Un informe de la Legislatura reveló que casi dos personas mueren por mes en la ciudad en hechos vinculados a la brutalidad policial. Los casos de represión social.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282 oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar, fue responsable de la muerte de 43 personas, en hechos clásicos de violencia institucional, a lo largo de 26 meses, sumando casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El informe legislativo denunció también una larga serie de hechos de represión y persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos y estudiantes de la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).
El informe anual, presentado por segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso el eje en “la criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles, el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras informales (vendedores ambulantes, entre otros), y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA”. Otro de los aspectos analizados fue “el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones”.
El informe completo, al que tuvo acceso Página/12, fue presentado en diciembre por la titular de la Comisión Especial, Myriam Bregman (PTS-FIT), junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry.
Sobre los casos de gatillo fácil, se precisó que las 43 muertes provocadas por la Policía de la Ciudad en 26 meses representan casi “dos personas fallecidas cada 30 días”. A nivel nacional, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri hubo “un muerto por responsabilidad de las fuerzas represivas cada 21 horas”, de acuerdo con el citado registro de Correpi. Las cifras, tanto a nivel de la Ciudad como de la Nación, marcaron “un imponente salto represivo” sobre las cifras registradas desde el retorno de la democracia en el año 1983, dado que “se batieron todos los records” en materia de violencia institucional. Datos parciales indican que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta los primeros meses de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, las fuerzas de seguridad todo el país produjeron 1303 muertes en 1159 días, a razón de un caso cada 21 horas.
El caso emblemático de la violencia policial en la Ciudad fue el protagonizado por el policía porteño Esteban Ramírez, de 42 años, quien mató de una patada en el pecho a Jorge Martín Gómez, de 41, porque la víctima “obstruía el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San Cristóbal. El policía, que sigue bajo proceso, fue excarcelado. El abogado de la familia, Ignacio Trimarco, además de apelar la excarcelación, pidió que se investigue a Ramírez por el crimen y por haber “entorpecido el proceso judicial y adulterado pruebas”.
Por esa razón, en una causa paralela se investiga si hubo encubrimiento policial en el caso, por parte de agentes y oficiales de la fuerza. Alejandrina Barry le dijo a este diario que el gobierno de Rodríguez Larreta “nunca respondió al pedido de informe que presentamos desde la Legislatura”, a través de la Comisión Especial, integrada por diputados de diferentes bancadas.
Uno de los primeros casos de violencia institucional en 2019 se produjo el 15 de febrero, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos de venta.
Cinco días después ocurrió otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.
Otros casos similares fueron citados en el informe:
* Represión con gases y golpes contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.
* El lunes 11 de marzo, la represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.
* El 22 de marzo, decenas de policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una denuncia anónima”, sin otra explicación.
* El sábado 23 con similares excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del PTS -FIT.
* En varias oportunidades fueron reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen, Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.
* En una conferencia de prensa conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y persecución a docentes por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total de 24 docentes relataron la persecución recibida.
* La Defensoría General de la Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho, las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y siguieron durante 2019.
* El periodista Martín Rodríguez fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió muchas veces a lo largo del período analizado.
La Comisión Especial denunció la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.
Como parte del accionar represivo y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106 familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos, con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.
La Comisión se reunió con personalidades locales, de Chile y de Bolivia, para denunciar el golpe de Estado y los asesinatos y desapariciones ocurridos en el país del Altiplano. Del mismo modo se repudiaron los hechos de violencia cometidos en contra de los pueblos de Chile y Ecuador, en el marco de una política global impulsada por Estados Unidos en la región. Se consideró que el panorama general es coincidente con los casos de violencia institucional cometidos por los agentes de la Policía en la Ciudad de Buenos Aires.
(De Página/12)
