los grupos criminales, ya que no pueden acudir a la justicia comercial para hacer cumplir sus acuerdos, no pueden acudir al sistema bancario para su gestión financiera (toda su economía es en cash), y no pueden acudir a la justicia contencioso administrativa para recurrir decisiones estatales. En lugar de todo ello, deben usar la violencia.
Si esto es así, ¿por qué el Estado no pudo desarticular las bandas?
En estos años no se han podido desarticular estos clanes criminales porque el sistema de seguridad y justicia argentino tiene serias dificultades para arrestar, juzgar y condenar a todo aquello que requiera una investigación medianamente rigurosa. El grueso de las condenas que el sistema produce es de lo que se “lleva por delante”, esto es, delito de autor conocido, delito in fraganti, homicidio entre conocidos, delito de oportunidad por un primario, o narcomenudeo. Fuera de estos delitos, el sistema policial y judicial tiene enormes dificultades para fundar un caso y conseguir una condena.
¿Se soluciona esto con la legalización?
La legalización de las drogas podría ser considerada una solución posible si el problema fuese el narcotráfico. A pesar de que una serie de sustancias psicoactivas son ilegales, hay personas deseosas de usarlas y adquirirlas, y otras dispuestas a proveerlas a cambio de un dinero que compense el riesgo de hacer algo ilegal. Esto genera el problema del narcotráfico, esto es, organizaciones que producen, fabrican, trafican, y comercializan drogas prohibidas. En teoría, si se legalizan esas drogas, las personas que lucran con su oferta lo podrían hacer sin cometer ningún delito. Pero el problema de Rosario no es el narcotráfico. Si mañana se legaliza la cocaína, los clanes criminales rosarinos no entregarán todas sus armas, ni pasarán por la AFIP a registrar una sociedad comercial dedicada a vender cocaína. Tampoco lo hizo la mafia norteamericana cuando en 1933 se derogó la prohibición del alcohol. Legalizar el alcohol no hizo que la mafia desapareciese. Por el contrario, tomó 50 años poder llegar el poder de la mafia a niveles socialmente aceptables. Es una falacia muy extendida asociar narcotráfico con violencia. Hay muchos mercados de drogas ilegales que no funcionan con violencia, como el mercado del éxtasis. El nivel de violencia que se advierte en México, por ejemplo, no lo produce ser los que manejan la entrada de drogas prohibidas al principal mercado de consumo (el norteamericano), ya que Turquía y Marruecos, por ejemplo, cumplen un rol análogo con la heroína y otras drogas a Europa, y sin embargo, tienen 2,6 y 1,6 homicidios cada 100.000 habitantes, respectivamente. Algo bien distinto a los 23 homicidios cada 100.000 habitantes de México. Entonces, la violencia responde a otros factores, pudiendo ser el narcotráfico simplemente un factor que agregue algo más de nafta a un fuego preexistente.
¿Entonces?
La violencia se ha transformado en una epidemia en Rosario. Como toda epidemia, hay que cortar la transmisión o contagio de conductas violentas, aislando a los violentos del resto de los potenciales contagiados: hombres jóvenes que no estudian ni trabajan. Allí hay que dirigir programas de prevención con evidencia probada de efectividad, como una adaptación del “Cure Violence” implementado en la región. Al mismo tiempo, se debe reformar la organización y funcionamiento de la policía y el Ministerio Público Fiscal de modo de incrementar sensiblemente la disuasión, esto es, la certeza de que si cometo un delito grave me van a agarrar, y si me agarran me van a aplicar, rápido, un castigo severo. Todo ello hace que no cualquiera haga cualquier cosa, ya que la percepción es que es gratis. En tercer lugar, se debe lograr aumentar sensiblemente la tasa de condena de los homicidios, que en Santa Fe es dramáticamente baja comparada con el resto del país. La impunidad asociada a matar a alguien hace que quienes lo hacen sigan haciéndolo sin mayores problemas.
La paralización de Rosario, de no obtener respuestas rápidas y concluyentes, se convertirá en un fracaso más del Estado argentino. El mejor antídoto contra la cosmovisión libertaria -y uno que paradójicamente el presidente se encuentra obligado a personificar- es un Estado que da respuestas a las preocupaciones y angustias de la ciudadanía. La última guerra declarada contra la inflación terminó con una victoria inapelable de esta última. En este caso, un fenómeno delictivo que pasa del narcotráfico minorista y la logística de los grandes contrabandistas a otros delitos comunes como la extorsión, por bandas variadas y relativamente poco sofisticadas, no debería ir más allá de las capacidades estatales. Un aspecto positivo frente a la escalada de violencia es que hubo comunicaciones de al menos tres provincias -Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires- para ofrecer recursos para sumar al comando unificado que conducen Nación y el gobierno de Santa Fe. Un acuerdo interpartidario para contener la escalada de violencia en Rosario podría devolverle al sistema político algo de la legitimidad perdida.
El llamado a las fuerzas armadas para proveer asistencia logística, concordante con la legislación vigente, enfrenta el escepticismo de las propias fuerzas. Mucha menos disposición tienen a una eventual utilización para funciones de patrullaje para las que no están preparadas ni tienen que ver con su formación dirigida a enfrentar amenazas a la soberanía. La saturación de fuerzas federales, como Gendarmería y Prefectura, podría obedecer a una estrategia de mediano plazo que supere la ocupación territorial temporal. Inteligencia y coordinación con las autoridades provinciales serán claves. La conversación sobre las bandas y su accionar es también un manto de silencio sobre el accionar de las policías, particularmente la santafesina. Ni Pullaro en su gestión como ministro de Seguridad, ni el exgobernador Omar Perotti las enfrentaron frontalmente.
Son muchos más escasos los saldos de investigaciones y detenciones hacia adentro de la fuerza, y en el funcionariado, que en las bandas. Este momento, de por sí grave, empeora cuando recordamos que los policías son, ellos también, trabajadores estatales, sometidos al mismo ajuste que alcanza a docentes y administrativos. Circunstancias y personas son las que explican las situaciones. En una ciudad sometida a un ciclo de muchísima violencia, sumar una Policía con salarios cercanos a la línea de pobreza parece una receta para el desastre. En la Justicia, a nivel nacional encargada entre otras cosas del narcotráfico, la realidad salarial es relativamente holgada, pero el funcionamiento en base al presupuesto 2023 dicta que hay recursos, apenas, hasta mayo.
Iván Schargrodsky | Cenital
