Con un burdo pdf, titulado “Ministerio de Seguridad de la Nación versus Correpi”, el Gobierno quiere golpear a familiares de víctimas del gatillo fácil y organismos de derechos humanos. La respuesta de María del Carmen Verdú.
Desde hace mucho tiempo Patricia Bullrich venía amenazando con publicar datos y estadísticas que desmentirían, de forma “categórica”, las innumerables denuncias de organismos de derechos humanos (entre ellos la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi) y referentes políticos y sociales sobre gatillo fácil, violencia institucional y demás hechos criminales a manos de las fuerzas represivas del Estado.
Finalmente, este lunes el Ministerio de Seguridad publicó un informe de 77 páginas (ver completo abajo) en el que pretende haber alcanzado ese objetivo. Pero no solo las huestes de Bullrich se quedaron cortas en esa empresa, sino que queda en evidencia que su único propósito era buscar desprestigiar a quienes llevan años luchando contra la represión estatal y la impunidad de sus ejecutores.
Mentira versus verdad
El informe del Ministerio dice que, “desde el primer día de gestión de la Dra. Patricia Bullrich”, en esa cartera “se trabaja todos los días para cuidar a todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino”. Un chiste de mal gusto, que no se sostiene con ningún indicador serio de la gestión de la ministra.
Y para “demostrar” lo que dicen, se apoyan en la propia información oficial de las “Fuerzas de Seguridad Federales”, de la “Justicia” y del “Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”. Desde ya, esa información no hace otra cosa que avalar las forzadas conclusiones.
A su vez cuestionan el informe anual de Correpi sobre casos de represión policial e institucional, porque se trata de “una organización civil” que basa sus investigaciones en “artículos periodísticos” y en “testimonios aislados sin material probatorio a nivel judicial”.
Sin embargo, el Ministerio reconoce que Correpi sistematiza información proveniente del “contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas”, del “chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales”, de los aportes que realizan miembros de la organización desde las provincias, de los “informes de otras organizaciones” y de “organismos oficiales que registran datos de interés”.
Todo eso, parece, es menos convincente para los funcionarios que la información armada por las propias Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, jueces y fiscales. Es decir, por los propios ejecutores de la llamada “violencia institucional”.
Ministrucho de Seguridad
El Ministerio dice que realizó “un análisis exhaustivo y comparativo” de los informes anuales de Correpi publicados entre 2016 y 2018. Y que de ellos solo analizó “los casos que corresponden a las Fuerzas Federales”, que para los funcionarios serían 98 para el período 2016-2018.
De ese “exhaustivo” análisis ministerial, deducen que “el 75,5 % de los casos no son violencia institucional”, que “el 22,5 % están sometidos a investigación” (entre ellos el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado) y que solo el “2 % tienen condena”. Ergo, Correpi y todos los que reproducen sus informes mienten.
Tanto se afanaron los subordinados de Patricia Bullrich en confeccionar un contrainforme, que hasta llegan a la conclusión de que entre 2016 y 2018 “ha disminuido la cantidad de víctimas de civiles fallecidos con intervención de Fuerzas Federales” en un 36 %. Sí, aún con la Doctrina Chocobar corriendo a pleno y en el marco de una crisis social en aumento, donde la pobreza extrema es criminalizada en las barriadas de todo el país.
Y por si eso fuera poco, el informe dice que “de los 98 casos que fueron catalogados por Correpi como ‘casos que implican la aplicación de políticas represivas estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal’ (…) 74 hechos NO corresponden a ese concepto”.
(De En Orsái)
