El grupo elegido incluye a especialistas en derecho de distintas áreas y procedencias: figuran el penalista Alberto Beraldi, abogado de CFK, y la jueza Inés Weinberg de Roca, a quien Macri había postulado para la Procuración. También están Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Alberto Fernández ya definió los nombres de los integrantes del consejo asesor de expertos a quienes encomendará el diseño de propuestas para reformar (y tal vez ampliar) la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y para implementar el sistema acusatorio para el sistema penal y el juicio por jurados a nivel nacional. El Presidente se comunicó con los elegidos, que son 11, y los convocó para hacer una presentación oficial este miércoles a las 16 horas. Todo indica que los presentará junto con el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso, que apunta a una reestructuración profunda y extendida de la justicia federal. La comisión tendrá un plazo de 90 días para presentar propuestas y el objetivo es que se puedan transformar en proyectos de ley.
El grupo de juristas es variado y equilibrado, en género, especialidades y representación provincial. Así como formará parte el penalista y profesor Alberto Beraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, también fue convocada la jueza del Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, que fue la candidata que el ex presidente Mauricio Macri había postulado (aunque su pliego no fue votado) para estar al frente de la Procuración General, tras la salida de Alejandra Gils Carbó. También estará, desde España, donde vive, el profesor de derecho penal Enrique Bacigalupo. Fueron convocados los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el penalista, ex ministro y ex camarista del Juicio a las Juntas León Arslanian, la jurista Marisa Herrera, que se especializa en derecho de familia y participó –por ejemplo— de la reforma del Código Civil, y tres juezas: Hilda Kogan, de la Corte bonaerense, Claudia Sbdar, de la Corte tucumana y María del Carmen Battaini, del superior tribunal de Tierra del Fuego y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JuFeJus). Habrá también un miembro de la Corte mendocina, Omar Palermo.
El Presidente ya conversó con algunos de los juristas los ejes sobre los que se le pedirá a la comisión que se expida. Funcionará con un reglamento y podrá hacer dictámenes de mayoría y de minoría. El trabajo de los asesores será ad honorem. Arslanian se perfila como alguien que tendrá un peso importante en el equipo. Días atrás almorzó con Fernández en la quinta de Olivos, donde también comenzaron a analizar esta agenda de trabajo sobre los grandes temas judiciales con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Aun no está confirmado si el acto del miércoles se hará en Olivos o en la Casa Rosada, pero ese es el día señalado.
El paquete de la reforma judicial (de los tribunales federales, dónde habrá fusión de fueros y multiplicación de juzgados, entre otras cosas), sumado al trabajo que se encomendará a la comisión de juristas, pone a la vista un plan ambicioso en materia judicial por parte del Gobierno. La propuesta que se enviará pronto, y que entraría por el Senado, es la que apunta a toda una restructuración de juzgados federales de distintas competencias, aunque todas las miradas están puestas en el fuero penal, que es el más político, donde se unirán los juzgados de Comodoro Py (12), diluyendo su histórico podería, con los de penal económico (que son 11) y a la vez desdoblarán, lo que generará 46 juzgados. También se fusionarán las cámaras. El trabajo del grupo de expertos tendrá sus primeras conclusiones en tres meses y analizarán temas sujetos a históricas controversias:
* La integración y el funcionamiento de la Corte Suprema. Hoy el alto tribunal tiene cinco miembros, un número controvertido por la concentración de poder que implica, más aún teniendo en cuenta que para poder tomar decisiones tres votos supremos son mayoría suficiente. Un sector de la comunidad jurídica alienta la ampliación de la Corte y su división en salas, cada una con una especialidad (por ejemplo penal, derecho público, derecho privado). Es una propuesta con posibilidades de crecer. También analizarán los asesores el funcionamiento y los alcances del recurso extraordinario ante la Corte, los criterios de admisibilidad y los tiempos de resolución.
* El funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura, organismo que elige y sanciona a los jueces. Hoy tiene 13 miembros, de acuerdo a la última reforma, del año 2006, que todavía tiene un fallo pendiente en la Corte. Se le suele recriminar falta de eficacia y estar signado por manejos políticos. Esto último parece esperable teniendo en cuenta que parte sus representantes/integrantes son diputados y senadores, además de abogados, jueces y un académico. El Consejo tendrá un papel clave ante la futura multiplicación de cargos de jueces y juezas que traería la reforma judicial. También será el tema que promete suscitar más discusiones entre los juristas.
* Sistema acusatorio: el nuevo sistema procesal ya está aprobado por ley pero no se ha implementado; es el que da protagonismo a los fiscales en los procesos penales y que otorga a los jueces papeles de garantes, por lo que dejarían de revisar lo que ellos mismos hacen. El proceso va camino a ser casi completamente oral y tener tiempos más cortos. Todo esto requiere una reestructuración del funcionamiento del ministerio público fiscal, también de la defensa, y de la propia Procuración General. De esto se ocupará también la comisión, mientras debería avanzar, además, la designación de un/a titular de la Procuración, para lo que fue postulado Daniel Rafecas.
* Juicio por jurados. Los jurados integrados por ciudadanos comunes ya funcionan en varias provincias para los delitos más graves, como los homicidios. Suelen estar integrados por 12 personas, que se sortean del padrón electoral con ciertos requisitos, que pueden declarar a un acusado “culpable” o “no culpable”. Es un sistema que está establecido en la Constitución Nacional pero nunca se implementó de manera federal. La idea es que la comisión proponga cómo hacerlo.
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