Un informe de la SIGEN muestra serias irregularidades en el manejo y control de los fondos de la Universidad de Defensa, a cargo del ministro Oscar Aguad.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación reveló severas irregularidades que van desde el desvío de millones de fondos educativos para la compra de Lebacs hasta el pago de sueldos a personal jerárquico que ya no trabaja dentro de la Universidad de Defensa, que depende del Ministerio que encabeza Oscar Aguad.
En el relevamiento, realizado a mediados de 2018 al que tuvo acceso Cenital, se destacan diversos planteos sobre el manejo de fondos que deberían ser para fines educativos. En total, son ocho puntos que muestran la “discrecionalidad en el empleo y rendición de los recursos presupuestarios transferidos por el Ministerio” por el que se lo intimó a “rever las situaciones y proceder a su ordenamiento en el corto plazo”.
En este sentido, una de las situaciones más llamativas del relevamiento tiene que ver con una maniobra financiera: el 27 de enero de 2017, el rector de la Universidad de Defensa adquirió 20 millones de pesos en Lebacs a través de una cuenta corriente en el Banco Nación, que arrojó una ganancia de $500.000 en 42 días.
La particularidad del caso es el origen de esos fondos: $18.500.000 correspondían a un refuerzo presupuestario solicitado al Ministerio de Defensa para gastos asociados a un proyecto educativo. Es decir que la Universidad desvío millones de pesos para no perderse la renta financiera que proponen la política económica del Gobierno.
“Los fondos asignados por el ministerio de Defensa lo fueron con un fin específico, el que fue desvirtuando con una colocación financiera por lo que, en casos como este, los mismos deben ser restituidos a su jurisdicción”; resaltaron en las conclusiones.
Este episodio llegó a tener su capítulo judicial, aunque duró poco: a comienzos de 2019 Juan Ricardo Mussa, presidente de la Cámara de Consorcistas y propietarios de inmuebles, se presentó de forma espontánea en Comodoro Py para realizar una denuncia penal contra las autoridades de Defensa por estafa, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. Sin embargo, el propio Mussa nunca se presentó a ratificar la denuncia ante el juzgado de Servini de Cubría y todo quedó archivado.
Pero eso no es todo: dentro de la auditoría anual realizada por la SIGEN, que depende de Presidencia, también se encontraron otro tipo de irregularidades, como el pago de salarios a gente que hace meses había dejado su puesto de trabajo. “Se observó la liquidación y pago de Vcaciones No Gozadas correspondientes al año 2016 a Autoridades por un total de $292.396. Los funcionarios señalados renunciaron a sus cargos el 28 de julio de 2016”.
Además, la SIGEN también advirtió sobre la creación de “cajas chicas” mediante la aprobación de Fondos Especiales para evitar los procedimientos de contratación y rendición de los gastos, donde se destacó que “en ningún caso se aclaran cuáles serán los gastos que se incurrirán a fin de justificar la creación del fondo.
La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) fue creada el 12 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015. Actualmente, tiene a su cargo la formación de militares y civiles en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la Defensa Nacional a través de carreras de pregrado, grado y posgrado, y su artículo 4° la sitúa dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, como organismos descentralizado, pero no como ente autónomo, por lo que, si bien su rector es Gonzalo Álvarez, el responsable directo de estas irregularidades son el ex ministro Julio Martínez, hoy candidato a gobernador en La Rioja, y el actual, Oscar Aguad, ya que, según el estatuto, el ministro preside el Consejo de Dirección de la Universidad que “toma las resoluciones con el asesoramiento de los demás integrantes”.
Por último, la SIGEN también destacó serios incumplimientos normativos que llevaron a variados incumplimientos de control, como las contrataciones sin justificación, la inobservancia de los plazos para la presentación de facturas para su posterior pago, la falta de especificación en las Certificaciones de Servicio, la insuficiente justificación de necesidades, las omisiones de especificaciones técnicas y de de calidad suficientes, la errónea estimación del gasto y la ausencia de una Comisión de Recepción de Bienes, la inadecuada planificación de requerimientos de compras y la inexistencia de controles sobre los Fondos Especiales.
(de Juan Amorín – Cenital)
