| A pesar de la jactancia oficial sobre el récord de consumo privado de 2025, apalancado en durables –en momentos de dólar y crédito barato– el gobierno se hizo eco de las sugerencias de mandrilandia sobre una situación económica que, en industria, servicios, y empleo, borde lo recesivo. El Banco Central bajó cinco puntos los encajes monetarios –en lo que significó un relajamiento de la política monetaria– y el Banco Nación salió a ofrecer crédito para consumo con hasta 20 cuotas sin interés. El movimiento es doble. Busca estimular la actividad económica y evitar un mayor atraso del tipo de cambio que se encuentra cerca de mínimos por la situación de la actividad económica. Seguimos de cerca los acontecimientos. |
| La victoria tiene muchos padres. La derrota es huérfana. El fallo de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de los Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF –iniciada por los fondos Burford y el desaparecido Eton Park por cuenta de las acciones en poder de Petersen, propiedad de la familia Eskenazi– fue, sin dudas, una victoria política y financiera para Argentina en su conjunto y, coyunturalmente, para el gobierno nacional. Javier Milei se libera de un enorme pasivo contingente y muestra un importante éxito en un tribunal extranjero –tras los reveses con Thomas Griesa y el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska– que había condenado a la Argentina en 2023. Sin embargo, con más y menos razón, todos los sectores sienten que tienen algo para reivindicar de su participación en una acción judicial que ¿concluye? con una victoria clara para el país luego de más de una década de conflicto judicial. Una relativa continuidad en la estrategia jurídica, de un proceso que comenzó en 2015, permite que el macrismo, el peronismo y La Libertad Avanza se atribuyan el mérito de la decisión de la Cámara, tras lo que había sido un largo pase de facturas después del fallo de primera instancia de 2023. Pero esa relativa continuidad oculta diferencias a las que se haría mal en no prestar atención. Tras aquel fallo se había repetido hasta el hartazgo la idea de que el procurador del macrismo, Bernardo Saravia Frías, había perseguido una estrategia jurídica que incluía discutir la legitimidad de la adquisición de las acciones de YPF por parte del grupo Petersen como accionista minoritario, aprovechando el esquema enormemente cuestionable por el que los Eskenazi habían ingresado en la empresa. Las sospechas sobre el esquema –que incluía el uso de dividendos de la compañía para pagar por las acciones de esa “argentinización”– difícilmente dijeran nada sobre el alcance de los estatutos de la empresa, su naturaleza jurídica y sus vinculaciones con la Constitución y la ley de expropiaciones, pero podían convertir cualquier derrota argentina en un momento más de espectacularización de la “corrupción kirchnerista”. La estrategia de la Procuración durante la gestión de Saravia Frías era una idea de jerarquía normativa: el estatuto de YPF — decían — no podía prevalecer sobre la Constitución. A partir de allí, la relación societaria no debía leerse como un vínculo bilateral, susceptible de reclamos individuales, sino como un contrato plurilateral. Sostenía que, al momento de la expropiación, los Eskenazi ya no eran dueños de las acciones: su colapso financiero había derivado en un proceso de foreclosure mediante el cual los títulos pasaron a manos de los bancos acreedores. Es decir, quienes reclamaban ya no tenían, estrictamente, qué reclamar. A eso se sumaba una objeción aún más delicada: la génesis misma de su participación en YPF habría estado viciada por lo que la Procuración insinuaba como un sham agreement, un acuerdo artificioso: la compra de acciones a Repsol financiada con préstamos que se pagarían con una política de distribución de dividendos extraordinariamente alta — del orden del 80% — , en un esquema que algunos interpretaban como una forma de connivencia estructural. La discusión sustancial se inició en 2020, cuando la respuesta del Estado fue dirigida por la Procuración del Tesoro, conducida por Carlos Zannini y Sebastián Soler, que contrataron al estudio Sullivan & Cromwell para representar al país en los Estados Unidos. Los argumentos versaron tanto sobre la aplicación de la Ley de Sociedades como sobre la mayor jerarquía de la Ley de Expropiación respecto del contenido del estatuto de cualquier sociedad comercial. En la ciclópea tarea de familiarizar a jueces estadounidenses, entrenados en el Common Law, con las particularidades de la legislación codificada argentina, los abogados de la Procuración del Tesoro y sus representantes estadounidenses chocaron también con un estrado muy acostumbrado a defender los derechos de los acreedores, algo que los argentinos recordamos bien desde tiempos del juez Griesa. Más acá en el tiempo, en el gobierno de Milei, el seguimiento del expediente