El organismo multilateral reclamó al gobierno de Macri por presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a jueces, fiscales y abogados. Dio un plazo de 60 días para que el Estado informe qué acciones concretas adoptará el Gobierno.
El Relator Especial de las Naciones Unidas Diego García Sayan advirtió este lunes al gobierno de Mauricio Macri ante la presunta existencia de un “plan sistemático y estructural” ejecutado desde el Poder Ejecutivo para amedrentar al Poder judicial, actos de intimidación y presión a jueces, fiscales y al Consejo de la Magistratura.
El relator advirtió que desde el Poder Ejecutivo se habría “obstaculizado la posibilidad de una actuación imparcial… disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
El informe de la ONU cita como casos a investigar “la manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino” que involucra a la familia presidencial
García Sayan envió el informe al embajador Extraordinario y Plenipotenciario representante de la Argentina ante la Oficina de Naciones Unidas Carlos Foradori para que sea remitida al canciller Jorge Faurie.
En él se enumera en distintos títulos las interferencias que se habrían cometido desde el Ejecutivo, como la “manipulación de fiscales en la causa Correo Argentino”, en referencia al desplazamiento del fiscal penal Juan Pedro Zoni y los ataques contra la fiscal que interviene en el caso del concurso, en el expediente comercial Gabriela Boquin.
También se hace referencia al ataque hacia el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal con posibles conexiones con funcionarios públicos, jueces, fiscales y periodistas.
Para la ONU es preocupante el ataque que sufrió el juez Alejo Ramos Padilla que investiga una supuesta red de espionaje ilegal que involucraría a funcionarios públicos.
Además se citan los ataques a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, la “designación ilegal del juez Carlos Mahiques” en la Cámara de Casación Federal, “la designación ilegal del juez Leopoldo Bruglia” en la Cámara Federal y “ataques a jueces y abogados del fuero laboral”.
La denuncia también recuerda la designación que se había hecho por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
También hace referencia a que el Consejo de la Magistratura habría manipulado la competencia en materia electoral en el Poder Judicial. Un ejemplo sería la subrogación, presuntamente ilegal, del magistrado Juan Manuel Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
También puso en la mira la designación irregular de jueces y los ataques a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
En la presentación se alude además a que en diciembre de 2016, el Dr. Julio Marcelo Conte Grand fue nombrado Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, función de máxima autoridad del Ministerio Público de la Provincia, incluyendo la jefatura de quienes deben investigar las denuncias contra los funcionarios del actual gobierno provincial y sus opositores.
Según la información recibida, el Procurador sería una persona cercana a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Macri. De hecho, la Gobernadora nombró a Conte Grand en diversos puestos en el pasado. En 2012, lo designó Procurador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Presidente Macri; en 2015 lo nombró Secretario de Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, al día siguiente de su asunción en el cargo de Gobernadora; y en diciembre de 2016, lo designó como Procurador de la provincia de Buenos Aires.
Otro de los puntos se refiere a las Tarifas de Servicios Públicos. Según la información recibida –indica el informe-, los magistrados que cuestionaron la constitucionalidad del aumento de las tarifas de servicios públicos esenciales dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en 2016 “fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento”.
La ONU recordó que los jueces que cuestionaron la constitucionalidad de los tarifazos “fueron víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento”
“Teniendo en cuenta la información y alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre las mismas. Los supuestos hechos incluirían presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones”, advierte el informe.
El relator dio 60 días para que le suministren respuestas sobre medidas adoptadas relacionadas con los puntos señalados.
“A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, advirtió el relator.
(De Minuto Uno)
