El premio que anualmente otorga el Banco de Suecia en memoria de Alfred Nobel se anunció ayer y no recayó en Javier Milei y Demian Reidel, cuyo trabajo llamado a “reescribir la teoría económica” todavía no fue publicado sino en Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que desde comienzos de siglo se enfocaron en la relación entre las instituciones, el crecimiento y el comportamiento de las élites. El turco Acemoğlu, en particular, es el economista más citado del siglo XXI y un participante muy activo del debate público internacional. Nuestro país es uno de los casos que aborda su libro más relevante Por qué fracasan las Naciones, escrito junto a Robinson. Crítico implacable del peronismo, al que considera en muchos sentidos enfrentado con la institucionalidad liberal que pregona, acaso resulte más interesante que encuentre tanto el origen como la persistencia de los problemas de desarrollo del país en la resiliencia de las instituciones extractivas coloniales y el comportamiento de las élites que generan ese tipo de instituciones. Problemas que exceden y preceden al peronismo.
Quizás de mayor actualidad e interés la obra más reciente de los autores, El corredor angosto, transita la contradicción entre la construcción de poder estatal y el empoderamiento de las sociedades. Allí se desarrolla la idea de que los Estados exitosos son aquellos capaces de desarrollar una fortaleza suficiente para oponerse a las distintas formas de poder fáctico y, a su vez, garantizar los derechos individuales para evitar el despotismo. Acemoğlu opone directamente esta perspectiva a la mirada libertaria. Un Estado impotente para garantizar cierto control sobre la expansión de grandes corporaciones o individuos de enorme poder económico, dice, da como resultado una sociedad menos libre, sometida al poder de mercado de este tipo de actores. No casualmente, en el último artículo publicado por el autor antes del anuncio del galardón, cuestiona el excesivo poder público que multimillonarios como Elon Musk tienen en nuestra sociedad y aboga por instituciones capaces de mitigar las enormes desigualdades que lo posibilitan. Casi un negativo de la prédica del presidente argentino.
En el plano local, el veto a la norma de financiamiento universitario –y la minoría de bloqueo que se garantizó una vez más Milei– significaron un triunfo pírrico para un oficialismo que en el tema aparece enfrentado a una valoración social abrumadoramente mayoritaria. El resultado es un conflicto que revitaliza y devuelve protagonismo al movimiento estudiantil y, al mismo tiempo, coloca al Gobierno en la disyuntiva entre la represión y la debilidad en un tema donde la opinión pública está mucho más cerca de la mirada de la oposición que de la oficial –mientras la disputa no se desmadre, evite el normal funcionamiento de las clases y termine volcando esa mirada.
La consultora Reyes y Filadoro realizó un interesante estudio sobre las percepciones relativas a la movilidad social en el conurbano bonaerense. Los resultados en materia de valoración de la educación, particularmente universitaria, son demoledores para la postura oficial. El 78% del universo encuestado se percibe a sí mismo como integrante de la clase baja o media baja. A la hora de valorar los drivers que posibilitan el progreso, la educación resulta el factor más repetido –con un 30% de las menciones, junto al empleo. El 94% considera que la educación es muy (77%) o bastante (17%) importante como factor de progreso y apenas el 2% piensa que no tiene importancia. En cuanto a la educación universitaria, el 63% considera que un título universitario garantiza un mejor futuro. Una mayoría social abrumadora en las antípodas de la mirada del presidente.
El estudio también deja otros datos fuertemente contrastantes con el relato presidencial. El 40% de los encuestados valora al gobierno de Néstor Kirchner como aquel en el que hubo más progreso desde el regreso de la democracia y otro 18% elige alguno de los dos mandatos de CFK, una mayoría expresiva, particularmente si se la compara con el 14% que elige al actual Gobierno o el 18% que identifica los gobiernos de Carlos Menem. Apenas el 38% de los encuestados acordó con que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y dejar que el mercado se autorregule, mientras el 62% apareció en desacuerdo y el 72% se manifestó a favor de la protección estatal a los más vulnerables como herramienta de progreso.
Las diferencias entre la mirada mayoritaria y la narrativa del Gobierno podrían, en este sentido, profundizarse aún en mayor medida en el futuro. Para el 50% de los encuestados, las medidas de Milei benefician a la clase alta, mientras el 19% opinan que no benefician a nadie: será difícil que la idea de la universidad pública como un subsidio a los ricos, que desarrolló el presidente el fin de semana, funcione.
Más preocupante aún resulta la estrategia elegida, rayana a la promoción de la violencia política. El ministro del Interior, Guillermo Francos, normalmente una voz relativamente moderada de la administración, comparó las actuales protestas universitarias con los movimientos de la juventud durante la década del ’70 del siglo pasado, vinculó al recurso a la violencia política y la guerrilla y, dijo textualmente, que “provocó” la represión. Una comparación tan preocupante como el embellecimiento de la violencia estatal sufrida en nuestro país.