recayó políticamente en la muy competente secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, que sostuvo la estrategia previa y mantuvo en funciones al estudio Sullivan & Cromwell, a pesar de las numerosas presiones para cambiar y volver al relato sobre una causa de corrupción que, más que ahorrarle un pasivo al país, deslindara responsabilidades sobre su origen. Ibarzábal Murphy, la ministra de leyes como la llama su primer anillo libertario, ocupa uno de los lugares que Karina Milei quería para sí hasta la semana pasada. La sentencia de primera instancia de Loretta Preska había condenado al país por más de 16 mil millones de dólares y había establecido mecanismos muy agresivos para efectivizar la sentencia, como obligar a la entrega del 51% de las acciones en poder del Estado nacional y provinciales. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York –que ya había rechazado el año pasado la cautelar de Preska que ordenaba entregar las acciones– echó por tierra de manera casi definitiva con la sentencia de primera instancia, por mayoría de dos votos contra uno. El panel del segundo circuito tribunal sostuvo que la primera instancia interpretó erróneamente la legislación argentina, en línea con la defensa del Estado Nacional. Por un lado, señaló que el estatuto no es un contrato bilateral que vincula a un accionista con otro, sino un mecanismo para regular la relación societaria. Por lo tanto, ante un incumplimiento, no correspondía reclamar una indemnización de daños, sino que procedía el mecanismo de la Ley de Sociedades. Por encima de ello –incluso si procediera la aplicación de indemnización por incumplimientos estatutarios– la Ley de Expropiaciones prevalece sobre las acciones entre privados, por lo que, en ese caso, se impone el Derecho Público argentino. La caída de casi 40% del valor de las acciones de Burford muestra la escasa probabilidad que tienen de prosperar las acciones de apelación, en banc, ante el pleno del Segundo Circuito, que debería ser decidido por los 27 jueces de esa Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema. Afirmada la jurisdicción estadounidense sobre el asunto, es poco probable que los magistrados asignen importancia institucional al modo en que se interpreta la ley de un país extranjero. La revocación del fallo de primera instancia se tomó con el voto de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, y la disidencia de José Cabrane, que se pronunció en respaldo del fallo de la jueza Preska. Los argumentos de la Cámara –que, sin embargo, señaló un costo reputacional incurrido por Argentina– reproducen los que sostuvo la defensa argentina y, antes que eso, la lectura del propio Axel Kicillof, en aquel entonces viceministro de Economía e ideólogo de la expropiación de YPF, respecto de la primacía de la ley de expropiaciones sobre las previsiones estatutarias de la empresa. Para Milei, se trata de un triunfo tan importante en términos de la posición jurídica del país –que contrasta con los resultados de otros pleitos en los juicios con fondos buitres por la reestructuración de la deuda–, como incómodo en su contenido. Aún con sus críticas, la Cámara de Apelaciones reprodujo los argumentos del gobierno peronista en una acción que versa sobre un avance sobre la propiedad privada, con una empresa que, desde entonces, mantuvo un management profesional en sucesivas administraciones y, siendo estatal, es protagonista de la transformación más importante de nuestra canasta exportadora. Una piedra en el zapato para cualquier relato oficial. Ya que YPF es una empresa estatal, pero que difícilmente podría haber tenido éxito en el desarrollo de recursos no convencionales sin las flexibilidades de ser una empresa que cotiza en Nueva York, y cuyo despegue en la actividad se apalancó en un acuerdo con Chevron al que se dieron provisiones legales extraordinarias y diseñadas a su medida para posibilitar la asociación. No llama la atención, a pesar del mérito de sus funcionarios del área legal, que desde el Gobierno quieran exagerar la importancia del alineamiento con la administración Trump en el resultado obtenido. Sin embargo, convendría ponerla también en contexto. Es cierto que una Argentina con una política exterior antagónica con los Estados Unidos difícilmente hubiera obtenido la dosis de buena voluntad requerida para la revisión, pero es difícil atribuirle a Trump influencia sobre los magistrados. Chin y Robinson fueron designados por Barack Obama y Joe Biden, el disidente Cabranes, por Bill Clinton. E incluso este dato podría ser redundante para analizar una judicatura cuya centralidad en los contratos financieros globales está dada por su afirmación de independencia casi sobreactuada respecto del poder político. La incomodidad ideológica y el afán por diferenciarse condujeron también a un coro discursivo que siguió a la cadena nacional del presidente y en el que los