La vicepresidenta la señaló “por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio”.
La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner presentó una recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de asesinato en su contra, por su vínculo con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, en la actualidad de licencia.
“Está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor)”, figura en el escrito que la titular del Senado difundió este lunes 9 de enero en sus redes sociales.
“En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter.
En los fundamentos, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal detallaron el por qué del pedido de recusación y centraron sus argumentos en la incompatibilidad del cargo ocupado por Capuchetti.
“Capuchetti, según comunicó el ISSP (NdR: Instituto Superior de Seguridad Pública a cargo del Ministerio de Seguridad de CABA) el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana. Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a “Investigadora Senior” (Resolución No. 62/ISSP/19)”, explicaron. Además, agregan que la respuesta de la ISSP sobre el rol docente de la magistrada es falso.
“Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo”, dice el escrito.
La relación entre Capuchetti y Marcelo D’Alessandro según la denuncia de CFK
De acuerdo a la presentación de Ubeira y Aldazabal “el sueldo de Capuchetti depende de Marcelo D’Alessandro”, a quien calificaron como “un oscuro operador judicial“.
Luego se refirieron a los chats que se conocieron sobre el licenciado Ministro de Seguridad y Justicia luego de viajar a al estancia Lago Escondido, de Joe Lewis. En aquella conversación participaban jueces federales, un ex integrante de inteligencia, directivos del Grupo Clarín y el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques. Todos viajaron a la Patagonia en aquella ocasión.
Según consta en el escrito, “el rasgo en común más evidente de los viajeros es su odio contra Cristina Fernández de Kirchner, y la utilización de sus cargos de enorme responsabilidad, con claros fines de persecución política”.
“La relevancia de todo esto es que la contratación de Capuchetti solo es entendible si se la percibe como una forma de incidir en el comportamiento de una jueza a través de dinero y de otorgarle un cargo que puede presentarse como académico, lo que puede servirle para legitimarse y para sumar puntos para concursar, entre otras cosas”, alegaron.
Por otro lado, los abogados de Cristina Kirchner ponen el foco en la Policía de la Ciudad a cargo de D’Alessandro y su implicancia en el atentado contra Cristina Kirchner, ocurrido el último 1 de septiembre del 2022. No sólo discuten a la jueza por no acusar a esa fuerza, sino que recuerdan el vallado que el ministro ordenó días antes en la casa de la Vicepresidenta. “D’Alessandro fue determinante en la inactividad policial (si es que no pasó algo mucho más grave)”, esgrimieron.
Por último, en el texto de 33 páginas, solicitan el apartamiento de Capuchetti y sostienen: “(…) que la jueza asesore políticamente a un órgano ejecutivo del que depende la policía de la CABA, fuerza que debería ser investigada en esta causa (y, por lo tanto, ser parte) revela que tiene un evidente interés en el resultado del proceso: que la investigación no toque en nada a las fuerzas de seguridad de la CABA, de las que se empeña en garantizar su tranquilidad”.
GI/ff/Perfil