La tónica de las declaraciones del diputado nacional José Luis Espert –que pidió desarmar las protestas con violencia policial– y los retuits presidenciales –que compararon algunos incidentes con intentos de asesinato– explicitan una tentativa peligrosísima de escalar los enfrentamientos, que evidencian también las ruidosas provocaciones de manifestantes oficialistas en las asambleas en distintas universidades. Un desafío que debería encontrarse con una respuesta de máxima disciplina de parte de las agrupaciones políticas activas en las protestas. Garantizar la seguridad de la diminuta presencia libertaria en los claustros debería ser una de las principales prioridades de los manifestantes, ante lo que aparece como un intento claro de embarrar una cancha que no favorece al Gobierno.
El estudio de Reyes y Filadoro ofrece otras aristas sobre el estado de la opinión pública que un oficialismo con una preocupación más genuina por los problemas educativos podría haber explotado: 74% descree que el sistema educativo actual prepare a los estudiantes para insertarse en el mundo laboral. Si el oficialismo no tuviera, en la educación, la cuestión del déficit fiscal como único objetivo, podría haber planteado una agenda propositiva opuesta a la de las universidades. A través del fortalecimiento de la vinculación entre las escuelas secundarias y terciarias y las empresas –mediante las prácticas profesionales–, la formación en capacidades a partir de la identificación de demandas y necesidades de las empresas –con focos y criterios localistas–, la priorización de estudios terciarios de carreras cortas con salida laboral relativamente sencilla y hasta un esfuerzo decidido por acompañar económicamente la elección de actores educativos privados en el nivel superior. Todas son ideas que, más o menos felices, con mayor o menor posibilidad de generar consensos, podrían presentarse como opciones viables a la agenda universitaria o incluso en abierta oposición a ella. Todas, sin embargo, supondrían esfuerzos presupuestarios para un Gobierno que no aparece dispuesto a realizarlos.
La apuesta por la profundización del enfrentamiento social aparece como una consecuencia tan triste como difícilmente evitable en la estrategia del Gobierno, de agrupar en la casta y los privilegios a todo aquello que se le opone. Una práctica que encuentra asidero en los peores instintos sociales –de acuerdo al estudio de Reyes y Filadoro, más del 60% acepta el marco de división entre “los que trabajan” y “los que viven del Estado”– pero que arriesga agrupar a cada vez más gente, incluso no abiertamente politizada, en la oposición al Gobierno y que, incluso de ser exitosa, supone consecuencias sociales perjudiciales para cualquier idea de desarrollo social armónico.
A pesar de todo esto, la imagen de Milei detuvo la caída que se había iniciado luego del veto a la ley que recomponía los haberes jubilatorios y tocó un piso de 44% en las mismas encuestas que lo medían arriba de 50% durante prácticamente todo su mandato. Si bien el asado en Olivos y el ajuste universitario completaron el deterioro, la centralidad del daño sufrido por el presidente estuvo relacionado con el bolsillo: tarifas, jubilaciones y boleto de transporte público. Un buen predictor para oficialistas y opositores: si la economía crece, no hay capital simbólico agredido que la opaque y, si el rebote no aparece, la precoz batalla cultural iniciada por el oficialismo chocará con ruido.
La buena noticia, por ahora, para el Gobierno, es que nadie capitaliza la caída en la imagen presidencial más que la antipolítica. El de Milei es un gobierno sin presente, pero con pasado y futuro. Sostenido, en este primer año, por el rechazo in limine a “lo anterior” y la expectativa de mejora que oscila –mas se mantiene en un amplio sector social–, pero sin elementos que permitan una satisfacción coyuntural al margen de un importantísimo descenso inflacionario, camuflado por los problemas económicos y el temor a perder el empleo. No es la única sonrisa que habrá en Casa Rosada –además del veranito financiero–: hay gente malintencionada que asegura que Eduardo “Peteco” Vischi, el presidente del bloque del radicalismo en el Senado, firmó el dictamen de Ariel Lijo.
En el peronismo, la interna cada vez se disimula menos. Previo al fin de semana, Cristina Fernández de Kirchner le envió un mensaje a Ricardo Quintela para coordinar un encuentro que Papi –como le dicen en La Rioja– no respondió. Ayer por la tarde, su secretario se comunicó con Mariano Cabral, el centinela de CFK, y acordaron un encuentro entre ambos para jueves o viernes de esta semana. Motivos políticos sobran para ambos sectores, pero hay uno económico: ¿con qué se podría financiar la organización de esa interna? ¿Aportes privados? Caso contrario, el peronismo debería peregrinar hasta Francos. Un espectáculo dantesco. Sin embargo, la cumbre que determinará lo que ocurra con el PJ –y probablemente más allá– será el que tendrá lugar a media tarde cuando se encuentren, según pudo confirmar #OffTheRecord, Cristina y Axel Kicillof.
Iván Schargrodsky | Cenital
