Federico Sturzenegger reglamentó las SAD en su primera decisión como ministro. El Gobierno avanza hacia la dolarización mientras tensiona con el Fondo y gana tiempo en la economía doméstica. La geopolítica de Javier Milei. Quién es quién en la nueva SIDE.
Hace minutos, el Gobierno reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el Boletín Oficial. “Que, atento a lo dispuesto en los artículos 346 y 347 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que modificó el texto de los artículos 30 y 77 de la Ley Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias, debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas; así como simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la República Argentina”, dice el escrito.
Esta medida, un viejo anhelo de Mauricio Macri, es la primera de Federico Sturzenegger como ministro, pero encuentra rápidamente un obstáculo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya anticipó que para jugar el torneo pedirá a los clubes no ser SAD. El Gobierno advierte con crear una liga paralela, pero eso tiene prima facie varias limitaciones. Para que tenga un curso virtuoso, los equipos de esa presunta liga deberían clasificar, también, a la Copa Libertadores. Para que eso ocurra, CONMEBOL y FIFA deberían terciar a favor del Gobierno: ¿entrarían en guerra con el campeón del Mundo por Milei y Macri? ¿Reconocerían, ambas instituciones, a más de una liga o federación en un mismo país? Parece un poco forzado. “Lo quiso hacer [Carlos] Menem con [Julio] Grondona, lo quisimos hacer nosotros con [Marcelo] Tinelli, no funciona, ya está todo inventado”, dice un peronista ante la consulta de #OffTheRecord.
Antes de esto, otro economista, el ministro Luis Caputo, recurrió a la red social antes conocida como Twitter para jactarse de la baja del tipo de cambio financiero. El sábado había usado la misma vía para anunciar un nuevo esquema para el pago en moneda local por exportaciones: el Banco Central ya no imprimiría pesos para pagar esos dólares obligados a liquidar por el cepo cambiario sino que los obtendría en el mercado, vendiendo al valor del Contado Con Liquidación (CCL) aquellos dólares que comprara a valor oficial. El bosquejo, dijo, estaba destinado a “cerrar todas las canillas de la emisión” y garantizar el rumbo desinflacionario.
Habrá que reconocer al Caputo del lunes por la tarde una sinceridad que no aparecía en el del sábado. Desde la última baja de tasas de interés, la receta monetaria que aplicó el Gobierno para garantizar la disminución de los altísimos niveles de inflación con los que arrancó en diciembre estaba en crisis. La combinación de ajuste del 2% mensual y un superávit fiscal que achicaba la necesidad de emitir dinero para pagar deudas se veía amenazada por una brecha cambiaria que superaba el 50%. La liquidación de los exportadores corrió este último mes por debajo de lo esperable y el Banco Central dejó de acumular reservas. Frente a esa coyuntura, el Caputo del sábado prometió un objetivo de emisión monetaria ambicioso para generar confianza, aunque se trataba en realidad de un esquema precariamente disfrazado de intervención en los mercados paralelos, destinado a bajar la brecha con el dólar oficial que, de acuerdo a las consultoras que miden en tiempo real, comenzó a impactar en un repunte de la inflación en lo que va de julio. El Caputo del lunes a la noche festejó el éxito de la misma regulación que disfrazó el sábado.
La intervención en los paralelos remite a los movimientos en los peores momentos de la sequía durante la gestión de Sergio Massa, aunque muestra dos diferencias relevantes. La primera es el éxito en conseguir el efecto de una fuerte baja en las cotizaciones –sin paralelo en la gestión del peronismo– y la segunda, el establecimiento de una regla previsible y clara de intervención. Cada vez que el Banco Central sea comprador neto en el mercado oficial de divisas, venderá los dólares equivalentes en el de dólar financiero para neutralizar los pesos emitidos. Cuando sea vendedor, no habrá intervención en el paralelo.
El anuncio opera como una amenaza para los exportadores que especulaban con una devaluación para beneficiarse del llamado dólar blend, que les permite vender allí el 20% de las exportaciones. El Gobierno puso a disposición 1.700 millones en un mercado que normalmente mueve 1.000 millones al mes, algo que permitiría acercar el valor del paralelo al oficial más el impuesto PAIS, el valor favorito del Gobierno. El primer día, los mercados lo tomaron en serio.
