El proyecto de emergencia solidaria fija una ampliación de la base imponible para entidades financieras y bancarias, un aporte especial para campos de más de 1000 hectáreas (3% de las partidas) y aumento de aportes a la Caja jubilatoria de activos y pasivos de los tres poderes con sueldos de más de $ 75 mil.
Con el foco puesto en paliar la caída de ingresos por la pandemia con el aporte de los sectores con mayor capacidad contributiva, el entrerriano Gustavo Bordet envió a la Legislatura un proyecto de ley que alienta la emergencia pública por un año en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional.
La iniciativa promueve una contribución extraordinaria de entidades bancarias y financieras y de campos de más de mil hectáreas, además de un aporte solidario escalonado de activos y jubilados de la administración pública y de los otros poderes a la Caja de Jubilaciones, en el caso de los haberes superiores a 75 mil pesos.
El ministro de Economía local, Hugo Ballay, aseguró a Ambito que con esta ley la provincia busca contar con recursos extra por $ 2.228 millones anuales. “Todas las medidas son por la duración de la ley: al 30 de junio, prorrogable por 6 meses”, dijo.
La avanzada de Bordet se emparenta con los pasos dados en las últimas semanas por otros gobernadores de fuerzas peronistas. En ese lote se inscriben las ya sancionadas suba de Ingresos Brutos a bancos del pampeano Sergio Ziliotto y la reforma jubilatoria –con podas y armonizaciones- del cordobés Juan Schiaretti, además del impulso en Buenos Aires de un proyecto en línea con el de Ziliotto que tiene el guiño de Axel Kicillof.
En el caso entrerriano, Bordet remarcó que la pandemia generó “un desfinanciamiento y la necesidad de encontrar recursos para cumplir con las obligaciones corrientes y seguir sosteniendo las demandas que tenemos del sistema sanitario, que son muchas”. “Por eso es que hemos elevado un proyecto de ley de Emergencia Solidaria a la Legislatura, donde buscamos una forma de redistribuir ingresos”, dijo, y apuntó a que “quienes más han tenido la posibilidad de incrementar sus recursos en este tiempo puedan aportar para hacer sostenible y sustentable en los meses que viene el funcionamiento de toda la estructura de Salud, de gastos de funcionamiento del Estado y de la Caja de Jubilaciones”.
La mirada está puesta -remarcan- en blindar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y apuntalar al sistema sanitario en medio del combate contra el coronavirus. Los recursos extra serán coparticipados.
Se trata de una iniciativa con varias aristas, y con alcance sobre los tres poderes del Estado:
* define una contribución especial sobre entidades financieras y bancarias, de la mano de la ampliación de la base imponible para el pago del impuesto a los Ingresos Brutos. “El sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la pandemia no se resintió”, argumentó Bordet.
* fija un aporte extraordinario sobre propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas, que alcanza sólo al 3% de las partidas del Impuesto Inmobiliario en toda la provincia. “Generalmente ese 3% son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires; no estamos hablando de chacareros sino del gran latifundio”, remarcó.
* equipara el impuesto a los Ingresos Brutos de la venta mayorista de medicamentos con el resto de la Región Centro. “A las droguerías Entre Ríos las tenía gravadas con el 1,6%, y lo que se hizo fue fijar el 4% como Córdoba y Santa Fe”, afirmó el gobernador.
* dispone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para haberes superiores a los 75 mil pesos, para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Alcanza sólo al 15% de los empleados y jubilados de la administración pública y otros poderes (no a los privados), que deberá hacer un aporte extra de entre 2% y 6% (activos, que hoy aportan el 16%) y de entre el 4% y el 10% (pasivos). “También lo pagamos los funcionarios políticos, los legisladores y los jueces”, enfatizó Bordet.
* estipula que ningún organismo podrá incrementar sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el Gobierno defina con los gremios. “Si se decide en paritaria que el aumento sea del 10%, será para un maestro, para una enfermera y para un juez”, señaló el mandatario.
En las últimas horas, mostraron su malestar la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos. “Impacta sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial”,dijeron.
Ambito