funcionarios repitieron la idea de que la expropiación no ayudó a mejorar la balanza energética y desarrollar las inversiones en el sector, sino lo contrario. Cualquier gran empresa petrolera privada, de acuerdo a aquellos discursos, estaría interesada en invertir en un activo rentable como Vaca Muerta y la expropiación aumentó la percepción de riesgo e inseguridad jurídica. Ese argumento, que funciona en abstracto, es insostenible si nos situamos en 2012, cuando Kicillof diseñó y CFK tomó la decisión política de expropiar el 51% de las acciones de la compañía. En aquel entonces, la confluencia entre el envejecimiento de los yacimientos convencionales en Argentina, decisiones regulatorias oficiales –el precio “argentino” para los combustibles– y la compra de la parte minoritaria por los Eskenazi, fuertemente empujada desde el gobierno de Néstor Kirchner, conspiraron contra la inversión, con una empresa que repartía agresivamente dividendos, para financiar su “argentinización”. Esto ocurría mientras Repsol, el accionista mayoritario, utilizaba ganancias obtenidas en la Argentina para invertir en países como Angola, donde sus preferencias eran atendidas con deferencia. En 2012, además, Vaca Muerta estaba lejos de ser una certeza y la estructura de costos de la extracción no convencional era sumamente riesgosa. Es muy dudoso que un actor privado, sin experiencia en la actividad no convencional y con muy pocos incentivos a reinvertir en el país, fuera a asumir los riesgos de una actividad aún en pañales, que enfrentaba dudas sobre su viabilidad futura y eficiencia de costos. El Estado, sin intereses en terceros países, asfixiado por el déficit energético y con una formulación institucional en la empresa desideologizada, distinta y hasta opuesta a otras experiencias de gestión empresarial estatal contemporáneas a esa, tenía incentivos mucho más alineados con el desarrollo del yacimiento. La distancia temporal hace parecer obvios aspectos que eran, en el mejor de los casos, una apuesta con buenas chances, y permite afirmar, con el diario del lunes, que cualquiera podía haberlo hecho. Es, por supuesto, falso. Y así como se pueden señalar con facilidad los evidentes errores de las miradas estatistas, aquí, la toma de riesgos, jurídicos, políticos y tecnológicos que se asumieron para YPF rindieron frutos. Los intentos de imputar a la empresa los errores de la política energética del peronismo, vinculados a la política de subsidios, son simplemente un acto de malicia especulativa. Internamente para el Gobierno, el fallo favorable en el litigio operó como algo más que un alivio judicial: funcionó como un catalizador político hacia adentro. La escena de la cadena nacional permitió leer, casi sin mediaciones, la arquitectura del triunfo. Allí estaban algunos de los nombres que orbitan el núcleo de Santiago Caputo. A ese esquema se le podrían añadir, sin forzar demasiado, figuras como Pablo Quirno y Luis Caputo, ampliando una constelación que se reivindicó a sí misma en el momento de mayor exposición. La celebración posterior, especialmente en redes sociales, tuvo una doble capa. En la superficie, el tono era de confrontación clásica: contra la oposición, contra el kirchnerismo, contra Cristina y Kicillof. Pero en una lectura más fina lo que emergía era otra cosa: la satisfacción dentro de una interna que encontró en el fallo un argumento de supervivencia. Los elogios a Ibarzabal Murphy y Sebastián Amerio –en modo “me invitó un amigo”, llegando sobre el cierre del expediente– funcionaron como símbolos de esa eficacia que el propio caputismo se adjudica. Ese movimiento tiene consecuencias. No debilitó en absoluto a Karina Milei, pero sí puede haber extendido la vida útil de Caputo, que venía sometido a una presión creciente y se estaba probando el sobretodo de madera. El fallo, en ese sentido, le ofreció algo más valioso que una victoria: le dio tiempo. Sin embargo, esa proto calma puede ser transitoria. Algunos sostienen con insistencia una versión que introduce incertidumbre: la salida de Manuel Adorni después de Semana Santa, envuelto en versiones que incluyen (más) revelaciones patrimoniales incómodas que se le suman al presunto préstamo de dos jubiladas que negaron conocerlo. Un encanto. Si ese movimiento se concreta, abriría una ventana de rediseño político del gobierno en su conjunto. Paradójicamente, lo que podría ser un golpe para el esquema de Karina podría ser el motivo final para el alejamiento de Caputo. Si los nombres que se mencionan en voz baja se materializan, el Gobierno podría iniciar una mutación: abandonar el encuadre antisistema para ensayar una versión más reconocible dentro de la tradición democrática argentina. En ese tránsito, como suele ocurrir, no se juega solo un nombre sino el sentido mismo de la etapa en la que Milei podría, como cualquier otro, empezar a confundirse con el paisaje. |
Iván Schargrodsky | Cenital