La contracara fue la suba del riesgo país, es decir, del riesgo percibido de que Argentina vuelva a caer en default. Tiene sentido. El método anunciado condiciona fuertemente la capacidad de acumulación de reservas internacionales y tiende incluso a su reducción en función del objetivo cambiario. Cada vez que el Gobierno compre divisas, deberá venderlas a un valor de pesos equivalente. Según la cotización del último viernes, son sólo 33 dólares de acumulación de reservas por cada 100 que el Banco Central adquiera. Un precio que se reduciría aún más en caso de que la brecha baje como hasta ahora. La consultora PxQ estima que, de haberse aplicado este método desde comienzos de año, la recuperación de reservas hubiera sido de apenas 3.000 millones de dólares anuales. Todas las métricas lucen incompatibles con la obtención de los dólares para pagar los vencimientos de los bonos. En lo que parecería una constante en la historia reciente, la administración argentina muestra cierta disposición a sacrificar la sostenibilidad de su esquema en el altar de los resultados –cambiarios e inflacionarios– de corto plazo.
La medida podría además reeditar el conflicto que, durante su paso por el gobierno de Macri, sostuvo Caputo con el FMI. La prioridad del ministro, vinculada al sostenimiento del tipo de cambio frente a las presiones devaluatorias, choca con las preferencias del organismo. Si en el último informe del staff los técnicos le cuestionaron la permanencia del dólar blend como un instrumento que impide la acumulación de reservas en el equivalente al 20% del total de ventas, el esquema anunciado por Caputo, que prácticamente la vuelve imposible, luce, a priori, intragable. Habrá que ver la evolución. El aumento de la brecha de las últimas semanas se vincula también con la certeza de que el Gobierno no podrá salir del cepo en el futuro cercano, entre otras cosas por un fuerte enfriamiento de las perspectivas de fondos frescos por parte del FMI en el marco de la negociación de un nuevo programa.
El exdirector del organismo para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner, a cargo del programa de Argentina durante el anterior paso de Toto por la gestión pública –y a quien en su libro trata de “charlatán”–, escribió en un artículo de opinión publicado la última semana en el Financial Times un listado de condiciones para un nuevo préstamo que, sostienen quienes conocen a los actores involucrados, podrían ser las de un sector del organismo. Werner reconoce al Gobierno la eliminación del déficit fiscal y los ajustes, pero señala que “el talón de Aquiles” de la estrategia oficial es el atraso cambiario causado por la depreciación del 2% mensual, muy inferior a la tasa de inflación. El exfuncionario aboga, explícitamente, por una devaluación del oficial y reconoce, veladamente, una posible suba del índice de inflación que aparece como un costo a pagar manejable en el contexto de ajuste. Casi una reedición de su pelea original con Caputo, que todavía cree que le asistía la razón en aquel pleito en que salió derrotado y la devaluación se llevó puestas las perspectivas de reelección del gobierno de Macri. Cerca de Javier Milei observan atentos las encuestas que muestran, por primera vez, las preocupaciones vinculadas a la recesión, como perder el empleo, por encima de las vinculadas a la inflación. Un salto devaluatorio afectaría fuertemente a ambas.
Las dudas sobre la sostenibilidad del esquema gubernamental se complementan con una posibilidad inquietante. Si algo hay de cierto en las intenciones del croquis anunciado por Caputo el sábado es que su resultado es una destrucción neta de la cantidad de pesos en el sistema, descontada la inflación. Milei dio a entender que la medida podía conducir a una versión de hecho de la dolarización. Suramericana Visión, la consultora del exministro Martín Guzmán, interpreta las medidas en ese sentido. Para el Fondo se trata de una línea roja, algo que Werner también deja claro en su artículo. ¿Lo será también para Donald Trump? Hay que tender a pensar que no.
El mensaje del Milei tras el fallido atentado contra la vida del expresidente norteamericano parece afirmar que opera con la hipótesis de que el republicano es el virtual ganador y que la elección está, poco más o poco menos, definida. La diatriba contra la izquierda y las dudas sugeridas respecto del carácter democrático de la próxima elección estadounidense reafirman un alineamiento político absoluto, que podría dejar al presidente muy mal parado si el Partido Demócrata fuera a imponerse en noviembre –una perspectiva, hoy, ciertamente lejana. La insistencia en la candidatura de un Joseph Biden, al que sus propios votantes consideran demasiado viejo para liderar al país, es también una admisión de impotencia. Acaso como la visita de Alberto Fernández a Lula da Silva a la cárcel con Jair Bolsonaro todavía a cargo, el apoyo de Milei a Trump podría considerarse una irresponsabilidad política, pero revelarse como una apuesta rentable a medio plazo. Si Trump ganara, Argentina podría ser su aliada más cercana en la región, donde los presidentes de los países históricamente próximos a EE.UU. son Gustavo Petro, Gabriel Boric y el propio Lula. El Gobierno argentino descuenta que, una vez asumido, Trump presionaría para la llegada de dinero fresco a nuestro país. El republicano mostró interés en reafirmar la importancia del dólar para el sistema internacional, prometiendo sanciones comerciales para quienes opten por esquemas de pago alternativos.
