La semana pasada el Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027, el último de este mandato de Javier Milei. La síntesis oficial se lee menos como un plan de gastos y una proyección de ingresos que como un balance de gestión — cuarto año de superávit, inflación en baja, pobreza que cae, deuda que se ordena, y siguen los éxitos — . Al parecer todo cierra.
Como es costumbre cuando se presentan estas cosas, se subestima un poco la inflación (18% anual) y el tipo de cambio (que orillaría los 1.847 pesos por dólar a fin del año próximo) y se sobreestima el crecimiento (3% en 2026 y 4% en 2027). Para sorpresa de nadie, también se sobreestima la recaudación (del 15,3% del PIB en 2026 al 15,5% en 2027).
Como en todo presupuesto, el diablo está en los detalles. No es que los rubros que vienen perdiendo — universidades, transferencias a provincias, obra pública, etc. — pasen a perder todavía más, pero no van a ver mejorada su situación de forma significativa. Además hay ítems — como AUH y discapacidad — en donde se introducen cambios que van más allá de cuánto se proyecta gastar en ellos y que aumenta el margen de discrecionalidad del gobierno, lo que los expone a un zarpazo.
Además hay otra cosa curiosa: los impuestos que el gobierno no recaudaría de las empresas que adhieren al RIGI no figuran en donde debería figurar, con una excusa muy pobre. En esto me quiero detener.
Los intocables
El dato que el Gobierno quiere que retengan todos es este: se proyecta cerrar el 2027 con un superávit financiero del 0,2% del PIB y un resultado primario (o sea sin contar los pagos de intereses de la deuda) de 1,5% según el criterio “base caja” (o sea, según la plata que efectivamente entra y sale; 1,3% según el criterio de “devengado”).
Hace rato que el equilibrio fiscal dejó de ser una simple meta para convertirse en la regla estructurante que define todo lo demás. Es literalmente intocable. Si me apurás, te diría que en el Ministerio de Economía la cosa se discute así: primero se decide cuánto hay que ahorrar para pagar la deuda, luego se infiere cuánto se va a recaudar (en función de la inflación y el crecimiento proyectado) y esto define por diferencia cuánto gastar. Si el resultado está fijado de antemano, entonces todo el ajuste recae sobre algunas partidas.
Para llegar hasta acá hay que hacer supuestos exigentes, por no decir dibujar. Por ejemplo, el presupuesto asume una inflación de 18% interanual a diciembre de 2027, bajando desde el 29% proyectado para el cierre de 2026. En paralelo, el tipo de cambio nominal se proyecta en 1.847,6 pesos por dólar para diciembre de 2027, una suba del 15,5%. Conviene recordar que el Presupuesto 2026 proyectaba 10% de inflación y el año va a cerrar más cerca del 30%. Ups.
El supuesto de crecimiento también es muy optimista. Crecer al 4% en pleno año electoral sin hacer ningún tipo de política, suponiendo que el año en curso cierra con un crecimiento del 3%, es bastante parecido a asumir que los “18 mejores meses de las últimas décadas” arrancan pronto.
La opinión y los pronósticos de todos los colegas y consultoras consideran que esto es muy optimista. En efecto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del propio Banco Central proyecta 2,9% para 2027, y varias consultoras son más pesimistas todavía y ven entre 2% y 2,5%. Además, este año va a cerrar más cerca de ese rango que del 3% que asume el presupuesto, lo que ya deja un arrastre más bajo para el 2027. El proyecto de presupuesto del 2026 suponía que íbamos a crecer 5% durante este año.
Los “tocables”
En términos generales, el presupuesto del 2027 propone mantener el ajuste en obra pública, ciencia y tecnología y personal del Estado, preservando algunos de los programas destinados a los más vulnerables. Un dato para dimensionar el ajuste en obra pública: aunque el presupuesto formalmente prevé un gasto de capital del 0,4% del PIB para 2027 (0,1 puntos porcentuales por encima que el anterior) la ejecución real viene muy por debajo — a julio de 2026 se había gastado apenas 0,1% del PIB — , así que el número presupuestado suele ser un techo optimista más que un piso. Además del cuánto, importa el cómo. El gobierno pretende introducir cambios sustantivos, particularmente en materia de política social.
Por ejemplo, se asume que el 74,6% del gasto consolidado iría a asistir “directamente a personas” — jubilaciones, AUH, Tarjeta Alimentar — , mientras avanza la reconversión de cerca de 900.000 planes sociales hacia el programa Formando Capital Humano, que condiciona la asistencia a formación y empleo.
El Gobierno lo presenta como “acompañamiento social sin intermediaciones”, y muestra datos que le juegan a favor: pobreza en 28,2% e indigencia en 6,3% en el segundo semestre de 2025, la más baja desde 2018. La AUH habría subido 109,8% en términos reales desde diciembre de 2023. Y está muy bien. Pero hay un pequeño detalle. El punto de partida — fines de 2023 — es el peor momento de la serie: la pobreza tocó 52,9% a comienzos de 2024, después del salto inflacionario de la salida del cepo. Medir la mejora desde el pico infla la magnitud del logro. Además, la pobreza volvería a subir durante este año, fruto de la economía partida al medio.