En cuanto al actual Gobierno estadounidense, Milei puede esperar beneficiarse de un proceso que lo excede, mientras se ampara en una apuesta estructural a la relación bilateral. El Fondo Monetario podría rever, en octubre de este mismo año, la política de sobrecargos que afecta severamente lo que debe pagar Argentina y cuyo exámen impulsó el Gobierno anterior y, muy especialmente, Martín Guzmán en su etapa de ministro. En privado, funcionarios del Tesoro aceptan que su país va a apoyar la revisión y la propia secretaria, Janet Yellen, reconoció la disposición a hacerlo ante la consulta de la diputada Rashida Tlaib en el Comité de Servicios Financieros del Congreso. La definición, que está impulsando muy fuertemente el CEPR, un think tank vinculado al ala izquierda del Partido Demócrata, resulta relevante por el peso de EE.UU. en el seno del organismo, y excede con mucho la relación con Argentina. La reducción de sobrecargos fue planteada también por Lula en el G20 y toca de cerca la agenda de todo el Sur Global ya que, la suba de las tasas de interés de la Reserva Federal elevó el costo del endeudamiento para todos los países. La deuda externa, durante mucho tiempo un problema de nicho de algunos países “irresponsables”, está convirtiéndose en un problema mucho más extendido, en el mismo momento en que EE.UU. observa cómo su posición frente a las naciones emergentes y en desarrollo aparece vulnerable frente a la presencia de potencias como China y Rusia. Un contexto en que las simpatías republicanas de Milei, aún en su desmesura, parecerían consideraciones de segundo plano.
En el escenario local, a última hora de ayer, el Gobierno confirmó lo que había sido un adelanto en exclusiva de #OffTheRecord: la disolución de la AFI y el regreso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como controlante de cuatro agencias a cargo de Sergio Neiffert. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) que “tendrá entre sus funciones la recopilación de información estratégica alrededor del mundo, así como también la cooperación con agencias de inteligencia aliadas para la prevención y la disuasión de amenazas a nuestro país” estará comandado por Alejandro Walter Colombo. Colombo es un hombre históricamente vinculado al mundo de la inteligencia que ingresó a la Secretaría en la época de Hugo Anzorreguy, fue delegado en Italia y estuvo en el área exterior durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) “se encargará de advertir de forma temprana y generar información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como también de vigilar amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas” y su mandamás será Alejandro Pablo Cecati. Comisario general retirado, Cecati fue, además, jefe de custodia de Daniel Scioli, Carlos Corach y el propio Macri, entre otros.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) “evaluará, planificará y desarrollará soluciones para la detección y contención de ciberataques contra la infraestructura informática crítica en el país, así como también de la capacitación del capital humano del Estado para la prevención de amenazas y fallos de seguridad”. Su director será Ariel Waissbein, un especialista en criptografía que proviene del sector privado y su último emprendimiento estaba vinculado a las criptomonedas.
La División de Asuntos Internos (DAI) “supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la SIDE y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades”. Es decir, será la unidad encargada de “juzgar” internamente a los espías por alguna ilegalidad. Un empleo insalubre. El encargado será un juez que está en proceso de pedido de licencia y tiene una relación de amistad con el propio Neiffert. Otro nombramiento resonante será el de Juan Bautista “Tata” Yofre en la Escuela de Inteligencia.
El comunicado revela, también, que “la SIDE, como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tendrá a su cargo la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa respectivamente”. En el Gobierno sostienen que esto significa que los costos operativos continuarán en la órbita de las carteras mencionadas, pero que el financiamiento de las operaciones específicas estarán a cargo de Neiffert y el objetivo de tal concentración es el de mejorar la eficiencia, porque esos fondos se asignarán en función del progreso de las misiones. En la práctica, Neiffert administrará todo el manejo de los recursos vinculados a esas áreas.
Cada vez que se menciona a Neiffert estamos hablando de Santiago Caputo.