Hay otro punto muy importante. El mismo presupuesto propone, en su artículo 17, derogar la norma que obliga a actualizarla automáticamente por inflación. Son tres incisos de la Ley 27.160, la que desde 2015 ata la movilidad de la AUH, la AUE y todas las asignaciones familiares al índice de precios. El proyecto los elimina y no pone nada en su lugar: ni fórmula alternativa, ni periodicidad mínima, ni piso obligatorio.
Conviene ser muy preciso. Esto no congela la AUH ni la elimina ni le baja el monto de un día para el otro. El régimen sigue vigente y el Ejecutivo mantiene la facultad de fijar los aumentos. Lo que cambia es de quién depende: hoy el aumento es una obligación legal atada a la inflación; con el artículo 17 pasaría a ser una decisión discrecional del Poder Ejecutivo.
La AUH no es la única víctima. Apenas ingresó el proyecto, los prestadores del sector encendieron las alarmas. El texto avanza sobre el Nomenclador de Prestaciones Básicas — el régimen que fija los aranceles universales de las prestaciones y garantiza la cobertura en todo el sistema — , que pasaría a “no incluir valores universales”, lo que elimina una cláusula que garantiza la cobertura mínima para las personas que más lo necesitan. Si un familiar tuyo necesita un tratamiento, el nomenclador fija cuánto le tiene que cubrir la obra social.
Quizás lo más relevante para entender la mecánica del presupuesto, particularmente en este punto es el modus operandi. Se está usando una ley de gastos para modificar leyes de fondo: sustituir el criterio con que el Estado reconoce la discapacidad, desarmar el nomenclador, trasladar a la reglamentación del Ejecutivo decisiones que hoy son del Congreso. Es la forma de conseguir discrecionalidad para ajustar, lo que no se logró por la puerta legislativa, donde la ley de Emergencia en Discapacidad ya le había ganado la pulseada al Gobierno.
Rigi Plagiaccio
En la película Los Intocables, Robert De Niro interpreta a Al Capone. Durante una escena icónica, asiste al debut operístico de su hijo Anthony en el Teatro Massimo de Palermo, Sicilia. Llora conmovido por la interpretación de la ópera de Ruggero Leoncavallo de 1892 I Pagliacci, cuya última línea es “Ridi Pagliaccio” (ríe payaso), mientras la función de la ópera se yuxtapone con una serie de brutales asesinatos mafiosos intercalados y orquestados por su familia.
Al final, al hombre más buscado de Estados Unidos no lo agarran por ninguno de sus crímenes de sangre. Lo agarran por los impuestos que no declaró. Durante 2027 y los años posteriores no va a haber evasión estilo Capone, pero las empresas que adhieran al RIGI y al Súper RIGI van a dejar de pagar muchos impuestos. Esto se suele medir y presentar en el presupuesto por cuestiones de transparencia.
El proyecto incluye el cuadro de gastos tributarios: la estimación oficial de cuánta recaudación resigna el Estado en exenciones, alícuotas diferenciadas y regímenes de promoción. Ahí adentro están los sospechosos de siempre (¡otro peliculón!): las exenciones de IVA a medicamentos, libros y transporte, los regímenes de promoción regional, Tierra del Fuego, Economía del Conocimiento, etc. Para 2027 el número representa unos 51,9 billones de pesos, equivalentes al 16,9% de la recaudación total estimada o alrededor del 3,67% del PIB.
En ese cuadro no está cuantificado el RIGI, el régimen estrella y la principal apuesta de inversión de toda la política macroeconómica — el que el Presupuesto invoca, además, para justificar el salto del 9,2% en la inversión de 2027 — . La explicación oficial es que no hay una renuncia fiscal que computar, porque esos proyectos “no existirían sin el régimen”.
Es una licencia metodológica demasiado larga que el Gobierno se concede a sí mismo. La técnica estándar de gastos tributarios — la que se aplica para estimar cuánto cuesta la exención del IVA a los libros — mide la recaudación potencial resignada. Aplicando ese mismo criterio, prácticamente ningún gasto de este tipo debería existir. Si se otorga una exención es para que existan actividades que no existirían sin la ventaja de pagar menos impuestos, y entonces no se recaudaría nada por ellas.
Un gobierno que hace del equilibrio fiscal su bandera y de los regímenes de incentivos a la inversión su principal política para impulsar el crecimiento debería ser más transparente con un ítem tan importante. Máxime cuando sostener el ancla fiscal mientras se perdonan impuestos implica por defecto presionar sobre el resto de los rubros, donde están los ítems más sensibles.
Emiliano Libman | Cenital